La plata sin nombre: FA, PN y PC incumplieron la ley y recibieron donaciones anónimas y aportes de concesionarias de obras mayores a las permitidas
¿Cuánto cuesta una campaña electoral? No se sabe. ¿Qué porcentaje del dinero que reciben los partidos políticos es adjudicable a un nombre —físico o jurídico— concreto? Tampoco se sabe....
¿Cuánto cuesta una campaña electoral? No se sabe. ¿Qué porcentaje del dinero que reciben los partidos políticos es adjudicable a un nombre —físico o jurídico— concreto? Tampoco se sabe. ¿Cómo se financia la política uruguaya? Pese a los cambios normativos, las respuestas a estas y otras preguntas son aún un misterio.
Después de haber estudiado el financiamiento de las anteriores elecciones en Uruguay, el politólogo Rafael Piñeiro llegó a una conclusión: “Los partidos declaran lo que quieren y como quieren”. Las rendiciones de campaña de las últimas elecciones nacionales que los presidenciables y los candidatos al Parlamento rindieron ante la Corte Electoral, y que están públicas en la web oficial, le dan la razón.
Entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado —las tres colectividades que más invirtieron y gastaron en campaña—, hubo al menos 62 donaciones anónimas que, tal cual están publicadas por la Corte, infringen la ley.
Porque la normativa sólo permite donaciones anónimas por un máximo de 4.000 unidades indexadas (casi $ 24.500 a valores de la fecha de la elección) cada una. Y como muchos de los eventos de recaudación superan este monto —y no se detalla cuáles fueron los aportantes— se declaran cenas que superan los $ 4.000.000, o donaciones de nafta y combustible por más de $ 200.000 a nombre de nadie, o en las donaciones nominativas no se describe ninguna persona física o jurídica.
La rendición de la candidata a diputada en Treinta y Tres, Mónica Pereira, es un ejemplo extremo: figuran cinco “donaciones nominativas” en cuya descripción no aparece nombre alguno. La más pequeña de esas donaciones es de $ 30.000, la más grande es de $ 360.000, y todas juntas superan los $ 939.600 a nombre de don nadie.
En ese sentido, uno de los modus operandi de los partidos políticos (por no decir “estrategia” dado que se desconoce si es adrede o no) es hacer pasar por donaciones nominativas, rifas y hasta “venta de tortas fritas” dinero anónimo no declarado como tal.
El Partido Colorado declaró que el 1,57% del financiamiento privado que recibió para la campaña de octubre 2024 provino de “donaciones anónimas”. Pero la lectura de las rendiciones —al menos en cómo están publicadas que es lo relevante a efectos del control ciudadano— permite concluir que ese porcentaje asciende al 29,35% del dinero privado.
Para decirlo en dinero: entre la rendición del presidenciable colorado, sus candidatos al Senado y Diputados, suman más de $ 20.000.000 de ingresos privados en los que es imposible identificar al donante.
El Frente Amplio y el Partido Nacional también tienen una subdeclaración de las donaciones anónimas, pero no tan marcada.
EmbedLos partidos pueden justificar que las donaciones anónimas no son tal. El candidato del sector 40 del Partido Nacional por Río Negro, Pablo Delgrosso, bien puede decir que en dos ítems (que no superan el límite legal) aclaró que se trataba de “venta de buseca”. Pero no se sabe quién la compró.
Incluso si se tomaran como válidas (y dentro de la normativa) las donaciones que no se pueden identificar, existe otro “gris”: la trasposición de fondos de agrupaciones a candidatos. ¿Cómo se sabe si ese dinero del sector X provino de lo recaudado por votos (financiamiento público), del aporte mensual de sus integrantes, de un rifa o de una “mano negra” que usó al partido para el mal? Respuesta sencilla: no se sabe.
Desde que existe la ley de financiamiento de partidos políticos, la Corte Electoral jamás actuó de oficio para sancionar a los partidos (o candidatos) por lo que dicen (o no dicen) sus declaraciones. A lo sumo intervino por el incumplimiento de plazos para la entrega de la documentación.
Este año, por primera vez, el Tribunal de Cuentas está analizando las rendiciones. Su fallo no es vinculante, pero, al menos, oficia de tirón de orejas. Ya pasó en los gastos publicitarios, en que solo dos de los 11 partidos políticos cumplieron y el TCR se los hizo saber.
Concesionarias que donanEl análisis de datos que hizo El Observador —con la colaboración del politólogo y maestrando en Economía Juan Ignacio Pintos— también muestra que las dos fórmulas que llegaron al balotaje aceptaron dinero de empresas concesionarias de obra pública por un monto mayor al permitido.
El artículo 44 de la ley de financiamiento de los partidos señala que "las concesionarias de servicios públicos que mantengan relaciones contractuales con el Estado, formalizadas mediante contratación directa o adjudicación de licitación, podrán realizar donaciones o contribuciones a los partidos políticos, sus sectores internos o listas de candidatos, por un monto que no exceda las 10.000 UI (diez mil unidades indexadas) anuales", un monto que equivale a $61 mil.
A su vez, el inciso C del artículo 45 dice que "no podrán aceptar directa o indirectamente contribuciones, aportes o donaciones de cualquier tipo cuando provengan de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas".
Pese a la restricción, tanto la fórmula frenteamplista como la blanca aceptaron contribuciones de Corporación Navíos, que opera la terminal portuaria de Nueva Palmira mediante una concesión otorgada por el gobierno. La empresa puso $800 mil en cada una de las campañas.
En el caso del Frente Amplio, también recibió aportes de Teyma –constructora de cárceles–, Molinsur –rutas–, Cristophersen –concesionaria de terminales portuarias– y HRU –gestora de hipódromos y salas de casino públicas– por montos mayores a $61.000.
Las sanciones posiblesLa nueva ley fue votada en 2024 por el Parlamento con la campaña electoral en marcha y establece sanciones para quienes la incumplan.
El artículo 46 menciona que quienes contravengan las disposiciones establecidas tendrán una "multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución ilícitamente aceptada o del gasto no registrado". También pueden ser sancionados los donantes con una "multa cuyo monto podrá ser entre dos y diez veces el valor de lo ilícitamente donado".
En el caso de la obra pública, la ley también plantea que las empresas no sean tenidas en cuenta para nuevas adjudicaciones.
La ley establece que es la Corte Electoral la encargada de controlar los incumplimientos y que podrá emitir multas que van desde las 10 mil UI hasta las 300 mil. Podrá actuar de oficio o por denuncia fundada de parte.
En el siguiente buscador puede consultar todas las rendiciones de campaña de la última elección nacional (en caso se no ver bien el interactivo, puede ingresar aquí):
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