Estafa de Grupo Bursátil Uruguay: fiscalía no ha podido ubicar a corredor de bolsa que es indagado

La decisión del Banco Central del Uruguay (BCU) de clausurar definitivamente a Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A se fundó en una serie de maniobras por parte del titular de GBU...

La decisión del Banco Central del Uruguay (BCU) de clausurar definitivamente a Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A se fundó en una serie de maniobras por parte del titular de GBU, el contador Álvaro Correa, -expresidente de la Caja de Profesionales y ex vicepresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo– por el manejo que hizo con parte de la fortuna de una mujer declarada incapaz, que murió.

Correa, de GBU, fue designado en su calidad de asesor de Bolsa, junto a la contadora Lujan Cafasso, para asesorar el proceso de venta de una compañía chilena, de la cual la mujer declarada incapaz, María Luis Gianoli, tenía el 1,44% de las acciones. Según surge de los expedientes judiciales a los que El Observador accedió, esas acciones eran de Gorriti SA, sociedad de la que Gianoli era propietaria.

Tanto Correa como Cafasso son indagados en la causa junto con el abogado José Luis Zabaleta, curador de Gianoli, designado por el Poder Judicial, luego de que un grupo de sobrinos de la mujer entablara una contienda judicial a la anterior curadora, que era Elina Gianoli, hermana de la mujer, también fallecida.

El BCU denunció las irregularidades y la denuncia recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos de 3° Turno en noviembre. Esa fiscalía ya tenía otras tres denuncias, dos presentadas por los herederos de la mujer incapaz y otra por el propio juzgado de familia que al tomar conocimiento de las irregularidades, las derivó para que fueran indagadas penalmente.

Según dijeron fuentes de Fiscalía, el fiscal pidió contactar a los tres indagados para comunicarles su situación procesal y que deben designar abogado defensor para tener acceso a la carpeta de la investigación y poder controlar las pruebas que se van reuniendo.

Las fuentes agregaron que tanto Cafasso como Zabaleta fueron ubicados pero en el caso de Correa se intentó por varios medios y no fue posible contactarlo.

Una herencia de US$ 90 millones en disputa y una estafa

El trasfondo de la investigación es el manejo que hizo Correa de parte del patrimonio de Gianoli, que era manejado primero por su hermana y luego por Zabaleta, un abogado con trayectora como perito del ITF.

Asimismo, anteriormente a la presunta estafa cometida por GBU, existe una disputa por la herencia de María Luisa quie no tuvo descendencia. Once sobrinos que son hermanos, desde 2010 entablaron juicios en los tribunales uruguayos para reclamar la parte de la herecia que les corresponde y denunciaron a Elina Gianoli, quien fue numeraria del Opus Dei y curadora de María Luisa por ocho años por el manejo que hizo de los bienes de su hermana y por las donaciones que hizo a la institución de la Iglesia Católica.

En ese marco fue que en abril de 2018, ante el interés de una empresa estadounidense de comprar la compañia de los Gianoli Banmédica (con 1.500 camas en Chile y Ecuador), de la que María Luisa tenía el 1,44%, intervino GBU.

Luego de eso fue que los herederos descubrieron que de los US$ 33 millones en letras de Tesoro de EEUU que le correspondían a María Luisa por la venta, US$ 11 millones habían venido a Uruguay para la compra de campos para forestación pero los US$ 22 restantes se habían enviado a Suiza.

Citados por el juez para que dieran explicaciones, Correa se amparó en el secreto profesional y Zabaleta dijo que al ser presidente de Gorriti SA, de la que era titular María Luisa Gianoli, no tenía por qué pedir permiso.

Zabaleta declaró que Correa los asesoró y les recomendó "invertir en la tierra" porque "era algo seguro, un capital tangible y además lo ideal sería que fueran tierras donde se pudiera forestar" y "pensaron a futuro" en los herederos de Gianoli.

En un duro fallo el juez de Familia Daniel Erserguer consideró que "no era admisible” que Zabaleta justificara que actuó como curador para no pedir permiso. Agregó que ese argumento “resulta insostenible e inaceptable” ya que si Zabaleta integraba el directorio de la sociedad anónima es porque fue designado curador y su función "era administrar su patrimonio y no disponer del mismo". Además hizo hincapié en que se trata de un monto “exorbitante” y que “la curatelada no tenía ninguna necesidad de que se invirtiera gran parte de su inmensa fortuna en un negocio forestal a largo plazo”.

El juez decidió dar cuenta entonces a la fiscalía penal ya que “resulta inadmisible y reprochable, más aún" siendo que Zabaleta es un abogado que "conoce muy bien las obligaciones y la responsabilidad que impone el cargo de curador”.

Además, rechazó la rendición de cuentas, cesó a Zabaleta como curador y a Cafasso y Correa en sus roles y les prohibió integrar a cualquier titulo las sociedades comerciales relacionadas.

La Suprema Corte de Justicia, que también intervino en la contienda familiar, designó provisoriamente al abogado Daniel Laphitz como administrador del patrimonio y derivó el trámite por la sucesión al juzgado de Familia de 12º Turno.

Ante ese juzgado se presentaron los sucesores en diciembre pasado y reclamaron además de las acciones de María Luisa Gianolli en cuatro sociedades comerciales, dos inmuebles de Maldonado, las "sumas de dinero gigantescas (afriman que son más de US$ 40 millones) que se encuentran desaparecidas".