"Vinculaciones, influencias, contactos": los argumentos para que Penadés y Mauvezín vuelvan a la cárcel

El Tribunal de Apelaciones de 4° Turno revocó la prisión domiciliaria que la semana pasada la jueza Marcela Vargas otorgó a ...

El Tribunal de Apelaciones de 4° Turno revocó la prisión domiciliaria que la semana pasada la jueza Marcela Vargas otorgó a Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín, ambos imputados por explotación sexual.

El tribunal de alzada tomó el caso luego de que las defensas de varias de las víctimas y la fiscal del caso, Alicia Ghione, apelaran la decisión de Vargas en el entendido de que Penadés sigue teniendo poder para lograr obstaculizar la investigación del Ministerio Público.

En la sentencia de Apelaciones, a la que tuvo acceso El Observador, se asegura que el exsenador posee “un poder de hecho” que refiere a “vinculaciones, influencias, contactos, en suma, la posibilidad de acceder a personas”.

“Es tan así que la trama, o por lo menos parte de ella, es el Estado actuando contra el Estado”, indica el documento y señala que esto se dio cuando ya Penadés no estaba en su rol de legislador.

“Ello no fue óbice para acceder a personas con cargos importantes en el INR, el INAU, la Corte Electoral y la DGI con un fin manifiestamente espurio. Lo hizo y podría volver a hacerlo”, advierte la sentencia.

Con respecto a Mauvezín, en el documento se indica que “ha tenido comunicaciones con testigos”.

“El peligro de obstaculización como eventualidad se trata también de Sebastián Mauvezín pues al conocer de primera mano a quiénes captó, y posteriormente derivó, le sería relativamente fácil intentar acceder a las mismas”, sostiene el documento.

Penadés y Mauvezín fueron enviados a sus casas con la colocación de tobilleras, prohibición de comunicación con las víctimas y el cierre de fronteras. Esto, según Apelaciones, no impide que los imputados puedan recibir a otras personas en sus domicilios para “llevar una nueva estrategia de obstaculización”.

La defensa de Penadés, a cargo de Homero Guerrero y Laura Robatto, argumentaron en la audiencia del miércoles pasado que muy poca gente seguía teniendo contacto con el imputado.

En la sentencia, en contraposición, se indica que “no es el problema de la cantidad” sino que se trata de evitar o disminuir “la posibilidad de que acceda a personas dispuestas a continuar con la trama”.

“La casa es un lugar donde desarrollar actividades con un fin entorpecedor de la investigación (...) resulta más simple que en un establecimiento de reclusión”, se argumenta en la sentencia.

Integridad de las víctimas

De acuerdo con el Tribunal de Apelaciones, “el peligro para la seguridad de las víctimas mantiene plena vigencia”. En la sentencia se recuerda que la Fiscalía tuvo que tomar declaración a un testigo reservado, porque de lo contrario la persona dijo que lo iban a amenazar.

“El peligro para las víctimas no se circunscribe a obtener su declaración para luego olvidarlas, se requiere de una protección integral y ello debe ser un compromiso del sistema de Justicia”, añade el documento.

Para el tribunal, Penadés “desplegó todo su abanico de posibilidades para identificar a las víctimas”. En tanto, Mauvezín participó de la estrategia y no le es ajena, de acuerdo con “el resultado de la pericia a su teléfono celular y las comunicaciones que practicó”.

Los motivos de la jueza

En la audiencia en la que Vargas decretó la prisión domiciliaria para los imputados, argumentó que Penadés había perdido poder.

“Usted ya no es senador. Y si bien es verdad que en algún momento la decisión de mantenerlo en prisión tuvo que ver que fuera senador, el poder político influyó de alguna forma pero ahora las circunstancias cambiaron", le dijo Vargas a Penadés.

Además argumentó que "las víctimas están protegidas" porque se las ha mantenido en el anonimato, ya que están identificadas con letras en el expediente, y han declarado con la voz distorsionada.

Sobre el planteo de la fiscal y de la defensa de las víctimas de que si ya intentó entorpecer la investigación puede volver a hacerlo, Vargas afirmó que si el exlegislador tuviera acceso a personas del Estado que utilizan el poder público, podría haberlo usado estando preso. "Si hubiera tenido el poder, se podría haber fugado de la cárcel", dijo.

"El peligro para la sociedad no lo visualizo", finalizó Vargas.