Certificaciones médicas en el Estado: los argumentos del gobierno para suspender nuevo sistema y los tres aspectos que está dispuesto a revisar

El gobierno de Yamandú Orsi aceptó el pedido del PIT-CNT de suspender la aplicación del ...

El gobierno de Yamandú Orsi aceptó el pedido del PIT-CNT de suspender la aplicación del nuevo sistema de licencia por enfermedad mientras negocian modificaciones. Esta decisión supone un cambio de posición del Poder Ejecutivo que hasta ahora se había mantenido firme en mantener vigente el sistema y proponía negociar cambios en el marco del debate presupuestal.

Sin embargo, reuniones y llamadas que involucraron desde el ministro de Trabajo, Juan Castillo, hasta el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el propio presidente, Yamandú Orsi, derivaron en este primer acuerdo que abre una especie de período ventana durante julio y agosto para negociar.

Este acuerdo, en el que el PIT-CNT se compromete a “no innovar” en su reclamo ante la OIT y el gobierno a suspender la aplicación por 60 días, se va a firmar la próxima semana y la idea es ahí definir ya cómo será el cronograma de negociación o al menos el primer encuentro.

El secretario general del sindicato de funcionarios públicos y del PIT-CNT, José Lorenzo López, aseguró a El Observador que como en el último encuentro que habían tenido con el gobierno en Montevideo la respuesta era que no estaban dispuestos a suspender el nuevo sistema, para el sindicato la conciliación planteada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) carecía de sentido.

Esa conciliación entre la central y el gobierno había sido impulsada por la OIT luego de que el PIT-CNT presentara una reclamación por el nuevo sistema de certificaciones médicas impulsado por la administración de Luis Lacalle Pou. La central sindical entiende que no solo se violó la negociación colectiva, porque no se establecieron las instancias para intercambiar sobre este asunto, sino que también implica una rebaja salarial porque a partir del décimo día de licencia por enfermedad el trabajador pasa a cobrar un subsidio por el 75% de su salario cuando antes mantenía todo su sueldo.

Ante esa postura del gobierno, una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) viajó a Ginebra, donde se celebraba una asamblea anual de la OIT, para pedir que el organismo se pronunciara sobre el tema de fondo de la reclamación, algo que había postergado al abrir el período de conciliación. Al mismo tiempo también viajó el ministro de Trabajo, Juan Castillo, que fue electo como representante de Uruguay como uno de los tres vicepresidentes de la OIT.

Como el gobierno pretendía seguir negociando para evitar que el país sea observado por la OIT, la intención de COFE de seguir con el reclamo disparó una serie de reuniones y llamadas, primero en Ginebra y luego en Montevideo, tal como informó La Diaria. Esas negociaciones se cerraron el martes por la mañana cuando el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, recibió en su despacho a López y en comunicación directa con Orsi acordaron suspender la aplicación del nuevo sistema.

Desde el primer encuentro en el marco de la conciliación, el planteo del PIT-CNT fue derogar la ley que estableció el nuevo régimen. Aprobada durante el Presupuesto de 2020 pero recién aplicada a partir de 2024, la ley establece que los funcionarios públicos tienen nueve días de licencia por enfermedad al año en los que cobran el 100% de su salario y a partir del décimo pasan a cobrar un 75%. Los días de licencia por enfermedad son acumulables hasta un máximo de 15 por año.

El objetivo de este cambio fue equiparar el sistema público –que hasta entonces no tenía descuentos por licencia por enfermedad– con el privado que tiene un régimen mucho más duro: los primeros tres días de licencia por enfermedad el trabajador no cobra nada y a partir del cuarto recibe el 70% del salario a través de un subsidio del BPS.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo entiende que no hay que derogar la ley pero sí se le pueden realizar cambios al decreto reglamentario o incluso a la propia normativa. Hay al menos tres aspectos que el Poder Ejecutivo está dispuesto a negociar, según dijeron fuentes al tanto de las conversaciones a El Observador.

Uno de ellos tiene que ver con el ámbito de aplicación. Una de las quejas de los trabajadores es que existe una discriminación porque el sistema se aplica para algunos funcionarios y para otros no.

“Hay algunas empresas públicas que no lo aplican. La educación (ANEP) rechazó aplicarlo por su autonomía, en el Parlamento no se le aplica a nadie”, había dicho López a El Observador en abril.

Además, según la central, en el Poder Judicial aplica para los funcionarios pero no para los jueces y los defensores, en Fiscalía también rige para los funcionarios pero no para los fiscales y lo mismo sucede en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde no aplica para el personal diplomático.

Por eso, el gobierno está dispuesto a revisar este tema. El otro punto refiere al reclamo de pérdida salarial. En el gobierno saben que esto puede ser una debilidad ante la OIT porque en los hechos el nuevo sistema es una reducción del salario. En ese marco, están dispuestos a conversar para hacer modificaciones e intentar acordar una fórmula. Una de las opciones es que el descuento sea escalonado pero no hay nada definido.

Y por último, el Poder Ejecutivo también quiere revisar las excepciones que establece la ley para ver si hay que modificarlas o incluso agregar alguna. Hay enfermedades, como las oncológicas, que quedaron exceptuadas de esta normativa y el trabajador no pierde salario cuando se certifica por esta causa. Sin embargo, el gobierno quiere poner el foco en lo vinculado a la salud mental porque es uno de las principales causas de certificación en algunos ámbitos como el Ministerio del Interior.