Caja de pandora sindical y política

Las tres primeras condenas dictadas en la Justicia son el puntapié inicial de un caso que tiene connotaciones políticas y sindicales, y que inevitablemente afecta al Partido Comunista y al Frente...

Las tres primeras condenas dictadas en la Justicia son el puntapié inicial de un caso que tiene connotaciones políticas y sindicales, y que inevitablemente afecta al Partido Comunista y al Frente Amplio, y por lo tanto ya ocupa al gobierno.

Para la fiscalía estos tres sindicalistas eran “eslabones de una cadena delictiva organizada mucho más amplia que incluye al Sunca y al Partido Comunista”, como se dijo en la audiencia en las que se los condenó este jueves, de ahí que se trata de un caso que genera (y promete) escándalo.

Aunque no es el primer caso que implica corrupción sindical y por el que la Justicia condena a dirigentes corruptos, queda la duda hasta dónde se llegará ahora y esa es la tarea que tendrá la fiscalía para determinarlo. De esto de hablaré en esta newsletter EnClave.

Corrupción sindical, ¿hasta dónde llega?

Básicamente, mediante dos modalidades unos 15 dirigentes del Sunca que integraban el Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) desviaron por lo menos US$ 1,2 millones.

Una de las modalidades se concretaba mediante transferencias de dinero con justificaciones inventadas a 14 sindicalistas. En esa maniobra fue clave Stella Rey, la encargada de liquidar los sueldos del Fosvoc, que les transfería dinero “por conceptos de pago a proveedores o beneficiarios”. En total Rey realizó 193 transferencias por $ 35.627.581 y US$ 17.500.

La otra modalidad para apropiarse del dinero era inventar un “motivo especial” (un cáncer terminal, un trasplante de órgano o un trágico incendio) para pedir una partida sin reembolso de las que otorga Fosvoc en esos casos. Solo en 2024 se realizaron 40 solicitudes truchas sin exigir ninguna documentación que acreditara esa situación y se utilizaron datos falsos o de personas muertas.

A dónde iba el dinero es la gran pregunta.

Hasta el momento la investigación logró corroborar que al menos los tres dirigentes condenados este jueves con penas promedio de 2 años de cárcel efectiva, cumplían un rol de “mulas financieras” del Sunca, ya que no se ha podido probar que se quedaran con el dinero.

Si bien preventivamente se incautaron dos autos que adquirieron, no hay elementos que lo prueben, lo que corrobora la teoría de la fiscalía de que eran solo parte de un gran entramado delictivo para apropiarse del dinero y entregarlo al Sunca y al Partido Comunista.

Por eso también se les tipificó el delito de asistencia al lavado y no lavado directamente (para investigar ese delito el abrió una indagatoria paralela) junto a los delitos de apropiación indebida, estafa y asociación para delinquir.

Fuentes de la investigación señalaron que en el caso de las partidas especiales todas las solicitudes estaban firmadas por los condenados Santiago Bernaola y Bruno Bertolio, cuando ni siquiera saben utilizar Word. Se señaló también que las cartas venían de la sede del Sunca con hoja membretada del sindicato. Además, se entiende que por su nivel de preparación no pudieron ser los ideólogos de maniobras tan complejas.

Si bien la investigación se inició en enero ya han declarado por Delitos Económicos de la Policía y por fiscalía más de 30 personas y los testimonios son unánimes en cuánto a que ese dinero tenía como destino final la estructura sindical y partidaria.

También ha habido unanimidad en varios de los implicados en cuánto a que le entregaban el dinero a Laura Alberti, la encargada de finanzas del Sunca y del Partido Comunista, para el financiamiento de actividades del partido.

Alberti ya declaró como indagada en Fiscalía. Sin embargo, hasta ahora recibió el respaldo de Andrade y del presidente del Sunca, Richard Ferreira. La dirigente sigue desempeñando sus funciones tanto en el Sunca como en el Partido Comunista mientras que la mayoría de los implicados han sido expulsados.

La salpicada llegó también al hoy senador comunista y exsecretario general del Sunca, Oscar Andrade y al actual diputado y exsecretario general Daniel Diverio. Los indagados señalaron que estas maniobras vienen desde mucho antes de 2024, cuando saltaron porque Rey dejaba huellas al realizar las transferencias bancarias. Algunos señalan que esta forma de financiamiento del Sunca arrancó por lo menos en 2012, cuando Andrade era uno de los principales dirigentes.

El senador lo ha negado enfáticamente. “Puedo ir citado diez veces a la Justicia, lo que no va a haber es lo que no puede haber, medio gramo de prueba de tener algo que ver con esta matufia”. “Va a culminar esta investigación archivándose sin encontrar nada ni contra el Sunca ni contra el PCU porque no puede haber pruebas de lo que no pasó”, dijo.

Justificó que no se entiende si estuviera implicado el Sunca que decidiera hacer la denuncia, pero la denuncia no la hizo el Sunca sino que la hizo el Fosvoc, representado por el abogado Oscar López Goldaracena. El Fosvoc también lo integra la Cámara de la Construcción, quien se sumó a la denuncia y habrá que ver si le cupo alguna responsabilidad en la falta de controles.

También la vicepresidenta Carolina Cosse, cuyo sector hizo alianza con el Partido Comunista para las elecciones, salió en defensa de Andrade y destacó que "no hay una sola prueba" que lo vincule a él o al PCU. Cosse pidió no olvidar que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario (“construir una reputación lleva años; destruirla, apenas segundos”, dijo en alusión a las condenas de las redes sociales).

Sin embargo, el fiscal Gilberto Rodríguez dijo que “aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero”, aunque no se sabe en qué porcentaje, “iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca” por lo que posiblemente Andrade y Diverio serán indagados, aunque aclaró que por el momento no está considerando pedir sus desafueros.

Un dato que no es menor es que el Fosvoc, el fondo donde saltaron las maniobras y se presentó esta denuncia, no es el único fondo del sector de la construcción sino que hay cuatro fondos del mismo tipo que manejan millones de pesos y varios de los implicados apuntaron a que las mismas irregularidades se cometen en esos otros fondos.

Concretamente se mencionó el Fondo Social de la Construcción (FSC). Según informó el semanario Búsqueda, los investigadores recibieron una captura de pantalla, de un mensaje de Alberti con otro dirigente donde hablan de depositar US$ 10.000 que presuntamente había entregado una empresa a ese fondo para la compra de mochilas y útiles que se entregan todos los años a los hijos de obreros de la construcción.

Aunque quizá sea muy pronto para plantearlo también le cabe al Ministerio de Educación y Cultura como policía administrativa de las asociaciones civiles, entre ellas los sindicatos, la responsabilidad de poner un ojo sobre el Sunca si las sospechas sobre el uso irregular de fondos se confirman en la justicia.

Otro caso de corrupción sindical

En 2014 el gobierno de José Mujica enfrentó un escándalo sindical sin precedentes cuando cayó quien era entonces el principal dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Alfredo Silva, quien además ocupaba desde 2008 el cargo en el directorio de ASSE en representación de los trabajadores.

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En el caso de Silva y sus secuaces, el modus operandi había sido montar una ingeniería para imponer mediante presiones y amenazas la contratación de una veintena de cooperativas en hospitales dirigidas por sindicalistas. Una de las más mencionadas había sido La Buena Estrella, encargada de la limpieza del hospital Maciel. Las maniobras ejecutadas permitieron defraudar al Estado en millones de pesos ya que se pagaba por horas no trabajadas.

Casualmente el fiscal Gilberto Rodríguez también intervino en ese caso que terminó con el procesamiento de Silva, luego condenado, y destituido de ASSE en 2015. Junto a Silva también fue procesado otro dirigente de la FFSP, Heber Tejeira, quien cobraba coimas por agilizar los pagos en ASSE a otras empresas.

Por este caso la Justicia había decidido avanzar citando a jerarcas de ASSE que compartían directorio con Silva y otros mandos medios encargados de supervisar las contrataciones para saber si estaban involucrados o en conocimiento de las maniobras pero como suele pasar, no se avanzó más. La investigación se cortó en la dirigencia sindical.

En el caso del fondo social de la vivienda de obreros, la fiscalía mencionó con convicción al Sunca y al Partido Comunista y es de esperar que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Si como cree la fiscalía y la policía, los sindicalistas eran solo “mulas financieras”, es decir simple perejiles que se encargaban de recaudar dinero ilícito para el sindicato o el partido porque tenían aspiraciones políticas o sindicales, que se investigue hasta saber quién o quiénes fueron los cerebros de la estafa corrupta.