En casi dos meses desde que fue lanzada la campaña “contra la usura y por una deuda justa”,Cabildo Abierto y otras organizaciones que respaldan la convocatoria a un plebiscito llevan recolectadas unas 70.000 firmas, y más de tres mil, corresponden al departamento de Rocha,  informó Juan Jara, presidente de la Agrupación Cabildo Rocha.  
Para habilitar el plebiscito a realizarse junto con las elecciones de octubre de 2024, se requiere el apoyo del 10% del padrón electoral (unos 270.000 ciudadanos). La campaña se extenderá hasta el 27 de abril de 2024, plazo que la Corte Electoral otorga. En la ciudad de Rocha puedes firmar en el local de Cabildo Rocha, Ramirez casi Zorrilla. Más info al 092 31 86 11. 

El senador y líder cabildante, Guido Manini Ríos, iniciará el mes próximo una recorrida por todo Uruguay en la que tiene previsto, además de defender la gestión de la coalición en el gobierno, impulsar la recolección de firmas, agregaron.
Una encuesta en poder de su partido indica que todavía hay un“desconocimiento”importante en la población sobre la campaña y su objetivo.

El dirigente de Cabildo Abierto y coordinador de la campaña, Enrique Montagno, destacó en charla con Rochaaldia.com que se necesitan 280.000 firmas pero que intentarán recolectar 320.000 "a los efectos realmente de asegurar que se llegue a las que se necesitan reglamentariamente". 

Si bien el artículo 52 de la Constitución prohíbe la usura, una ley votada por todos los partidos políticos en el año 2007 permitió que los bancos elevaran la tasa de interés máxima hasta superar el 100% e incluso llegar al 200%. Se debe tener en cuenta que la inflación actual está muy por debajo del 10%.

Esto en un marco en que un millón de uruguayos están en el Clearing de Informes y 700.000 con categoría 5 (incobrables) en el Banco Central.

La reforma planteada por Cabildo Abierto propone básicamente fijar un tope a los intereses y permite cancelar las deudas pagando lo justo y modificar el artículo 52 de la Constitución para que la tasa de interés máximo sea fijada por una nueva ley con mayorías especiales parlamentarias. Hasta que no se apruebe esa nueva ley, la tasa de interés máximo se fijará en 30% en Unidades Indexadas. Esta tasa “tope” aplicará no solo a préstamos, sino también a multas y recargos por atrasos aplicados a tarifas y servicios públicos y privados.