La (in)justa desigualdad

Uruguay experimentó una importante caída en los niveles de desigualdad de ingresos desde mediados de la década pasada hasta mediados de la última década, que se han mantenido relativamente estables desde entonces. Esta caída fue consecuencia de un conjunto de medidas adoptadas que, en su mayoría, implicaron una mayor participación del Estado en diferentes esferas. En particular, la aplicación de políticas de redistribución del ingreso por medio de impuestos y transferencias fue una de las principales políticas implementadas. Si bien estas medidas representan sólo uno de los posibles factores que podrían explicar la caída de la desigualdad, las políticas con fines redistributivos desde los sectores más ricos hacia los más pobres han sido, particularmente, las que mayor debate han generado. En términos generales, las decisiones de los gobiernos en materia de políticas públicas dependen de una vasta cantidad de factores sociales, económicos, políticos y culturales. Sin embargo, en sociedades democráticas con mecanismos electorales establecidos, la viabilidad de estas políticas se encuentra fuertemente condicionada por las preferencias de los individuos.

Diversas explicaciones en relación con por qué los individuos están a favor de que los ingresos de la sociedad sean mejor distribuidos entre las personas han emergido recientemente en la disciplina económica. Una de ellas está dada por el hecho de que los individuos se preocupan por la redistribución motivados meramente por su interés propio e individual. En este sentido, dadas dos posibles políticas redistributivas, los individuos preferirán aquella que en términos netos les reporte una mayor ganancia (o menores costos). Bajo esta idea, es esperable que exista una relación inversa entre la posición que los individuos ocupan en la distribución del ingreso y el grado de apoyo a políticas redistributivas. Esto porque a medida que aumenta el ingreso, aumenta la probabilidad de ser gravado. Por ende, el pago de impuestos sería mayor en relación con lo que han de recibir por la transferencia.

No obstante, analizar la demanda redistributiva desde un enfoque meramente egoísta resulta claramente insuficiente. Las personas también persiguen objetivos altruistas mediante la redistribución, teniendo de fondo consideraciones de justicia social. En definitiva, el apoyo a políticas redistributivas tiene como origen, en parte, el valor que los individuos le asignan a la igualdad. Por ello, es esperable que los niveles de desigualdad imperantes en la sociedad constituyan un factor relevante en la formación de sus preferencias redistributivas.

Creencias diferentes sobre los factores que dan origen a la distribución del ingreso podrían generar posturas distintas hacia la desigualdad como fenómeno. En efecto, si la política pública tiene como objetivo nivelar las condiciones de partida de los individuos de tal forma que no existan ventajas vinculadas a las circunstancias, la creencia de las personas sobre el proceso que genera tal diferencia pasa a ser relevante para la viabilidad de las políticas.

La idea que subyace a esta consideración refiere a que la desigualdad existente puede ser consecuencia de diferentes niveles de esfuerzo realizados por los individuos, o por circunstancias de partida diferentes. Es en este sentido que la creencia respecto del papel que juegan el esfuerzo y la suerte en el proceso generador de ingresos de las personas –y, por ende, en cómo se distribuyen los ingresos de la sociedad– resulta un factor de estudio relevante para comprender por qué los individuos pueden demandar más o menos redistribución. Resulta esperable que se demande menos redistribución si se cree que la desigualdad es mayoritariamente producto del esfuerzo, y por ende “justa”; sucede lo contrario si se cree que la desigualdad es mayoritariamente producto de la suerte, y, por ende, “injusta”.