Polémica en Rocha: ¿Deberá Aníbal Pereyra responder ante la Justicia por indemnización millonaria?
Lo que está pasando.
La reciente sentencia judicial que obliga a la Intendencia de Rocha a pagar más de 7 millones de pesos al exfuncionario Jorge Zócalo Stifano ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los gobernantes en decisiones administrativas.
En declaraciones a la prensa, el exintendente Aníbal Pereyra sostuvo que la destitución de Zócalo Stifano se debió a que "a nuestro entender, no cumplió la tarea que tenía que cumplir y lo cesamos". Sin embargo, el fallo judicial determinó que la remoción fue ilegítima y ordenó la millonaria indemnización.
¿Pereyra podría ser citado a la Justicia?
El candidato a intendente por el Partido Nacional, Alejo Umpiérrez, y otros actores políticos han planteado que, según el artículo 25 de la Constitución, se podría citar al exintendente en garantía por su responsabilidad personal en el despido. No obstante, consultas realizadas por Rochaaldia.com a juristas señalan que esta vía no sería válida en este caso.
Los especialistas en derecho indican que la Intendencia podría iniciar un proceso de repetición si se considera que Pereyra actuó con dolo o culpa grave. "La citación en garantía no aplica aquí; en cambio, lo que podría suceder es que la Intendencia demande a Pereyra en un nuevo juicio para recuperar el dinero, si se prueba que hubo una acción dolosa o gravemente negligente de su parte", explicó un abogado consultado.
El proceso de repetición es distinto y requeriría una nueva acción judicial, donde se determine si el exintendente debe responder con su patrimonio personal por el perjuicio económico ocasionado a la comuna. "No se trata de una cuestión automática, sino de un proceso donde debe demostrarse que hubo dolo o culpa grave en la decisión tomada", agregó otro jurista.
Detalles del fallo y la indemnización
La Justicia condenó a la Intendencia de Rocha a pagar una suma de 7.338.636,49 pesos uruguayos a Zócalo Stifano. El caso se remonta a 2019, cuando el exfuncionario entabló una demanda contra la comuna por daños y perjuicios, argumentando que su despido fue arbitrario.
El proceso pasó por distintas instancias judiciales. Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno revocó un fallo de primera instancia y condenó a la comuna a pagar 30 UR más intereses legales y lucro cesante. Posteriormente, en la liquidación del monto final, se estableció la cifra superior a los 7 millones de pesos, tomando en cuenta ajustes e intereses.
El fallo genera interrogantes sobre si la comuna buscará recuperar el dinero mediante una acción judicial contra el exintendente o si asumirá la deuda como una carga institucional. Mientras tanto, el tema sigue generando repercusiones en el ámbito político y jurídico del departamento.
