Denuncia de Casás a Olmos por acoso sexual: juez le puso plazo a la fiscal para que se expida en una audiencia discutida

“Catorce meses (de indagatoria penal) para ver si hubo consentimiento para dar un beso... no es razonable”, reiteró en varias oportunidades el abogado Diego Camaño, defensor del exdiputado fr...

“Catorce meses (de indagatoria penal) para ver si hubo consentimiento para dar un beso... no es razonable”, reiteró en varias oportunidades el abogado Diego Camaño, defensor del exdiputado frenteamplista Gustavo Olmos, indagado desde mayo de 2023 tras ser denunciado por acoso sexual por su exsuplente Martina Casás.

En una audiencia que duró dos horas y media, a cuyo audio accedió El Observador, el juez de garantías Matías Porciúncula rechazó el pedido de la defensa de archivar la causa contra Olmos pero hizo lugar a la solicitud de ponerle un plazo a la fiscal Mariana Alfaro para que tome una resolución.

La defensa de Olmos, conformada por los abogados Camaño y Carlos Rodriguez, planteó la necesidad de fijar un plazo "prudente" dado que a su entender "ha vencido largamente el plazo razonable de la investigación de la Fiscalía".

La denuncia de Casás contra Olmos, quien es 33 años mayor que ella, fue planteada como acoso sexual y abuso ocurrido en el despacho del Parlamento que compartían, basado en "besos" y "abrazos de despedida de jornada", así como de "toques en sus glúteos sin el consentimiento de la víctima y la invitación para estar juntos en circunstancias de recorrer el país".

En forma paralela a la causa penal, se tramita una demanda laboral en la que la exdiputada suplente le reclama al sector Marea Frenteamplista, de Mario Bergara, US$ 25 mil por despido indirecto y abusivo. En el juzgado laboral han declarado más de veinte testigos que según argumentó en la audiencia el abogado de Casás, Juan Williman, se había comprometido a entregar copia de esos testimonios a Alfaro para que no tuviera que citarlos en la causa penal.

Agregó que también se realizará una pericia en esa sede y que todo eso será aportado. El caso "está muy lejos de estar parado", dijo el representante de la víctima.

"Hace 427 días... 427 días... que esta investigación está abierta, es decir, más de 14 meses... Pero hace 281 días, es decir, más de 9 meses, más concretamente, desde mayo de 2024, que no ha habido ninguna actividad de la Fiscalía en esta investigación. Es decir, 281 días de inactividad, inactividad de la Fiscalía desde lo último que sucedió, que fue la declaración de mi cliente que está aquí presente en el mes de mayo del 2024. Y lo tercero, hace más de seis meses que hemos perdido la comunicación con la Fiscalía", dijo Camaño al argumentar que le enviaron numerosos mails pidiendole saber del estado de la causa y no les respondió.

El defensor agregó que el hecho de que la indagatoria siga abierta "ha producido daños". "Cuando una persona está investigada genera un daño hacia la persona y más todavía cuando se trata de una persona pública como es este caso", dijo y agregó que en este caso "hubo una campaña mediática para desprestigiar y para colocar a una persona inocente como culpable".

Camaño argumentó que mientras ni ellos ni Olmos salieron a dar declaraciones, la denunciante y su abogado hicieron "un raíd mediático" en que dieron "versiones sobre cosas que no se denunciaron, lo genera una evidente confusión en la opinión pública pero sobre todo, lo que nos interesa marcar, es la condena social de una persona en una investigación".

El juez Porcíncula le dio la razón a la defensa de Olmos y le dio a Alfaro un plazo de 120 días para que se expida. “Yo entiendo que hay que fijar un plazo porque ha pasado demasiado tiempo, estamos a 14 meses desde que la persona se le atribuyó responsabilidad penal por parte de la denuncia en Fiscalía. Y si yo resumo esos 14 meses, más el tiempo que produce un juicio, más el tiempo que produce una apelación… estaríamos en muchos años y creo que ahí sí se estaría infringiendo y esto tengo que valorarlo desde el inicio. El juez de garantías está justamente para que este derecho no sea vulnerado”, evaluó.

El juez cuestionó que el caso no haya tenido actividad en varios meses. Afirmó que si bien ha habido “un impulso dado por defensa de la víctima, en realidad entiendo que es la fiscalía la que debe hacer ese impulso desde el inicio” alegando que en casos en que la víctima no impulse las causas, la Fiscalía debería preocuparse por investigar y no dejar morir las causas.

Alfaro por su parte agumentó que 120 días es un plazo "sumamente acotado" y anunció la apelación del fallo. Afirmó que el juez desconoce los pasos internos que dio la Fiscalía y desconoce la complejidad del asunto donde lo que importa es el consentimiento porque los besos, por más que se diga que son "unos besos", son actos sexuales. "Si se hace un roce cuando una persona pasa por un escritorio, son actos sexuales, y no es menor por más que no se coincida o se señale que los besos fueron consentidos. Son casos complejísimos desde el punto de vista penal para llegar a un estándar de evidencias que sea suficiente como para realizar la formalización", dijo.

Además respondió que la fiscalía "no generó ningún daño". "La fiscalía no realiza declaraciones generalmente respecto de los casos que tiene y tampoco lo hicimos en este caso. El tema es que tomó relevancia pública pero no fue consecuencia de la Fiscalía. Incluso creo que eso se dio antes de que llegara la denuncia a la fiscalía que había tomado relevancia o conocimiento público".

Williman también planteó los recursos de reposición y apelación. Argumentó que ese plazo impuesto puede ser "en desmedro" del propio denunciado porque el estándar para imputar "es bajísimo" y podría jugarle en contra ya que ante el plazo exiguo la fiscalía podría optar por imputarlo. A su vez, ese plazo exiguo puede repercutir en que se deje de investigar -alegó que si pide una pericia puede tardar meses y no llegar a estar antes de los cuatro meses- y en ese caso sería en desmedro de la víctima.

Ante ese argumento Camaño respondió con ironía que estaba "muy agradecido" y le sorprendía "mucho" "la preocupación" del abogado de la víctima por "los derechos del imputado", pero que para preocuparse por el imputado estaban sus defensores y reiteró que esos derechos "han sido vulnerados". "Todo eso que dicen, no lo dijeron en ocho meses, no lo planteó la víctima en ocho meses".

Además afirmó que el chat completo entre la denunciante y el denunciado lo entregaron ellos a la Fiscalía, mientras que la denunciante no lo había querido mostrar. En otro momento aclaró que "esos chats suceden mientras supuestamente la denunciante se sentía con cierto temor pero se iba al interior y se quedaba en hoteles a solas con el señor". "Qué raro que la defensa del imputado le haya dado el chat íntegro a la Fiscalía".

Sobre el planteo de Williman de que las pericias demoran, dijo: "Basta que le pida al perito que la haga con urgencia para que salga" en pocos días. "Hay un momento para hacerlo. Entendemos que ese tiempo pasó y el Estado no puede tener investigaciones abiertas en forma indefinida", insistió Camaño.

El juez rechazó los recursos de la fiscalía y de Williman, por lo que será un tribunal de apelaciones el que resuelva.

1702401286443.webp Gustavo Olmos junto a su abogado Diego CamañoGastón Britos / Foco Uy La presencia de la víctima en la audiencia

El primer debate que se generó en la audiencia, que se realizó a mediados de febrero, fue por la presencia de la víctima, representada por Williman, ya que el juez no la había convocado. Camaño planteó al juez que suponía que la fiscal le había avisado, pero señaló que no es parte del proceso y si bien podía permanecer, entendía que no podía participar.

Williman refutó ese planteo argumentando que es un derecho de la víctima estar presente porque la ley le otorga participación en el proceso. Agregó que el Código del Proceso Penal establece "con absoluta precisión que la víctima es un tercero coadyuvante. Es decir, participa del proceso penal activamente".

El juez estuvo de acuerdo y la defensa aceptó que participaran activamente.

También surgió un cuestionamiento de la fiscal adjunta Claudia González, quien se quejó con el juez porque Camaño se refiriera a la víctima como presunta víctima. La fiscal adjunta dijo que "el Código establece que en el instituto y el estatuto de víctima, no existe la presunta víctima, existe la víctima. Después, si la víctima miente o no, o si hay que hacer otro tipo de descargos, también están abiertas todas las vías legales pero la víctima es víctima, no es supuesta".

"Hay una confusión al respecto y por eso es más que relevante la participación de la víctima porque tiene un montón de cosas que corroborar", sostuvo.

Cuál es el plazo razonable de una investigación

Camaño planteó que según la jurisprudencia hay tres criterios para determinar si un plazo es razonable o no. Explicó que en primer lugar se debe tener en cuenta "la complejidad del caso". En ese sentido opinó que en este caso, la complejidad es "cero".

"Dos personas adultas, un denunciante que dice que en un despacho un día le dieron un par de besos contra su voluntad pero toda la actitud posterior demuestra esta cosa. No hay testigo, no hay nada, había algunas personas ahí en ese momento. Hubo un beso previo que ella negó... Eso es lo que se denuncia como delito sexual y violencia de género. No quiero entrar al fondo del tema, pero complejidad no hay, no hay organización criminal, no hay muchos imputados, no hay nada de un delito que requiera, digamos, la complejidad de investigación", argumentó.

El segundo criterio es que haya actividad a la defensa, y señaló que en el caso ellos han sido "totalmente proactivos". "Desde el primer día estamos pidiendo, tómele declaración, renunció a los fueros", esperó cinco meses para que se le tomara declaración, "contestó todas las preguntas, mandamos mail, más es imposible hacer".

Y por último planteó la actitud de las autoridades sobre lo que dijo que si bien son "conscientes que las fiscalías están sobrecargadas, llega un punto en el cual las personas tienen derechos que deben ser respetados o garantizados o contemplados".

Además planteó que en octubre a Olmos se le detectó un tumor maligno en la garganta. "No digo que sea consecuencias de esto, simplemente lo menciono como un hecho, porque es un hecho de la realidad también que está pasando por esta situación de salud bastante complicada al día de hoy", afirmó.

"Unos besos", besos y acto sexual

El otro tema de debate sobre el que giró la audiencia fue la dificultad que existe para investigar los delitos de índole sexual y si los besos constituyen un acto sexual.

"Voy a revisar en los anales de la jurisprudencia si alguna vez se discutió que un beso es un acto sexual", planteó Camaño.

Williman cuestionó que la defensa de Olmos se refiriera a que los hechos denunciados son "unos besos", planteó que la investigación busca dilucidar justamente si existió consentimiento y eso es lo que a su juicio, torna complejo el caso, porque entran en juego el vínculo laboral y la incidencia de abuso de poder. "No podemos minimizar el carácter de los delitos sexuales en función de que muchas veces el daño, por cuestiones que pueden parecer menores y entre adultos, para la persona que denuncia puede ser muy significativo", dijo.

Alfaro por su parte afirmó que los besos, roces al pasar por detrás del escritorio, algunos abrazos que la incomodaban, "son actos sexuales".

Camaño reiteró en varios momentos de la audiencia que la Fiscalía no puede demorar 14 meses para discutir "si dos besos en un despacho son un delito".