Tregua gremial: Gobierno suspende decreto de certificaciones médicas y abre diálogo con funcionarios públicos

Acuerdan un plazo de 60 días para negociar cambios en la polémica normativa.

En un gesto que descomprime la tensión con los gremios de funcionarios públicos, el Gobierno uruguayo ha resuelto suspender por un plazo de 60 días, a partir del 1° de julio, la aplicación del decreto que regula las certificaciones médicas de los trabajadores estatales. La medida busca abrir un espacio de negociación con las centrales sindicales, que venían reclamando un abordaje integral de la problemática.

Un Paso Hacia la "Igualdad de Condiciones":

Martín Pereira, dirigente sindical del PIT-CNT y presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), explicó a Noticias 5 que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) le planteó al Poder Ejecutivo la necesidad de suspender la aplicación del decreto "para negociar en igualdad de condiciones". Según Pereira, el gobierno "coincidió" con este argumento, dando luz verde a la tregua.

"Logramos un acuerdo de que por 60 días, a partir del 1 de julio, se va a suspender su aplicación", comentó el líder sindical, confirmando el inicio de un período de diálogo que se extenderá hasta el 31 de agosto.

Objetivo Común: Regularizar el Sistema:

A pesar de las diferencias iniciales, tanto el gobierno como los sindicatos parecen compartir un objetivo de fondo. "Todos queremos regularizar el sistema de certificaciones médicas en el Estado", afirmó Pereira. Esta declaración sugiere un camino posible para encontrar puntos de encuentro que permitan optimizar el sistema, evitando abusos y garantizando los derechos de los trabajadores.

Desde el ámbito sindical, la visión es que, si bien debe haber "mayores controles" para evitar malos usos del sistema, es fundamental que el abordaje sea integral. Esto implica trabajar previamente en la salud laboral y la prevención de enfermedades que puedan derivar en certificaciones. La premisa es clara: antes de controlar, es necesario invertir en un ambiente de trabajo saludable que minimice la necesidad de licencias.

La suspensión de este decreto marca un respiro en una discusión que ha generado fricciones en el ámbito público. Los próximos 60 días serán claves para determinar si las partes logran consensuar una normativa que satisfaga las necesidades del Estado de eficientizar sus recursos y las demandas de los trabajadores de ver protegida su salud y sus derechos. La mesa de diálogo está servida.