Boreal: trabajadores podrán cobrar luego de remate de la planta y caso penal se dilata

Luego de que se remató por US$ 1 millón la ...

Luego de que se remató por US$ 1 millón la empresa Boreal –Ignapin S.A.– que había sido presentada como la planta de secado de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica, el síndico afirmó a El Observador que se le podrá pagar a los trabajadores que componían la plantilla cuando la firma entró en concurso.

Actualmente el síndico Carlos López se encuentra realizando un informe sobre el estado de la liquidación en el que presentará un proyecto de distribución de los haberes entre los acreedores. En ese sentido afirmó que podrán cobrar los trabajadores como también podrán hacerlo algunos acreedores comunes, más que nada se trata de proveedores que no tienen hipoteca o prenda.

La deuda total de la empresa actual es unos US$ 5 millones y la planta se logró vender por tan sólo US$ 1 millón por lo que López estimó que dará para cubrir la deuda con los trabajadores, a los que se les debe aproximadaemnte esa cifra, y con algunos de los acreedores.

Si bien en su momento se había informado que la planta llegó a emplear a 400 personas, se trataba en su inmensa mayoría de trabajadores zafrales. Al momento del cierre y de que se inició el concurso la plantilla de trabajadores era de unos 30 y según López, son los que van a poder cobrar. El síndico indicó que cuando él asumió la conducción de la empresa, quedaban seis trabajadores en funciones, despidió a cuatro y mantuvo a dos que siguieron cumpliendo tareas administrativas.

La venta de la planta se concretó en noviembre en bloque luego de varios intentos frustrados y también después de haber vendido las cerca de 20 toneladas de mercadería –cannabis no psicoactivo– que habían quedado en la planta.

Declaración de concurso culpable ¿cuándo se definirá?

El síndico elevó, antes de la venta de la planta, un informe a la jueza en el que se pronunció a favor de que se decrete el concurso culpable de Boreal.

Esa declaración implica que hubo omisiones o acciones que generaron o agravaron la situación de la empresa así como incumplimientos en los deberes fiduciarios y si bien el síndico entiende que se dio esa situación, lo definirá el juez Leonardo Méndez que es el juez del concurso.

Para ello, fijó tres audiencias que se realizarán en el mes de abril, ya que antes de decidir quiere escuchar los testimonios de testigos y distintas personas afectadas por el cierre de la empresa.

Después de esas audiencias, el juez se pronunciará por lo que se espera que antes de fin de año se conocerá el fallo.

En caso de que se establezca que efectivamente hubo un concurso culpable puede haber consecuencia para los administradores y que estén obligados a cubrir el déficit de US$ 4 millones que aún quedará.

Uno de esos administradores era Gonzalo Aguiar pero como murió luego de que su expareja Romina Camejo lo baleara, en un caso que se consideró legítima defensa, la deuda pasará a sus herederos, ya que el empresario tenía dos hijos, uno que vive en Canadá y otro que nació de su relación con Camejo.

De todos modos, Aguiar no era el único administrador, y López en su informe a la jueza incluyó al canadiense John Pollesel quien figuraba como director, quien denunció al uruguayo por estafa. Los socios canadienses aseguran que Aguiar cometió un desfalco de US$ 27 millones.

La denuncia penal y una prueba que está siendo revisada

Fuentes del caso dijeron a El Observador que si bien en la carpeta de la investigación hay diversas pruebas sobre la participación de cómplices que colaboraron con Aguiar en la estafa, esas pruebas están siendo revisadas para asegurarse de que cumplieron con las garantías y fueron tomadas legitimamente.

Hasta donde pudo confirmarse, el principal cómplice del empresario es un abogado, que era la "mano derecha" de sus negocios, que le movía la plata, y también fue la persona que se hizo pasar por el presidente del BROU Salvador Ferrer, en una conversación que mantuvo con los empresarios canadienses para dar muestra de seriedad y de que el negocio en Uruguay iba bien.

Meses atrás los abogados del principal accionista canadiense Bruno Gaiero y Rodolfo Perdomo, se encargaron de realizar una pericia en Argentina a la voz del abogado que constató que se trataba de su voz. Sin embargo, fuentes de Fiscalía dijeron que está trabajando en el caso la Unidad de Litigación de Fiscalía General de la Nación para verificarse que esa prueba se haya tomado legalmente ya que se sustrajo de un teléfono que está en Canadá y es necesario confirmar que se haya respetado la cadena de custodia.

El fiscal Gilberto Rodríguez también indagaba el casamiento trucho que Aguiar llevó adelante con Camejo, sin que ella se enterara según aseguró y para pronunciarse sobre ese tema en el que podría ser responsabilizada la persona que se hizo pasar por el oficial que los casó, falta que declaren algunos testigos más, entre otras pruebas.