El pasado fin de semana se realizó en  la Sala de Conferencias del Parador Municipal de Paso de Los Toros una charla denominada LA REFORMA «URUGUAY SOBERANO», donde fueron tratados temas como la  anulación del contrato ROU-UPM ,la regulación y control ciudadano de futuros contratos de inversión con empresas extranjeras. 

Además se abordaron temas relacionados con UPM2 y el trabajo, UPM2 y el río Negro.

Entre los expositores se encontraba el exintendente de Rocha  el Dr. Irineu Riet Correa, el Diputado Rafael Menéndez, el Ing. Agr. Guillermo Franchi, el Escritor Marcelo Marchese, el Edil Edgardo Gutiérrez Lavie, y el Dr. Hoenir Sarthou. En la oportunidad, se contó con la presencia del Ing. Agr. César Vega, Diputado por el Partido Radical Intransigente.

Finalizado dicho encuentro el abogado Dr. Hoenir Sarthou del Movimiento Ciudadanos -UPMNO- en charla con INFOPRACTICA ,califico el encuentro de "muy interesante "en el que participaron "gente con visiones distintas 2en relación al "fenómeno"UPM2.
Entre otras cosas Sarthou reconoció una vez más su oposición al acuerdo entre Uruguay y UPM2 y aportó los detalles del porque han decidido promover una reforma constitucional que se llama «Uruguay Soberano».

Para Sarthou este contrato afecta "la soberanía del país" desde lo económico hasta lo educativo. 

 Irineu Riet Correa es un político muy peculiar, famoso por sus declaraciones en el borde o afuera del sistema y por sus actitudes transgresoras.En las ultimas horas detalló  a Rochaaldía que se lleva adelante una campaña de recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional que anule el contrato entre Uruguay y UPM firmado en 2017 para la construcción de la segunda planta de la pastera Finlandesa. Esta iniciativa se sometería a consideración de la ciudadanía en las elecciones nacionales de 2024.El movimiento deberá juntar unas 300 mil firmas.

La reforma constitucional propuesta está estructurada a partir de tres puntos, y uno de ellos refiere a la anulación de contrato con la empresa Finlandesa, así como los documentos modicatorios o complementarios armados después, sin derecho a  una indemnización
por lucro cesante.

En otro orden-Riet Correa agrega  que el segundo punto propone reformar el artículo 85 de la Constitución para atribuirle a la Asamblea General la potestad de aprobar cualquier contrato o acto administrativo que obligue al país con empresas extranjeras o con mas privadas nacionales. Este tipo de acuerdos deberán ser ratificados por tres quintos del total de componentes de cada cámara, es decir, el Senado y Diputados.

Las leyes que autoricen esta clase de actos o contratos solo podrán contener la autorización y, cualquiera sea la materia del acto o contrato autorizado, serán impugnables mediante el recurso de referéndum.

Por último, la reforma propone reducir de 25% a 10% el mínimo de ciudadanos inscritos que puedan interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes.
"UPM2 es para este gobierno lo que fue la ley de Empresas Públicas para el gobierno del Partido Nacional del periodo 90/95. Si no lo resuelve, lo va a resolver la gente y le puede pasar lo mismo que a aquel. No podemos cometer los mismos errores".

El Movimiento Ciudadano "UPM2NO" nace en junio de 2018 con el objetivo de dejar sin efecto el Contrato ROU UPM y el proyecto UPM2.
Desde su nacimiento se hicieron  cuatro acciones de denuncia formal del contrato: a) en la segunda mitad de 2018, una petición al Poder Ejecutivo para que lo dejara sin efecto, la que se presentó con más de 12.000 firmas; b) a fines de 2018, una denuncia al Parlamento sobre la inconstitucionalidad del contrato, también con miles de firmas; c) a mediados de 2019, una citaciòn judicial a UPM y al Poder Ejecutivo; d) a fines de marzo de este año, una carta y entrevista con el actual Presidente de la República para reclamarle la suspensión del contrato en aplicaciòn de la cláusula 7 del mismo.

En este sentido, de acuerdo a lo informado por el abogado, periodista e integrante del movimiento ciudadano UPM 2 No, Hoenir Sarthou a Radio Carve ,la suspensión de las obras están previstas en la cláusula 7 del contrato que firmó la empresa finlandesa y el Estado Uruguayo, que incluye lo que en términos jurídicos se conoce como una «causa extraña no imputable». Este es un recurso que comprende motivos excepcionales que no permiten cumplir las condiciones contractuales tal como están previstas. Según el letrado la situación de la pandemia cumple con las características para entrar en esta categoría.