El déficit hídrico que atraviesa amplias zonas del país volvió a colocar al sector agropecuario en el centro de la agenda económica. Tras un enero marcado por la falta de lluvias y el deterioro de las condiciones productivas, el Gobierno actualizó el paquete de medidas destinado a mitigar el impacto de la sequía sobre productores ganaderos, lecheros y agricultores familiares.

El 20 de enero se reunió el grupo de trabajo interinstitucional integrado por organismos técnicos y productivos —INIA, INC, INAC, INASE, INALE, IPA y UAM— junto a INUMET y DINAGUA del Ministerio de Ambiente, con el objetivo de monitorear la evolución agroclimática y evaluar la implementación de las herramientas ya anunciadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El diagnóstico compartido es claro: el déficit hídrico persiste y compromete tanto la disponibilidad de forraje como la sostenibilidad financiera de las unidades productivas. En ese marco, el Gobierno optó por reforzar medidas de alivio inmediato y mecanismos de financiamiento orientados a sostener la actividad.

Una de las resoluciones más visibles fue la autorización excepcional para el pastoreo en fajas linderas a rutas nacionales y caminos rurales en ocho departamentos —entre ellos Rocha—, una señal de la gravedad del escenario y de la necesidad de ampliar las opciones de alimentación animal en plena temporada estival.

En paralelo, se dispuso la prórroga de los aportes rurales al Banco de Previsión Social para explotaciones ubicadas en los departamentos afectados. Las obligaciones correspondientes al tercer cuatrimestre de 2025 y al primero de 2026 podrán abonarse sin multas ni recargos hasta mayo y julio del próximo año, respectivamente, aliviando la presión financiera en un contexto de menores ingresos.

También se resolvió extender los plazos de pago del seguro de Accidentes de Trabajo Rurales del Banco de Seguros del Estado, una medida que apunta a preservar la cobertura sin agravar los costos operativos de los productores.

El capítulo financiero se completa con una línea especial del BROU para micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros. El instrumento prevé asistencia por cabeza de ganado —con montos diferenciados según categoría— y condiciones de repago que postergan la amortización de capital hasta mediados de 2026, con vencimientos escalonados hasta abril de 2027 y una bonificación en la tasa de interés.

Para los productores familiares de menor escala, el MGAP anunció la puesta en marcha de una línea específica del Programa Microcrédito Rural, con préstamos de hasta 100.000 pesos, plazos flexibles y un período de gracia de hasta seis meses. El objetivo es sostener la producción, asegurar la alimentación animal y permitir mejoras en el acceso al agua, sin excluir a quienes ya operan con otras líneas de crédito.

A su vez, se activará un Fondo Rotatorio de Alimentación, en coordinación con ANDE, destinado a organizaciones de productores de varios departamentos, incluido Rocha. Se trata de préstamos de bajo costo y corto plazo, orientados exclusivamente a la compra de raciones, en un intento por amortiguar el impacto más inmediato de la sequía.

El conjunto de medidas refleja una estrategia de contención frente a un fenómeno climático que dejó de ser excepcional para convertirse en un factor estructural de riesgo. Mientras el monitoreo agroclimático continúa, el desafío de fondo sigue abierto: sostener la producción sin comprometer la viabilidad económica del agro en un escenario donde el agua, cada vez más, condiciona las decisiones productivas y las políticas públicas.