El pasado fin de semana, vecinos de Rocha se movilizaron en contra de las modificaciones aprobadas por el oficialismo en la Junta Departamental al impuesto por la edificación “inapropiada”. El edil Pablo Larrosa cuestionó las modificaciones y consideró que se trata de “un atropello en su máxima expresión”.

El curul, perteneciente al Espacio 609 MPP, afirmó “no estoy contra de la regularización, sí con la manera en que se pretende regularizar”. Larrosa comentó que se trata de un impuesto creado en las administraciones del Frente Amplio “para tratar de que quienes habían edificado en áreas protegidas (Cabo Polonio) hicieran un aporte que volvía a la comunidad con servicios”.

Con la modificación realizada al Art. 60 del Presupuesto Departamental 2021-2025, ese impuesto pasó a “las construcciones edificadas en inmuebles, que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o las zonas denominadas como de particular interés para la conservación”.

El entrevistado afirma que lo que está haciendo Umpiérrez, no tiene sentido común y que la modificación del tributo nace con un fin recaudatorio. A título personal, considera que el intendente debe ser llamado a sala una vez que vuelvan del receso, que será en febrero, para escuchar sus descargos tras los cuestionamientos de los vecinos.

“Hay que regularizar con sentido común. No puede ser para unos y para otros no. Queda comprobado una vez más que es una demostración de improvisación de este Gobierno”. Larrosa se pregunta, cuál hubiera sido la decisión de la administración de Umpiérrez, si la gran mayoría de los vecinos que se movilizaron en contra de las modificaciones aprobadas al impuesto por la edificación “inapropiada” tuviera la credencial en Rocha. “Son votos, y esto no pasaba. Estoy seguro de que es así”.

Casi 3.500 construcciones sin declarar

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo a la diaria que la modificación surge a raíz de que se detectaron muchas construcciones en la zona costera sin regularizar y pagando impuestos de terreno baldío, es decir, el impuesto mínimo. “Decidimos hacer un relevamiento con vuelo de dron en la zona costera de La Paloma, con excepción de la barriada popular, de la zona del Barrio Parque. Decidimos hacer lo mismo también con La Pedrera, Santa Isabel, Punta Rubia y Punta del Diablo. Nos encontramos con la sorpresa de que cuando contrastamos las imágenes aéreas con las declaraciones de los padrones teníamos casi 3.500 construcciones sin declarar y tributando sumas de 8.000, 10.000, 12.000 pesos y muchas veces con inmuebles de mucho valor, incluso en primera línea costera, de inmuebles de 200 o 250.000 dólares”, expresó. Por lo tanto, Umpiérrez dijo que les pareció que era un acto de “estricta justicia tributaria, hacer la regularización de eso” y que los propietarios pasen a contribuir “por lo que corresponde, porque hay otra gente que tiene todo regularizado y paga, y en este caso había una notoria evasión fiscal de un conjunto de gente que nunca había declarado sus construcciones, pagando impuestos como terrenos baldíos”.