"Decidió dictar resoluciones que limitan derechos": presidente del gremio de fiscales tras declaración en conflicto por disposiciones de Ferrero
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se declaró en conflicto tras una serie de disposiciones de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que entienden que afecta algunos de sus ...
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se declaró en conflicto tras una serie de disposiciones de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que entienden que afecta algunos de sus derechos. El presidente de la asociación, Willian Rosa, se refirió al tema y elevó una serie de "aclaraciones".
"El conflicto proviene de la discrepancia con decisiones de la fiscal general, que han sido adoptadas a partir de sus potestades legítimas de jerarca", empezó explicando en su cuenta de X.
"Lo valiente no debe quitar lo cortés. Reconocemos que Ferrero está subrogando el cargo porque el sistema político no ha designado un/a fiscal general definitivo, como corresponde. En sí, está dirigiendo la institución cumpliendo un deber funcional del cual no puede desentenderse y eso hay que destacarlo", continuó.
Tras esto, destacó que Ferrero está gestionando una institución con un "sinfín" de carencias. "Se está dedicado a atender focos ígneos producto de un déficit cuantificado", sostuvo.
Pese a la declaración en conflicto, Rosa explicó que tienen "varios puntos en común" con la jerarca, no obstante, entienden que Ferrero ha tomado "decisiones como jerarca" que han ameritado la "discrepancia del gremio", ya que "afectan derechos laborales como es la licencia". "Se intentó la vía del diálogo bipartito y no se llegó a un entendimiento", explicó.
"No se revirtió la afectación al derecho de licencia y no se hizo lugar a nuestra solicitud de contemplar licencia por cuidados. Esto último, es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo -incluso en MTSS- y que hoy día no hay impedimento alguno para consagrarlo, pero aún así continúa la negativa", aseguró y añadió que pasó algo similar con el "medio horario por lactancia".
Finalmente añadió que, entre otros problemas, lamentaron que la dirección no salió a "defender" a la institución y los fiscales, ante la "coyuntura de ataques" recibidos.
"La dirección no salió públicamente a defender la función del organismo, pero sí decidió dictar resoluciones que limitan derechos", sostuvo.
Producto de todas estas situaciones y otras, solicitarán un "ámbito tripartito ante el MTSS" y pondrán en conocimiento su "situación" ante las "instituciones que observan el cumplimiento de derechos laborales".
La finalidad del conflicto "no es confortar con la jerarquía", sino resolver la "afectación" a los derechos laborales.
"Debemos seguir propugnando, incluso de forma mancomunada con la jerarquía, por el fortalecimiento institucional que permita cumplir de forma eficiente los cometidos del organismo y que sus funcionarios -en este caso fiscales- trabajen en condiciones adecuadas y sin retaceo de derechos", cerró en X.
Estas medidas tendrán vigencia hasta el 11 de abril, según explico a El Observador el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad y vocal del gremio de fiscales, Ricardo Perciballe.
El 23 de abril el gremio de fiscales se volverá a reunir y allí tienen previsto analizar la prohibición impuesta por Ferrero de publicar los dictámenes fiscales, algo que para AMFU "atenta contra el derecho de información".
Las medidas adoptadas por AMFUDe acuerdo a lo explicado por el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, se adoptarán hasta tres medidas mientras se mantenga la declaración de conflicto. Las medidas:
Los fiscales titulares que sean designados para suplir a otros se negarán a realizar esa subrogación y cuando se nombre a un fiscal adscripto se exigirá el pago correspondiente al cargo de mayor jerarquía. No se solicitarán órdenes de detención ni allanamiento en casos donde no se den situaciones de riesgo inminente para la vida, la integridad física y derechos similares como la libertad sexual; hasta el día lunes 14 de abril. Se requiere que se deje sin efecto la realización de cursos que signifiquen un gasto, en razón que se alude no contar con rubros para pagar subrogación de adscriptos.La primera medida, según explicó Rosa, tiene como finalidad que quienes realicen tareas de subrogación, "reciban la contraprestación debida".
El tercer punto "difiere" la realización de actos de investigación no urgentes o no prioritarios, teniendo presente que aquellas cuestiones urgentes sí se diligenciarán.
Finalmente, la tercera expone lo siguiente: "Si la Fiscalía General de la Nación no tiene dinero para pagar las subrogaciones que hacen que el servicio se cumpla, no debería gastarse en cuestiones que, si bien son importantes como la capacitación, son menos prioritarias que el cumplimiento adecuado del servicio".