Gobierno de Orsi extremó las medidas para que nadie duerma a la intemperie y asegura que ley de internación compulsiva "no es suficiente"

Con cinco titulares en menos de un mes de muertes en la calle y el día más frío del año por delante, el presidente ...

Con cinco titulares en menos de un mes de muertes en la calle y el día más frío del año por delante, el presidente Yamandú Orsi bajó línea a los ministros del área social: que el lunes por la noche nadie duerma a la intemperie. Presidencia ya tenía en carpeta el mecanismo legal para hacerlo y adelantó la discusión que iba a tener lugar en el Consejo de Ministros de este martes.

El gobierno apeló a una disposición de una ley del año 2009 –la que creó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae)– reglamentada recién en la segunda administración de Tabaré Vázquez. Se trata de una herramienta hasta ahora nunca aplicada para la población en calle, que en su artículo 21 encomienda a “la evacuación obligatoria de personas y de animales en situación de vulnerabilidad o de riesgo” ante alertas o estados de desastre. También implica declarar una alerta pública de nivel rojo.

Para eso generó de urgencia tres centros de evacuados en Montevideo: uno en el gimnasio de la Escuela Nacional de Policía, otro en el gimnasio de la Plaza de Deportes N°2 y la ampliación de los cupos en los establecimientos del servicio de transporte del Ejército, que ya alberga indigentes en el marco de los planes de invierno.

“Las herramientas disponibles no son suficientes, necesitamos apelar a otras”, justificó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. “El ámbito de aplicación de esta norma es mucho más vasto que la ley de internación compulsiva que depende de una condición sanitaria, sea mental o física”, explicó en tanto el ministro del Interior, Carlos Negro.

Gonzalo Civila Foto: Leonardo Carreño

El Frente Amplio es crítico respecto a esta última ley aprobada a mediados del año pasado por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) dijeron a El Observador que solo se ha llegado a la internación en el 10% de las 200 convocatorias que ha habido al SAME, dado que los médicos no suelen dictaminar riesgo de vida para llegar a la hospitalización involuntaria.

La aplicación o no de esta ley se ha vuelto el principal flanco sobre el que pega la oposición, que ya anunció una convocatoria a Civila al Parlamento. Por su parte, el senador nacionalista Javier García ya insinuó la salida del ministro socialista: “La reacción del gobierno nuevamente es tardía”, escribió en sus redes. “El gobierno debe hacerse cargo por lo que hace y por lo que no hizo. Si el equipo no funciona, que cambie”.

El presidente Orsi dijo en entrevista con El Observador al cumplirse los primeros cien días de gobierno que lo peor que le pasó desde que asumió fue enterarse que había muerto una persona en situación de calle. "Si bien son de las cosas esperables por el número de gente que está en esa situación, siempre soñás o tenés la esperanza de que no pase (...) Ahí por supuesto el nivel de responsabilidad, al menos de un presidente de la República, es alto y es parte de las peores cosas que nos pasan", dijo.

Las interpretaciones de la evacuación

Como cualquier resolución que ante circunstancias excepcionales restringe libertades individuales, la evacuación exige notificación a la Justicia y abre incluso interpretaciones distintas a las que están atentos los organismos competentes. El titular del Sinae, Leandro Palomeque, expuso este lunes que si hay “peligro inminente de vida” el Estado podrá “proceder al traslado forzoso de la persona”, pero dando cuenta “de forma inmediata a la Justicia”, aunque “posteriormente”. “Es decir, no media una autorización previa para trasladar a la persona”, señaló el jerarca.

Sin embargo, al ser consultado en rueda de prensa, el subdirector nacional de Policía, Alfredo Clavijo, brindó otra interpretación: “Ante una negativa de manera reiterada, se dará cuenta a la Justicia y se procederá en base a lo que ella disponga”.

Fuentes de la institución indicaron para esta nota que la Policía prefiere como en todos los casos avisarle a la Justicia para dar garantías y para acatar sus disposiciones. En este caso, las comunicaciones son todas a la Fiscalía de Flagrancia. Hasta el cierre de esta nota, los operativos lanzados en Maldonado y Joaquín de Salteráin no habían encontrado resistencias y el Ministerio del Interior había recibido varios “eventos” por parte de vecinos que llamaban para pedir traslado.

Casos en aumento

Civila sostuvo que este es “el Plan Invierno más grande de la historia” y repasó que la cantidad de personas que durmieron en refugios nocturnos y dispositivos de contingencia del Mides en la noche del domingo fueron más que las 1.395 registradas en el último censo de la cartera en 2023 dentro de Montevideo. En este caso, el Estado contabilizó a más de 1.500 solo en la capital y unas 2.200 en total que acudieron a un techo de emergencia a nivel de todo el país, apuntó el jerarca.

El gobierno lanzó un plan piloto para generar un seguimiento más personalizado de los usuarios que ingresan al sistema y que en muchas ocasiones se resisten a alojarse en un refugio. El Mides inauguró este fin de semana un “Centro Comunitario Puertas Abiertas” en el Ciudad Vieja y pretende abrir otros en barrios como el Reducto encomendado a organizaciones sociales que trabajan en la zona. Aparte de una propuesta a partir de las 18 de la tarde y hasta las 22 de la noche –en el horario previo a la apertura de los refugios–, cada dispositivo tendrá duplas que saldrán a recorrer el barrio para captar a otras personas.

El secretario de Tercerizados del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), Diego Andrada, dijo a El Observador que “desde el año pasado y acorde aumenta la cantidad de personas en situación de calle, los refugios parecen búnkers: la gente está hacinada y cada vez hay menos técnicos en relación a los usuarios”.

El sindicalista denunció que “esto es una bomba de tiempo” y que “hay refugios en que antes dormían 24 personas máximo y ahora son 45”. “Eso sube la cantidad de gente que no quiere ir al refugio, mucha más en casos de patologías de salud mental y adicciones”.

“Los políticos salen a echarse la culpa, pero el problema de fondo es que el sistema, tal cual está, no está funcionando (...). El Estado está corriendo de atrás. Es probable que no haya cupos en refugios para todas las personas que a la vez están en situación de calle. Son más de 5.000 personas y esos cupos no existen. Que no se le venda a la población soluciones máximas. La internación compulsiva es para un número acotado de casos, no soluciona el problema de fondo”, expuso Andrada.

El ministro Civila informó en conferencia de prensa que el año pasado fueron unas 11 mil las personas que pasaron al menos una vez por un refugio nocturno. El año anterior habían sido 11.256 los usuarios registrados en los sistemas del Mides, aunque esa cifra comprendía también a los programas de madres con hijos, salud mental y viviendas con apoyo.