Caja de Profesionales: gobierno avanza en medidas de shock para evitar el default

Se deben generar recursos de shock para ev...

Se deben generar recursos de shock para evitar el default de la Caja de Profesionales. Esa es la idea del gobierno para rescatar a la institución de la crisis económica que atraviesa. Las reservas disponibles para cubrir las obligaciones se terminan en junio. Es por eso que el Poder Ejecutivo avanza en un plan que incluye una inyección de capital y aportes de los afiliados activos y pasivos.

La Caja de Profesionales cerró el 2024 con un déficit de US$ 51 millones.En 2023, las pérdidas habían llegado a US$ 57 millones. En esos dos años se profundizó la crisis y la institución completó un quinquenio de resultados negativos.

Durante el gobierno anterior se elaboró una propuesta de salvataje que no logró aprobación parlamentaria. Ahora, con menos tiempo, una delegación del Poder Ejecutivo delinea a contrarreloj un nuevo plan de rescate con la intención de que ingrese a la Cámara de Diputados en los próximos días. Previamente debe ser considerado por el directorio de la Caja de Profesionales.

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El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, es uno de los integrantes de ese equipo de trabajo oficial. Previamente integró el Consejo Honorario de la Caja Bancaria en representación del sindicato (AEBU). Allí también se necesitó un plan de rescate oficial que corrió con mejor suerte, ya que el proyecto obtuvo el visto bueno parlamentario, luego de acuerdos entre las partes involucradas. Pero en este caso encontró diferencias.

“Existe una dispersión de organizaciones que representan los intereses de los asegurados que no logran generar condiciones políticas de convergencia. Y hay algunas que pretenden soluciones a partir de las contribuciones que vengan del resto de la sociedad; no asumirlas, en mayor grado, en forma endógena”, dijo a El Observador.

Con ese escenario de fondo fue que se comenzó a trabajar en una propuesta que incluya esfuerzos contributivos sin provocar mayores tensiones.

“Si no se generan recursos de shock, no se salva el default. Y se necesita rescatar a la Caja del default”, sostuvo Di Doménico. El diagnóstico es claro: la institución tiene un desequilibrio previsional, con un presupuesto de prestaciones superior al volumen de ingresos.

Según los estados financieros de 2024, la Caja tuvo ingresos operativos por $ 19.924 millones y egresos por $ 21.308 millones. Además se destinaron $ 21.000,5 millones para pagar jubilaciones y pensiones, con un aumento de 13,3% respecto a 2023.

La edad promedio de los jubilados profesionales fue de 73 años con un pago medio de $ 94.721. En el caso de los pensionistas la edad fue de 75 años con una prestación promedio de $ 56.951.

Una de las propuestas del gobierno es sobre las jubilaciones. Di Doménico explicó que se prevé una contribución pecuniaria especial de los pasivos (como ocurre en la Caja Bancaria). El jerarca señaló que hay gremiales representantes de pasivos que plantean la inconstitucionalidad de esa prestación. Pero aclaró que todos los recursos que se han presentado desde 2009 fueron desestimados.

-lcm9838-jpg..webp Ministerio de TrabajoFoto: El Observador.

“Pueden judicializar todas sus reivindicaciones, son ciudadanos libres, pero la evidencia empírica juega a favor de la legitimidad constitucional de esta fuente contributiva”, aseguró.

En paralelo se trabaja en otros aportes de los profesionales activos. En este caso se analizan opciones que no pasan, necesariamente, por un aumento de la aportación. “Estamos buscando mecanismos compensatorios, porque la idea también es proteger el nivel de cotización y no generar o aumentar la corrida de afiliados que hubo en los últimos tiempos”, indicó.

La tercera línea para otorgar viabilidad a la Caja de Profesionales pasa por una contribución directa del Estado. Para el rescate de la Caja Bancaria se estableció que el aporte estatal fuera a través de una garantía soberana que le permitiera a la institución tomar créditos de organismos internacionales. Para esta oportunidad se desestimó esa posibilidad.

“El planteo es de una inyección de recursos, no va a ser una garantía soberana. El Estado va a concurrir con una asistencia y se está definiendo la cuantía”, dijo Di Doménico.

Con ese aporte se lograría un equilibrio de las cuentas en los primeros meses para después continuar desarrollando medidas de estabilización para lograr que la Caja de Profesionales vuelva a ser sustentable.

El riesgo del default

La propuesta tiene como objetivo evitar el default de la Caja de Profesionales porque esa posibilidad generaría un escenario completamente diferente. El artículo 67 de la Constitución indica que el Estado debe otorgar cobertura previsional a todos los ciudadanos. Es decir, debería hacerse cargo -en caso que la Caja no pudiera- del pago de las obligaciones de seguridad social.

-ine5123-1-jpg..webp Caja de ProfesionalesInés Guimaraens

“¿Cómo es el día después del default? ¿Cómo se baja a tierra el artículo 67? ¿Cómo el Estado subroga todas las obligaciones que no puede pagar ese seguro social que se cayó? No hay ninguna ley que lo diga”, enumeró Di Doménico. “Pero hay actores gremiales vinculados a la Caja de Profesionales que parten de la definición de que el default no es relevante”, sostuvo, y añadió que esa percepción es equivocada.

Luego del mal resultado de 2024 se proyecta un déficit operativo de US$ 100 millones para este año, ya que la Caja no logra generar las condiciones que le devuelvan un equilibrio donde los ingresos superen los egresos.

Entonces, desde la visión de Di Doménico, el argumento que se utiliza es la falta de acuerdo entre los integrantes del directorio del organismo para alcanzar una propuesta común. Además, mencionó que existen dificultades de gobernanza entre los cinco miembros que representan a los afiliados y los dos del Poder Ejecutivo.

“Los cinco, de acuerdo a la norma orgánica que regula la Caja, tienen la capacidad de control político total. Pueden gobernarla con prescindencia de los otros dos integrantes”, afirmó.

“Pero cuando uno de los representantes, sea de los afiliados cotizantes activos o pasivos, logra un acuerdo con los dos directores del Poder Ejecutivo, se lo tipifica de acto de traición”, aseguró.