El fiscal Rodrigo Morosoli y su equipo "en el barro cotidiano": rapiñas, receptación, muertos, el teléfono que no da tregua y José Gavazzo.

Viernes, 9.30. El fiscal de Flagrancia de 13° Turno de Montevideo, Rodrigo Morosoli, está desde las 7.00 recibiendo por teléfono, en su apartamento del Cordón, novedades sobre la cosecha que dejó la noche: ocho detenidos por una rapiña, un desacato en un caso de violencia de género, una receptación de una camioneta y varios detenidos por una “salidera” bancaria. No lo sabrá al momento de saludar a su esposa Paula, profesora de Historia y compañera desde hace doce años, pero su día terminará más de doce horas después por un accidente laboral fatal, allá por los accesos a Montevideo.

Esos son sus “dominios”: la Zona IV, el Oeste montevideano. Y si está de turno, como esta semana, le corresponderá un montón de cosas más que caigan a su sede el fin de semana. 

Morosoli fue quien pidió procesar a Francisco Sanabria y a sus colaboradores por la estafa del Cambio Nelson en Maldonado. También formalizó al empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo y a su esposa Paola Fiege por presunto lavado y tráfico de armas. 

Ahora en Montevideo, tiene la labor de investigar si hubo alguna omisión en algún funcionario público a la hora de denunciar delitos revelados en el ya conocido como “expediente Gavazzo”: casi 900 páginas que superan los 20 centímetros de altura, guardados en el armario de su despacho. “Eso va bien… ¡y no te voy a decir más nada!”, ríe, serio.

Pero ahora está en un ómnibus, apretado como dentro de una lata de sardinas, rumbo al edificio de la Fiscalía General de la Nación. Aun así, contesta las llamadas que le llegan a su celular una atrás de la otra. Casi todos son de agentes policiales: Saravia, Mendieta, Barbosa, Sánchez y apellidos similares que uno imagina de uniforme. 

A las 10.06 Morosoli llega a su oficina, en el cuarto piso del enorme edificio de Cerrito y Misiones. Sus asistentes, las fiscales Andrea Fuentes (33) e Iliana Sena (37), ya están al firme, trabajando. Una está con la receptación y desacato y la otra con una rapiña. “No las cambio por nada del mundo”, dice Morosoli mientras apronta el mate y empieza (o sigue) una jornada que ya se avecina larga. 

En total, hay unos 350 fiscales, incluyendo adscriptos y auxiliares, en todo el país. Según Mirtha Morales, fiscal de Homicidios de 2° Turno de Montevideo y presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), el gremio que los aglutina, hace falta el doble. “En ciudades del Interior es donde más se explotan. Los fiscales ahí están para todo (civil, penal, familia, aduana, código nuevo y viejo) y hay un solo fiscal subrogante para todo el país… que está por reventar”, afirma ella. 

Según la presidenta del gremio de los fiscales, ellos son 350 en todo el país y haría falta el doble

Morosoli también sabe de la realidad del Interior. En sus diez años como fiscal ha recorrido Minas (su ciudad natal), Tacuarembó, Rocha y Maldonado. Pero en el edificio de la FGN de Ciudad Vieja, donde funcionan 16 sedes de Flagrancia y otras siete especializadas el trabajo es cualquier cosa menos desahogado. El expediente del desacato todavía no aparece, de la salidera uno de los detenidos será formalizado por su colega Mónica Ferrero, de la Fiscalía especializada en Estupefacientes, por causas previas de “atentado agravado” (sería el responsable de las amenazas que afectaron al Carnaval de Suárez), un policía aprensor de una pareja de rapiñeros que no puede venir a testificar porque está en Treinta y Tres…

El sistema dice que hay 230 casos nuevos, 762 casos en curso y 192 novedades policiales antes de las once de la mañana. “Es manejable”, dice Morosoli. “Uno reniega de estar tanto tiempo al palo pero lo disfruta”, dice entre mates y llamadas a su teléfono y a su celular. Hay un caso de retractación: un usuario de Facebook acepta que los disparates que puso en Facebook de un político local no tenían asidero, también hay un accidente de tránsito leve en Colón casi La Paz… La coordinación entre la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía, cuya relación no ha sido idílica en estos tiempos, no supo de roces al menos en la jornada compartida por ECOS.

Morosoli es un defensor del nuevo Código de Proceso Penal (CPP), vigente desde el 1 de noviembre de 2017 y considerado como la madre de todos los males por el Ministerio del Interior y también cuestionado por notorios colegas y excolegas. “Pese a lo que la gente dice, este código es más punitivo, ¡que parece que es lo único que le importa a la gente! Antes te condenaban a 24 meses de prisión y, ¿cuánto cumplías en verdad? Ahora con código abreviado, son sentencias efectivas”.

Cuando el Puerto de Montevideo no está tapado de contenedores, la vista a la Bahía desde su oficina es disfrutable. Pero el celular no para de vibrar (si sonara sería insufrible) y el tiempo pasa. Morosoli dice que en Chile la implementación de un régimen acusatorio y no inquisitivo generó las mismas críticas. También en Chile, agrega luego, hay funcionarios dedicados a atender los teléfonos mientras los fiscales trabajan. “Como dijo nuestro extécnico (Eduardo) Domínguez, de esto se sale trabajando”, se ríe. Por el bien de la Justicia, se espera mejor suerte que al exentrenador argentino de Nacional.

Cacerías y camionetas de 40 mil pesos

El laptop que trae al despacho la Policía muestra una verdadera cacería humana, cuadro por cuadro. Hay un Chery QQ celeste robado, una moto, dos mujeres, tres hombres y una víctima. Dos mujeres la “marcan”. Ella –una mujer mayor de edad- aparece, imagen tras imagen, silueteada de amarillo; las marcadoras, en rojo. Estas la ven en el banco de Concepción Arenal y General Flores. Hay fotos de la calle y del interior de la sede bancaria. Ellas entran sin hacer ningún trámite y luego la siguen: Arenal, Gral. Flores, Marcelino Sosa, la terminal Goes. Del Chery baja el arrebatador, ataca a la víctima y sube a la moto con el otro cómplice. Las dos policías de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (Divaru) trajeron a la sede fiscal la información que hacía falta. También están registrados los mismos protagonistas y el mismo modus operandi en Ciudad de la Costa y otro en Piedras Blancas. Habían sido atrapados in fraganti el día anterior, en Rivera y Soca.

Un joven de 26 años compró una camioneta a través de Facebook por 40 mil pesos, sin papeles, sin que le resulte extraño

“Es la prueba de que se trata de una asociación para delinquir. Ellos (los detenidos) me lo negaban… hasta que les dije que tenía fotos y filmaciones, ahí se entregaron”, sonríe Morosoli. 

La información de otros casos comienza a llegar. El detenido por receptación tiene 26 años, sin antecedentes, trabaja en la construcción con su padre y compró una camioneta Ford Eco Sport negociado por Facebook, pagando por ella 40 mil pesos, en mano, sin papeles, casi a la media noche, en plena calle, por Nuevo París. 

Según dijo, llorando arrepentido, no encontró nada extraño en eso. “Esto pasa más seguido de lo que pensás”, sonríe Andrea Fuentes. Ella es la encargada de musicalizar la oficina: hoy se escucha Jack Johnson y todo es armonioso (al menos la música); el día anterior tocó Pearl Jam.

Ileana Sena habló con una víctima de rapiña. Esto también fue por Nuevo París el día anterior, antes de las seis de la mañana, cuando iba a trabajar a la zona del Buceo. Una pareja, ambos en situación de calle y con armas de juguete, le sacaron su campera de Nacional, el celular y su bolso con efectos personales. A la angustia del robo se le suma otra: está a prueba en el trabajo y le robaron el uniforme. Teme que se lo cobren o, peor, que la despidan. Cada drama humano tiene sus anexos.

“El sistema penal de por sí es selectivo, Flagrancia es el ‘barro cotidiano’… pero en ocasiones podés lograr la diferencia”, dice Morosoli. Eso es lo mejor de su trabajo, asegura. Lo peor, obviamente, es no conseguir esa diferencia. 

Cuenta que alcanzó con una condena a libertad vigilada para cambiarle la vida para bien a un edificio céntrico. Este estaba azotado por un demente que insultaba, amenazaba e incluso arrojaba bombas molotov a los departamentos de los vecinos. 

En otra ocasión, con medidas cautelares bien vigiladas, puso fin al acoso insoportable que sufría “una chiquilina”. Los robos y rapiñas para él exigen soluciones más punitivas y no las recuerda tanto. Defiende otra vez al nuevo CPP de quienes lo acusan de ser un exceso blando: “Te da un mayor abanico de cosas para resolver. ¿Viste este caso de la receptación? Es primario y se recuperó el objeto robado. Queda en libertad vigilada, con un antecedente y ya registrado. No lo hace más. Antes, sería procesado sin prisión. Y si fuera en cana, lo ‘chupa’ el sistema, lo destruye, convertís a un tipo sin antecedentes violentos en un delincuente. Ahora, si yo me pongo a hacer lo que la gente quiere, tengo que salir a la calle con una ametralladora…”.

El expediente de Gavazzo, bien a resguardo

¿Y el caso Gavazzo? “Gavazzo toca otros nervios… se ha trabajado, solo que no he ventilado lo que he hecho”, afirma. No le gusta tocar el tema y es evidente. Ni bien le llegó el expediente declaró no descartar “ninguna medida de investigación”. Eso en criollo significa citar a cualquier funcionario público, militar o civil, desde un administrativo de Presidencia hasta al presidente de la República. Por supuesto, le llovieron las llamadas de los periodistas. El volumen de trabajo hace que se le pueda dedicar el tiempo que el turno permita o esperar a que termine el turno. “¿Presiones? No, en ningún caso que he tenido tuvo presiones de ningún tipo”, asegura, tajante.

A las 11.50, el equipo baja a la sala de declaraciones de víctimas y testigos del primer piso. Morosoli habla con una de las abogadas, particular, de uno de los detenidos por la salidera. “Yo juego con las cartas a la vista, lo mejor es tener una buena relación”. Sena interroga a la víctima y a un testigo de su caso, mientras coteja la información de los diálogos policiales que le envió el 911. La primera quiere cooperar pero quiere garantías: conocen su casa y tiene un hijo de cuatro años. Por su parte, Fuentes ya se hizo una composición de la personalidad del joven que compró la camioneta por 40 mil pesos: “Es el típico papafrita”. Como no tener mucha materia gris no es delito, como se recuperó el auto y como no tiene antecedentes, acuerdan con la defensa siete meses de libertad vigilada. Muestra la foto del vehiculo: es un maquinón infernal. “¿A vos te parece que esto puede valer 40 mil pesos?”, le inquirió.

Con el fiscal pide hablar una víctima de rapiña y él accede. Vestida muy humildemente, entra al gabinete angustiada y sale mejor. “Cuando están acá, dos palabras pueden hacer la diferencia. No cuesta nada”.

Es hora de volver a la oficina: se termina el plazo de detención para los ladrones a clientes de bancos y hay que pedirle prórroga a la justicia, comer (o algo parecido) e ir a la audiencia.

Endurecerse

Son las 13.06. Iliana Sena sube al despacho, en el cuarto piso, con el fastidio pintado en el rostro. El relato de la víctima no es consistente con el de los testigos. De nuevo a revisar la transcripción de las comunicaciones radiales. Cae una nueva llamada: detienen a un requerido, un joven ya conocido, yunkie de libro, que intentó robar nafta para ingerirla. Por tener un entorno familiar que lo cobijaba se le había concedido una suspensión condicional del proceso que incumplió. “Es lo más precario del sistema”, dice Morosoli.

Otro dato sazona un caso de Andrea Fuentes: la famosa camioneta comprada por monedas estaba denunciada como robada en Brasil y tenía la matrícula cambiada. El denunciante como por arte de magia pasa a ser imputado. La había pagado 200 mil pesos y la compró en Facebook. De nuevo llama la Policía: apropiación indebida y violencia doméstica. Un funcionario llega con un oficio pedido a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el famoso tema Gavazzo. El tiempo no para y hay que trabajar en los casos de la salidera y el desacato. Vuelan los dedos en los teclados.

“En casa te desenchufás y no te desenchufás. A veces estoy bañando al bebé y seguís pensando en una rapiña”, cuenta Sena, casada y mamá de un niño de 17 meses. Fuentes también está casada: “No a todos nos afecta lo mismo. A mí en particular los cadáveres me movilizan… pero los años te van endureciendo. Trabajar en una Fiscalía Penal es lidiar con lo peor de la sociedad”.

En Chile también hubo quejas de la gente cuando cambió el sistema procesal penal, pero allá los fiscales tienen quien les atienda el teléfono

En el caso de Morosoli, la decisión familiar fue que él fuera solo a los distintos destinos en el Interior que le tocaron. No convenía desarraigar a la hija de Paula, Rocío, de Montevideo. La familia se reunía los fines de semana o cuando era posible; esta es otra realidad de muchos fiscales. “Tratás de que las cosas no te afecten. Hace poco llegué a casa de madrugada luego de ver unas personas calcinadas y caí redondo en la cama enseguida. Las cosas te van endureciendo”, dice. Aun así, nada te prepara y nada te endurece cuando encontrás a tres niños chicos, calcinados, durante un incendio en el barrio Kennedy, de Maldonado. 

Fue en su Fiscalía que se encontraron los cuerpos de “El Bebe” y “El Rafa”, dos integrantes de la barra brava de Nacional, dentro de una camioneta prendida fuego en Tres Ombúes, el 30 de marzo. Peor que ver gente calcinada es ver gente ahogada, coinciden los tres fiscales. El agua y los peces deterioran demasiado a los cuerpos, agregan. Pero en el turno comenzado esta semana hasta entonces contabilizaban un muerto: un hombre fue baleado en un glúteo con tanta mala suerte que le afectó una arteria.

El oficio se manda y se fija la audiencia de prórroga de detención para los integrantes de la asociación para delinquir a las 14.39. Es con la jueza en lo Penal de 45° Turno, María Noel Odriozola. Hay que pedir un autó. De la Seccional 21° de Colón llaman por una denuncia de intrusos en una casa deshabitada o abandonada. Se trata de una mujer con seis niños chicos. Atento a eso, se manda una intimación a dejar la casa bajo apercibimiento de responsabilidad pero sin plazo, además de pedir que se le notifique a la mujer información sobre refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La denuncia fue primero de los vecinos y luego del dueño del inmueble. 

“Esto también está pasando muy seguido”, dice Fuentes.

El fiscal Morosoli almuerza en su escritorio, directamente del tupper, poco después de las 14. Hay 20 minutos para comer (tragar) e ir a la audiencia. Por supuesto, no paran las llamadas. Ahora es un vehículo recuperado, sin daño aparente, al que la lluvia dificulta las pericias y que la víctima quiere llevarse en este instante. 

A los juzgados

De forma que sorprende, a las 14.28, con once minutos de antelación, Morosoli está en el Juzgado de calle Juan Carlos Gómez. La cosa está atrasada. Los plantones, el tiempo muerto, eso de lo que tanto saben los periodistas, lo sufren también los fiscales. Morosoli lo llama “tiempo mutualista”. Esta vez han demorado en traer a uno de los detenidos del celdario de la Fiscalía, que está a unas diez cuadras. Ahí hay cinco celdas con capacidad para seis o siete detenidos en cada una. Una vez superaron los 60.

Uno contra cuatro: el fiscal de un lado; los abogados de los detenidos por la salidera, del otro

La audiencia empieza a las 15.07 y apenas durará quince minutos. Cada uno de los cuatro imputados tiene su abogado. La supuesta banda está formada por un zapatero de 42 años, que es el único que tiene un defensor de oficio y recién hace cuatro meses abandonó la cárcel de Piedra de los Indios, en Colonia, y una mujer de 40, que hace barrido en una ONG. Ambos serían los líderes, son pareja y se cruzan miradas como en código en la audiencia. Completa el grupo de imputados una envasadora de una productora de golosinas de 29 y un jugador de fútbol de 19. Ninguno de ellos ha pasado de primero de liceo. El quinto integrante de ese grupo, por ahora, está bajo la órbita de la fiscalía de Mónica Ferrero, como ya se señaló. 

La mujer mayor es la única imputada que se hace oír en la audiencia: “Fui a cobrar una plata saliendo del banco y me detuvieron”, argumenta. Ningún defensor objeta el pedido de prórroga; también a ellos les sirve tener más tiempo para analizar la evidencia existente. Se investiga asociación para delinquir, dos hurtos y receptación. Pasa al día siguiente, 14.30. 

Morosoli sale de la audiencia, prende su celular y hay una nueva llamada: se pide un allanamiento para recuperar una moto robada.

La vuelta a la oficina trae, faltaba más, novedades. El hombre acusado de desacato argumenta que en realidad la mujer lo llamó. Por más cierto que sea, dice Morosoli, debería haber respetado las medidas. “Las medidas son para el hombre”. El problema es que no estaba explicitado el rango de exclusión. Agravan su situación que fue alcoholizado y las tres llamadas previas de su expareja, al 911. La fiscal Fuentes se encargará del caso y fija su audiencia para las 17.13. Más tarde, ya entrada la noche, participará en otra pero por la receptación.

Otra llamada: un chico de 15 años, alumno de la UTU de Las Piedras, fue denunciado como desaparecido por su padre. Como se llevó varias pertenencias consigo se activó a la Seccional 21° de Policía, en Colón, y no a Personas Ausentes. Se avisará a la Jefatura de Florida, ya que la madre del chico vive ahí. Cuelga y suena de nuevo. “Acá andamos, entreverados pero bien”, responde Morosoli sin perder la calma y el humor, y no queda otra que creerle. Un hombre falleció sin asistencia en Paso de la Arena, tiene 34 años, es adicto a las drogas, lo encontró su madre, no tenía lesiones en el cuerpo.

Esto también pasa seguido, cuenta Morosoli. 

A las 16.34 hay que bajar al carcelaje. Este, ubicado en la planta inferior del edificio, consta también de cinco salas de interrogatorios; no hay luz natural, hay acceso restringido, áreas espejadas de reconocimiento y un cartel que reza: “Se exhorta a los custodias a extremar las medidas de seguridad, manteniendo contacto visual con los detenidos a su cargo”.

En el carcelaje de Fiscalía, se exhorta a los guardias no dejar de tener contacto visual con los detenidos a su cargo

La mujer detenida por la rapiña, de 27 años, ya admitió los hechos y aceptó un acuerdo: tres años y ocho meses por rapiña especialmente agravada. El hombre detenido con ella, de 35 años, no y –pese a la evidencia- no hay caso. Tiene una lágrima tatuada en la mejilla, otro tatuaje en el cuello y varios dientes de menos. Gesticula mucho. Está en una de las salas, atendido por uno de los cuatro abogados de oficio que están de turno, Pablo Agazzi. Sena y Morosoli están también ahí, tratando, sin éxito, de que entre en razón. 

De vuelta en la oficina, cayendo ya la tarde, es hora de definir las últimas tareas que sin embargo pueden no concluirse hasta varias horas después. Iliana Sena irá a la audiencia de la rapiña: pedirá 120 días de prisión preventiva como medida cautelar y no 180, que difícilmente se lo den. 

Termina la tarde e Iliana Sena (izq.) y Andrea Fuentes se vuelven a cruzar en los juzgados

Pasando las 17 llega un documento de la fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe; sí, es por el “caso Gavazzo”. Morosoli lo guarda: “Tenemos tiempo para este”. Urge dedicarse ahora al caso del requerido capturado.

A Sena le concederán todo pero recién saldrá del juzgado, a poder alzar a su bebé, cuando pasen las 20 horas. Su audiencia comenzó casi dos horas más tarde de lo previsto. “Uno acá sabe a la hora que llega, nunca a la que se va”. En los juzgados se encontró con su compañera Andrea Fuentes: al desacatado lo condenaron a seis meses de libertad vigilada, los tres primeros con arresto domiciliario nocturno. Pero esta última tendrá mucho “tiempo mutualista” hasta su próximo rol protagónico: la audiencia por receptación.

El turno de Rodrigo Morosoli y su equipo termina un domingo a la medianoche, aunque la cola de asuntos pueda demorar los casos hasta el lunes o martes. Igual, a la semana siguiente, que no tiene turno, ya tiene cuatro audiencias fijadas. Prepara todo lo relativo al requerido capturado: con eso arrancará al día siguiente, sábado, a las 8.30, y luego la formalización de los detenidos por la salidera bancaria. Disfruta con la paliza laboral. 

También tenía previsto para el día siguiente ver a Nacional y el cumpleaños de Rocío, la hija de Paula. Poco antes de las 20 lo llaman para avisarle que un obrero fue arrollado por un camión de carga, un accidente laboral fatal en Camino Tomkinson. Hasta allá irá bajo lluvia. “Después del turno, tenemos un día libre”, dice y le brillan los ojos detrás de los lentes mientras terminaba, o creía terminar el dìa.

ECOS.LA