Por primera vez en años, la política uruguaya encontró un punto de acuerdo en uno de los temas más sensibles del país: la vivienda. La Comisión de Vivienda del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca desestimular la existencia de viviendas vacías y en estado ruinoso, una realidad que afecta a más de 97.000 padrones en todo el territorio nacional.

El asunto fue abordado en profundidad durante una entrevista en Radio Sarandí, donde participaron los senadores Tabaré Viera (Partido Colorado) y Aníbal Pereyra (Frente Amplio), ambos exintendentes e integrantes de una comisión que, según coincidieron, trabaja con una lógica más ejecutiva que partidaria.

El proyecto —que ahora pasó a la Cámara de Representantes— apunta a acelerar los procesos legales de expropiación, permitir el canje por deudas acumuladas y habilitar que intendencias y el Ministerio de Vivienda puedan recuperar estos inmuebles para destinarlos a planes de vivienda social, cooperativas, equipamientos comunitarios y reciclajes urbanos.

Salir de los “mármoles” y recorrer el país

Uno de los puntos centrales del trabajo parlamentario fue la decisión de recorrer el territorio nacional, dialogar con intendentes, sindicatos, cooperativas y vecinos, y contrastar los datos oficiales con la realidad cotidiana.

“La vivienda no es solo un techo; es hábitat”, subrayó Viera, quien destacó que muchas veces el problema no es la falta de casas, sino las condiciones precarias, el hacinamiento y la degradación urbana. En ese recorrido, la comisión confirmó que el fenómeno de las viviendas abandonadas no está concentrado en Montevideo, sino que se repite, de forma proporcional, en ciudades grandes y pequeñas.

Pereyra fue aún más directo: “Una vivienda vacía es un problema sanitario, de seguridad y, al mismo tiempo, una riqueza desperdiciada”. Casas abandonadas que se convierten en focos de violencia, ocupaciones irregulares o bocas de venta de drogas son parte de un diagnóstico que atraviesa a todo el país.

El suelo como cuello de botella

Ambos senadores coincidieron en que el acceso a la tierra es el principal obstáculo para resolver el déficit habitacional. La expansión de las ciudades hacia la periferia genera altos costos para el Estado en saneamiento, transporte y servicios, mientras los centros urbanos se vacían.

El proyecto busca revertir esa lógica: recuperar suelo urbano ya servido, evitar la periferización y promover una integración social real. Experiencias como la recuperación de inmuebles en Ciudad Vieja, donde se lograron más de mil soluciones habitacionales, funcionan como antecedente concreto.

“Esto no vulnera la propiedad privada ni confisca bienes”, aclaró Pereyra. Se trata de expropiaciones legales, con pago justo, que contemplan la compleja casuística de sucesiones interminables, deudas impagas y propiedades abandonadas durante décadas.

Una herramienta, no una solución mágica

Lejos de promesas grandilocuentes, los legisladores fueron cautos. La ley, dijeron, no resolverá por sí sola el problema de la vivienda, pero sí aporta una herramienta clave para construir una cartera de tierras que permita planificar políticas públicas más eficaces.

El desafío ahora está en la aplicación: coordinación entre el gobierno nacional y las intendencias, agilidad administrativa y recursos suficientes. Si el proyecto se convierte en ley —algo que todos descuentan—, Uruguay dará un paso relevante para enfrentar un fenómeno que combina desigualdad, deterioro urbano y exclusión social.

En un país con más de 600 asentamientos irregulares y miles de familias atrapadas entre alquileres impagables y soluciones precarias, el consenso alcanzado en el Senado marca, al menos, un cambio de clima político: cuando la realidad aprieta, la vivienda deja de ser bandera partidaria y vuelve a ser una prioridad nacional.