Gianotti da cuenta de los riesgos implícitos en el proyecto que busca construir una hidrovía para conectar Uruguay con Brasil, que sigue avanzando con la iniciativa de ambos gobiernos. Para esto, repasa los múltiples insumos obtenidos de la investigación que hizo con expertos de distintas áreas del Centro Universitario Regional Este, un informe que se llevó a cabo luego de que el Ministerio de Ambiente rechazara que el equipo universitario hiciera su diagnóstico ambiental de la cuenca de la laguna Merín. 

Durante años, Camila Gianotti se ha dedicado a estudiar los cerritos de indios de Rocha, esas elevaciones de tierra construidas por diversas poblaciones indígenas que habitaron ese territorio hace al menos 5 mil años. Allí vivieron, cultivaron e hicieron sus ritos fúnebres grupos étnicos hasta incluso después de instalada la colonia, con lo que dejaron tras de sí un denso y aún desconocido legado arqueológico para la región. Por todo esto, la arqueóloga no duda en advertir que miles de ellos podrían destruirse si se concreta la construcción de la hidrovía que prevé conectar la laguna Merín con la laguna de los Patos, en Río Grande del Sur, que tan entusiasmados tiene a Luis Lacalle Pou y Luiz Inácio Lula da Silva. 

Lejos de la ingenuidad, la investigadora y docente del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República (Udelar) reconoce que su campo de estudio no es el más carismático y asegura que tiene claro que a las autoridades no les interesa. Sabe de lleno, también, que hay mucho más en juego, como dejó plasmada la investigación que elaboró junto con otros ocho colegas del centro universitario, que advierte sobre los diversos riesgos socioambientales del agroextractivismo y sus impactos a través de este tipo de proyectos en la laguna Merín.

El poder económico de estas industrias, la indiferencia política y la mala aplicación de la legislación de conservación ambiental, cultural y patrimonial, dice, facilitan un panorama en el que las decisiones sobre los bienes naturales están totalmente sometidas al mando del capital, aunque se trate de una de las mayores fuentes de agua del mundo. 

—La publicación del CURE propone un análisis interdisciplinar y una mirada de este territorio desde la ecología política y la justicia ambiental. ¿Qué significa esto en concreto? 

—Los colegas con los que escribimos el trabajo venimos trabajando en la zona este y en la cuenca de la laguna Merín desde hace muchos años. En el equipo hay biólogos de distintas áreas, químicos, antropólogos, arqueólogos, y lo que buscamos fue partir de una perspectiva relacional, que reflexione sobre todos estos aspectos de forma integral. En materia de protección ambiental no podemos hablar de afectaciones puntuales, porque nunca se producen puntualmente. Cuando se contamina un río no solo estás afectando el agua, sino la vida de todos los seres que habitan ese río, de los humanos que beben su agua, de las personas que viven en ese lugar. Esa relación es la que le da sentido al cuidado, y no un indicador concreto de la presencia de un elemento químico del agua, porque eso por sí solo no es explicativo de nada. Por eso decidimos reunirnos, para ofrecer esa reflexión crítica en torno a lo que está pasando, sobre todo para encender una alerta ante las distintas obras que ya se están desarrollando en la región, la expansión de los cultivos de arroz, la llegada de la soja, y también otras que se vienen proyectando, como la de la hidrovía. Esto coincidió, además, con que había intención del Ministerio de Ambiente y de varios sectores, sobre todo de la Dinagua [Dirección Nacional de Aguas], de hacer una especie de diagnóstico de la situación de la laguna frente a la llegada de estas grandes obras que se están planificando. En 2020 nos llega un mail en el que nos hacen un planteo de que tienen interés en convocar a los académicos expertos que trabajan en la región este para presentar una propuesta ante la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura], para ver esos potenciales impactos de esas obras. Ahí nosotros planteamos una propuesta de relevamiento, no solo de impactos y amenazas, sino también de soluciones y de cómo debería encararse el proceso frente a este tipo de obras. Planteamos un abordaje desde una perspectiva integral, pero finalmente no tuvo cabida, porque desde las instituciones públicas se decidió que no era eso lo que buscaban, no era esa mirada integral lo que querían, sino aspectos concretos, muy puntuales, como la calidad del agua, la pesca. Entonces ahí quedamos todavía más preocupados y decidimos aprovechar todo ese esfuerzo que habíamos hecho y poner sobre un papel todas estas alertas y reflexiones que hacen al desarrollo futuro para la región este, y así sale el trabajo. Es un paneo, pero después cada grupo viene trabajando con mucha profundidad los distintos temas que se están planteando en sus respectivas áreas.

 

 

Cantera de extracción de piedra seca para la construcción de rutas, sobre un sitio arqueológico de Cerritos de Indios en Paso Averías, en la zona de Lascano. ARCHIVO LAPPA

—Por esa fecha ya estaba sobre la mesa el proyecto de la hidrovía. 

—Hace mucho tiempo que eso estaba sobrevolando, igual que muchas obras para la región este, como el puerto de aguas profundas, pero todavía no estaba firme. Igual claramente estaba latente en el entorno de las autoridades. De hecho, este fue un proyecto que se planteó binacionalmente; del lado brasileño también se convocó a los expertos. 

—Pero no era un estudio de viabilidad para esa iniciativa. ¿Se les planteó que manejen ese aspecto en su estudio?

—La propuesta era más en términos generales, de posibles obras, pero claramente, yo creo, está atada a la hidrovía. Por eso ahora van a llamar a consultorías individuales, para que hagan evaluaciones puntuales de los puntos en los que ellos tienen interés. 

 

—Algo así ocurre con el informe de análisis de la viabilidad de la hidrovía que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] a pedido de la Intendencia de Rocha. Tú has advertido, justamente, que no se establece con claridad la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental y arqueológico. 

—Es que es un informe muy simple, muy generalista, y ni siquiera se tomó el trabajo de buscar o profundizar en los temas que plantea. Por ejemplo, brillan por su ausencia los aspectos culturales, sociales, patrimoniales; están planteados de una forma tan superficial que son apenas tres párrafos donde lo único que se entiende como identitario y de valor cultural para la región es la tradición gauchesca. 

—La CEPAL dice que el proyecto «es consistente con los altos objetivos de sostenibilidad» del país, ¿no lo ve así?

—Hay muchos manuales de sostenibilidad, depende de de qué sostenibilidad hablemos. Los arroceros dicen que hacen una producción sostenible, pero si nos basamos, por ejemplo, en el aumento de la pobreza en estas regiones, no sería una producción sostenible, porque se supone que debería revertir la pobreza. Si nos basamos en el aumento de enfermedades y en el impacto de la salud humana tampoco sería una producción sostenible la del arroz. Es justamente lo que hablamos en este trabajo sobre la necesidad de empezar a contemplar indicadores diversos, que atiendan a todas estas esferas. Nosotros entendemos la sostenibilidad como el cuidado de la vida, de la salud, del ambiente, no solamente como una variable económica. 

—¿A qué conclusiones llega su trabajo en todas estas áreas, que ustedes sí abordaron? 

—Son muchas. Cada mirada genera una serie de reflexiones que deben ser consideradas en distintos ámbitos, sobre todo donde se toman decisiones que inciden en el futuro de estas regiones, pero también en políticas públicas, en salud. En la región este, como Lascano, Cebollatí, San Miguel, hay índices altos de enfermedades graves, como el cáncer, y esto es algo que se viene observando, pero no hay todavía una política pública de salud que esté buscando identificar claramente los orígenes de estas afecciones, que van en aumento, con cifras que no son las normales. Otro tema es la contaminación del agua. Ya son numerosos los trabajos que vienen dando cuenta de los niveles de contaminación de todos los cuerpos de agua de la cuenca: ríos, arroyos, cañaditas, la propia laguna, y eso repercute no solo en la salud humana, sino en la salud animal, en la degradación de suelos. También vinculado a esto están las comunidades pescadoras, que cada vez ven más afectada su fuente de ingresos por la desecación, pero también porque tienen problemas de acceso a los lugares de pesca. La privatización de la tierra ha ido llevando a limitaciones en el acceso a las cuencas de agua dulce. Son escasos los puntos de acceso público; hoy a la laguna Merín no podés acceder salvo por una o dos calles abiertas, el resto están cerradas con portera, con candado. Y en el ámbito de los bienes históricos, culturales, arqueológicos, las políticas públicas están sufriendo un proceso de desmantelamiento, están cada vez más frágiles, porque esta dimensión no le interesa a nadie, está totalmente invisibilizada. O sea, estamos en el horno. 

—Tu cuestionamiento a este tipo de obras apunta a que están en riesgo cerritos de indios aún no estudiados. Miles, decís.

—Nosotros trabajamos hace casi 30 años en la región, en todo lo que es la zona del este de Rocha. Esos 2 mil cerritos que están ubicados son solo una ventanita a los que realmente existen. Sabemos que hay muchísimos más, que se distribuyen en todo lo que son las tierras bajas: Cerro Largo, Rivera, Treinta y Tres, Tacuarembó, el sur de Brasil, y esa cifra puede llegar a multiplicarse o triplicarse. Hay muchísimos en esa región donde justamente se va a ubicar la hidrovía. Todavía no se sabe la dimensión o qué implica, pero el proyecto en realidad es un gran complejo de obras portuarias, de accesos, caminería, cuestiones de electrificación; cada una puede tener o no estudios de impacto independientes, pero, como no se mira la integralidad, es difícil cuantificar los impactos.

Conjunto de Cerritos de Indios rodeados de plantaciones de arroz en los bañados de India Muerta en Rocha. GOOGLE EARTH

—¿Los estudios de impacto arqueológico no deberían hacerse en estos casos? 

—Las políticas públicas que trabajan en estos temas se han ido debilitando sistemáticamente en la última década. El Ministerio de Ambiente tiene una División de Evaluación de Impacto Ambiental, que es por donde ingresan los informes de impacto ambiental y arqueológico, que en algunos casos son obligatorios, aunque no necesariamente, pero esa unidad no tiene técnicos formados en arqueología, entonces el estudio de impacto arqueológico lo está mirando y evaluando una persona que no está formada ni capacitada para ello. Encima de esto, estas evaluaciones ya no pasan por la Comisión del Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, que es el órgano de contralor y el que debería supervisarlas. Parece una cosa simple pero no es menor: no hay contralor, entonces no están las capacidades aseguradas para hacer frente a un proyecto de la envergadura de la hidrovía, y todo esto está derivando en problemas serios, que nos han llevado a hacer una suerte de 15 denuncias por destrucción de sitios arqueológicos en los últimos cinco años ante el ministerio. 

—¿Qué tipo de denuncias? 

 

—Hay de todo tipo: líneas de alta tensión, canteras de extracción de materiales para la construcción de las rutas, todo el proyecto de regulación hídrica que hubo hace poco en San Miguel, por ejemplo.

—¿Y tienen consecuencias?

—Cada denuncia es un caso en sí mismo. En algunos casos las autoridades responden, en otros todavía no, algunos están pendientes de resolución. En el caso más positivo, logramos frenar una obra que iba a instalar tres torres de alta tensión encima de cerritos de indios en Tacuarembó. Ahí fue también por una presión local de la intendencia: gracias a que tienen un inventario arqueológico para la región el proyecto se logró frenar, pero no se logró sacarlos del sitio; quedaron a 30, 40 metros de los cerritos. Después hay otros casos que hace años no tienen respuesta, como el proyecto de regulación hídrica que implica una obra de canalización en la zona arrocera de India Muerta, en Lascano, que destruyó dos cerritos y provocó el desenterramiento de restos humanos que databan de hace más de 2 mil años. Y todo esto, nada más y nada menos, construido por un productor rural que es el presidente de la Comisión Mixta [Uruguayo-Brasileña] para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín: una persona que debería dar el ejemplo de cómo debería ser la gestión de los recursos hídricos es quien está haciendo un canal ilegal que está desecando una zona de humedal a unos productores rurales en un campo de Colonización. 

—Con todo esto, ¿qué impactos teme que pueda tener un proyecto como la hidrovía?

—Yo creo que lo más preocupante quizás no es el presente, lo inmediato, sino lo que habilita, lo que viene después, en una tendencia de medio y largo plazo. La hidrovía se está planteando desde una visión desarrollista y productivista de la zona. Ese es el objetivo: encauzar, hacer más viable y más rentable el crecimiento económico de toda la región, más allá de las consecuencias que esto pueda traer. Porque en los ámbitos de decisión, como la comisión binacional, están representados los que tienen el poder: los arroceros, la industria. Está la Udelar, pero no están instituciones como el Ministerio de Cultura, el de Salud, asociaciones de productores pequeños, pescadores, entonces la gobernanza de estas regiones es también muy restringida, muy inaccesible, y claramente esto no es un problema de estos últimos cuatro años ni mucho menos, se viene arrastrando de mucho antes.

 

LA FAO PUBLICÓ SU PRIMER LLAMADO DE CARA A UN ESTUDIO HÍDRICO DE LA ZONA

LO QUE SE VIENE

 

Hace cerca de un mes, las autoridades uruguayas y brasileñas, con el apoyo de la FAO –y el financiamiento de su Fondo para el Medio Ambiente Mundial por 4.850.000 dólares–, presentaron el proyecto «Gestión binacional integrada de recursos hídricos en Cuenca de Laguna Merín y Lagunas Costeras». Sin mencionar la hidrovía, se informó que la iniciativa buscará estudiar las capacidades en los sectores públicos y privados de Brasil y Uruguay para la gestión conjunta e integrada de los recursos hídricos de la laguna Merín y lagunas costeras, con énfasis en «la eficiencia en el uso del agua, la preservación de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático», y que será una «hoja de ruta negociada de acciones a futuro entre los dos países en dicha región hidrográfica». De hecho, el lunes la FAO publicó el primer llamado a consultoría para participar en el proyecto, en búsqueda de un especialista en cuencas hídricas.