El candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso como primer punto que el Poder Ejecutivo declare por 120 días la emergencia nacional en seguridad de forma inmediata. “No es bueno esperar a que asuma el próximo gobierno. Habrá 200 uruguayos más asesinados. No podemos darnos el lujo de esperar”, y llamó a cambiar las políticas públicas y aseguró que no habla de “fracaso”, ya que “la espiral del delito viene aumentando a pasos agigantados” y entiende que muchas de las medidas que se tomaron en esta administración la detuvieron, pero agregó que “claramente nadie puede estar en desacuerdo con que las condiciones de seguridad hoy son inaceptables”.
Manini basa su propuesta en que ya estaba establecido en el «Compromiso por el País» firmado en 2019 por la coalición, previo al balotaje y envió el documento al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
En el segundo punto el líder de Cabildo Abierto propone “operativos para reestablecer la seguridad en el área metropolitana”. Plantea “reorganizar el despliegue” implementando “seccionales de alto impacto en cinco zonas de recuperación territorial donde existen hoy mayor inseguridad y una alta desprotección de la población dentro de Zonas Operacionales 2, 3 y 4”.
En dichas zonas Operacionales “se mantendrá presencia policial permanente, implementándose controles de acceso”, anunció y agregó “que dispondrán rondas de vigilancia barrial a toda hora en diversos escenarios aleatorios para observar, prevenir, disuadir y reprimir si fuera el caso”.
Para esto propone llevar adelante “operativos nocturnos masivos y coordinados” en las zonas de mayor riesgo del área metropolitana “liderados por fuerzas combinadas de la Policía Nacional y la Guardia Republicana” con la utilización de drones y vigilancia aérea para “monitorizar los operativos en tiempo real” y así “reducir drásticamente la criminalidad nocturna y fortalecer el control estatal en las áreas más vulnerables”. Se atenderá “con especial interés” a las poblaciones o barrios afectados por “el accionar de grupos mafiosos, en disputa por territorio y acciones ligadas al narcomenudeo, así como al tráfico de estupefacientes, las amenazas, atentados, tiroteos, represalias, revanchas venganzas, así como todo tipo de accionar relacionado con los homicidios por encargo, las represalias violentas, ejercidas sobre otros delincuentes o sujetos dedicados al microtráfico”, además de la introducción al país, traslado, acopio, guarda, venta, distribución, y contrabando”.
En el tercer punto Manini propone “operaciones de alto impacto para desmantelar las redes del narcotráfico con el objetivo no sólo de atacar el problema del nivel de venta minorista sino desarticular las estructuras superiores cortando sus recursos y capacidad operativo”. Dijo que serán “liderados por un comando conjunto especializado en narcotráfico que integrarán las capacidades de inteligencia, tecnología e intervención rápida” y que “esta organización debe ser creada por decreto o ley de urgencia”.
La cuarta propuesta es el “blindaje fronterizo” contra el crimen organizado con el objetivo de “proteger a la población de la frontera contra las operaciones criminales organizadas y neutralizar el ingreso al país de armas, municiones y drogas al territorio nacional”. Plantea “modificar el artículo 5 del Decreto 92/020, autorizando sin orden previa de los fiscales, la identificación, control y registro total de personas y vehículos por parte de personal militar en la zona fronteriza”.
La quinta propuesta es el “establecer corredores seguros”, con escáneres y equipos de perros especializados, en “rutas estratégicas usadas por el narcotráfico” a fin de “debilitar las bandas criminales”.
La sexta es llevar a cabo “acciones de inteligencia avanzada para optimizar acciones de seguridad”.
El punto siete propone “la activación de fondos de emergencia”.
El punto ocho consiste en el “reintegro inmediato de efectivos policiales a funciones ejecutivas”, reintegrando al menos el 70% de la planilla del Ministerio del Interior.
La novena propuesta es el “traslado y reclusión de delincuentes peligrosos en condiciones de más seguridad” con la construcción de “cárcel de máxima seguridad” con “condiciones estrictas de aislamiento” que estaría destinada a delincuentes de alto riesgo y narcotraficantes.
El décimo planteo es la “formación y capacitación avanzada para potenciar la efectividad policial” con la aplicación de “mayores cargas horarias” así como habilitar “la contratación inmediata de instructores, especialistas, entidades extranjeras y capacitaciones fuera del país” sin recurrir a opciones homologadas en lo que refiere a la incrementación de “las prácticas de tiro, técnicas de defensa personal y reducción”.
La undécima propuesta es la “implementación de tecnología avanzada para reforzar la seguridad pública” con la adquisición de drones de alta autonomía, radares terrestres, torres digitales y cercos de fibra óptica, entre otros.
Finalmente, plantea “fortalecer la conexión entre las comisarías y los vecinos” para “favorecer los lazos de confianza”, “facilitar las labores de vigilancia y prevención” y generar en la comunidad “sentido de seguridad” y “simpatía” hacia la Policía.
“El Frente Amplio debería llamarse al silencio”
Consultado en la conferencia de prensa por los cuestionamientos del Frente Amplio a la gestión en seguridad del actual gobierno, el líder de Cabildo Abierto afirmó que “parece un poco paradójico que el Frente Amplio que en buena medida es el responsable de este desmadre en materia de seguridad pública hoy tenga las soluciones y plantee las críticas que plantea”.
“En este tema se podrían llamar al silencio porque han demostrado que en los quince años que estuvieron en el gobierno las políticas que aplicaron lo que hicieron fue contribuir a esta situación que hoy estamos viviendo” y “presentan como equipo de seguridad al mismo que estuvo con la responsabilidad cuando fueron gobierno”.
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