El Banco de Previsión Social (BPS) practica la usura con sus multas, recargos y mora, según opina el director en representación de las empresas, José Pereyra, quien dialogó con La Mañana y contó parte de su experiencia de dos años como director del ente.  El jerarca destacó que las trabas más importante que existen hacia las empresas en el Bps, "una de ellas, que afecta muchísimo a las empresas más pequeñas, son las multas, moras y recargos, que es una práctica de usura que lleva adelante el BPS. Sobre este tema trabajamos durante un tiempo con bancadas de todos los partidos y no logramos avanzar con un proyecto propio. La línea que estábamos planteando era una amnistía como se había hecho en algún otro momento. Pero consideramos que eso fue la semilla".

 

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¿Qué evaluación del año pasado hace en su rol de representante social de los empresarios en el directorio del BPS?

Ahora cumplimos dos años en el directorio. Fuimos electos en diciembre de 2021 y asumimos en enero de 2022. Tuvimos un primer año en el que de alguna manera intentamos cooperar con los objetivos que se había planteado el gobierno. Después, en 2023, empezamos el año con una impronta propia. Esto en el sentido del objetivo nuestro, que es la defensa del empresario. O sea, tener la libertad de efectuar únicamente la defensa del empresario y no tanto las formalidades que se debe atender cuando uno ingresa a un directorio, el cual tiene como característica que algunos de sus integrantes, como los directores sociales, ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo.

¿En dónde observa que hay más problemas del empresariado con el BPS?

Nosotros lo veíamos cuando estábamos en plena campaña. Mientras que existía una línea que venía desde hacía mucho tiempo y defendía la imagen del organismo, nuestra posición era crítica. Hablábamos de una cultura antiempresarial por parte del BPS, una institución que representa lo más rancio del Estado uruguayo en su relación con el empresariado. Asumimos esta responsabilidad con un respaldo electoral muy grande, ya que se ganó en todo el país, desde Montevideo hasta Artigas. Creo que eso también es una señal de que el organismo viene trabajando mal con respecto al empresario. El respaldo que obtuvimos fue con ese discurso, puesto que no todos nos conocían, más allá de nuestra participación en la gremial empresarial de Maldonado. Si hacíamos una encuesta en ese momento, la mayoría no me conocían. Por lo tanto, el lugar en el BPS lo ganamos por lo que planteábamos. Pero, justamente, eso no se ha entendido hasta ahora en el directorio.

¿Existió alguna situación que lo llevara a tomar esta nueva posición dentro del directorio?

Un momento de quiebre para nosotros fue el caso de una empresa que fue inspeccionada y se le pidieron los movimientos bancarios. El empresario se negó, basándose en sus derechos, y fue multado. Recurrió esa multa y en el directorio nosotros quedamos solos. Los directores sociales votaron con los representantes del Poder Ejecutivo. La multa era de doce mil pesos, por lo cual la posición del empresario, que entendía que pedir los movimientos bancarios estaba mal, era filosófica. Entonces entendimos que era necesario marcar más fuertemente las diferencias con el resto del directorio, lo que empezamos a hacer en menor medida el año pasado e intensificaremos este.

Según su criterio, ¿cuáles son las trabas más importantes que hay hacia las empresas en el BPS?

Una de ellas, que afecta muchísimo a las empresas más pequeñas, son las multas, moras y recargos, que es una práctica de usura que lleva adelante el BPS. Sobre este tema trabajamos durante un tiempo con bancadas de todos los partidos y no logramos avanzar con un proyecto propio. La línea que estábamos planteando era una amnistía como se había hecho en algún otro momento. Pero consideramos que eso fue la semilla. Ahora tenemos reuniones previstas con el senador Sergio Botana, quien se ofreció a ayudarnos con un último intento en el Parlamento para lograr una ley en ese sentido. También hay un plebiscito en marcha por parte de Cabildo Abierto con referencia a la deuda justa y entendemos, filosóficamente, que es un tema que se debe discutir, porque la usura desde el Estado debe tratarse.

¿Cómo se reflejan las multas, recargos y moras en la vida de un pequeño comerciante o empresario?

Un ejemplo es lo que sucede en el litoral. Esta coyuntura de bajos precios en Argentina, que afectó a todo el comercio, lleva a que algunos empresarios se atrasen en el pago de sus aportes. Uno sabe que esa empresa, si es unipersonal y tiene todo a su nombre, se atrasa y el titular pasa a ser un paria, porque no se va a poder jubilar y ni su esposo o esposa e hijos van a poder cobrar una pensión. Por lo cual la estigmatización no solo es al empresario sino a toda la familia. Además, se muestra una falsa cultura empresarial, porque al gran empresario, generalmente, estas situaciones no lo afectan. Sí se afecta a quien en un momento de su vida arriesga todo lo que tiene, abre una pequeña empresa, da la pelea y de repente tiene una muy mala experiencia, al punto de que seguramente termine de dos o tres maneras: siendo un trabajador informal, un empresario informal o poniendo sus cosas a nombre de otro. Lo que hay que hacer es estimular a hacer, ya que es la forma en que este país se va a desarrollar, pero desde el Estado claramente estamos apuntando a un tipo de vida comercial y empresarial bastante poco amigable con el desarrollo de un país.

En relación con la situación del litoral, ¿qué decisiones se tomaron y cuáles estima que no se han tomado?

Se tomó la decisión por parte del gobierno, sobre todo en el litoral y en la frontera, de actuar sin actuar. Es lo que dice la filósofa Hannah Arendt, por acción o por inacción se está teniendo una acción política. En este caso, el gobierno tomó algunas medidas, como la rebaja de combustibles para el litoral, pero en realidad se nota la inacción. No se encuentra una aduana móvil haciendo controles fuertes y rígidos, que es lo que nos manifiestan los centros comerciales de la frontera. Esas libertades en la frontera terminaron favoreciendo una forma de vida en la que el individuo toma la decisión de obtener una ventaja, como el contrabando, pero afecta lo colectivo y el Estado no toma medidas para proteger al comercio y sí al individuo.

¿Qué opina de la situación del comercio en el interior, exceptuando el litoral?

Hace poco hablaba con comerciantes de la zona costera y es lo mismo. Sienten desprotección, que ya venían sintiendo desde hace tiempo, por parte del Estado. Esto está vinculado, por ejemplo, con que se hace una fiesta en un balneario de la costa por un gobierno local y no se controla que lo que se venda sea mercadería que ingresó legalmente al país. El comerciante siente entonces una competencia desleal, y, además de esa desprotección, tiene que soportar un Estado muy pesado. Recordemos que en el año hay 150 días que se trabajan pura y exclusivamente para el Estado y después se empieza a trabajar para uno.

¿Cómo reaccionan las gremiales empresariales frente a esta coyuntura?

Se ve un cierto deterioro. Hay una coyuntura en la cual las gremiales empresariales empiezan a tener problemas, porque tienen la expectativa normal de cuando vienen los primeros años de un nuevo gobierno y, principalmente, cuando hay un cambio grande desde el punto de vista ideológico. Pero cuando se dan ciertas coyunturas, surgen entonces los famosos “nos peleamos, no nos peleamos, damos un poquito más de margen al gobierno de turno, esperamos las elecciones, exigimos ahora o no exigimos”. Esas son coyunturas difíciles. Fui presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado en 2013. Después de dos gobiernos del Frente Amplio, ya había desgaste dentro de las gremiales y levantaban un poquito la voz o eran consumidas por la crítica en la interna. Cuando hay perjuicios y se ve que el Estado no actúa, se enfrenta la disyuntiva.

¿Qué evaluación hace del funcionamiento general del BPS tras dos años en el cargo de director?

En nuestro rol de director social, no solo actuamos para las empresas, sino que lo hacemos en un sentido más amplio. Nos dimos cuenta de que el BPS no solo tiene problemas con el empresario, sino con todos los uruguayos. Hoy estamos en una situación bastante compleja. Generamos agenda como si estuviéramos en pandemia. Hay zonas del país en las que una persona se anota y tiene agenda para dentro de cuatro o cinco meses. Se anota en enero y le dicen que pase en junio para empezar un trámite de jubilación. Para quien viene del sector privado, desde el punto de vista de gestión, estamos con problemas importantes. Creo que se ha perdido el sentido de que el BPS es un organismo del Estado y que está al servicio de la gente. Eso se nota en muchas sucursales en las que por parte de los funcionarios hay un cierto desgano y un ámbito de anarquía. Hay muchos funcionarios que sienten el compromiso de pertenecer al BPS, pero otros, de alguna manera, se han criado en la anarquía y solo les preocupa cumplir el horario, y no estar al servicio del ciudadano.