El vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, expresó en el marco de un acto frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, que el nuevo régimen de certificaciones médicas de los funcionarios estatales es "injusto, ilegal e inconstitucional". En este sentido, remarcó que las y los trabajadores estatales, “nos vamos a preparar para un conflicto de largo aliento; que este gobierno lo sepa claramente”, anunció.

José Lorenzo López denunció que el Ejecutivo, de manera unilateral y sin respetar los ámbitos de negociación que le obliga la Ley 18.508, la cual establece que la salud es parte de la negociación colectiva, está comenzando a aplicar un régimen de certificaciones médicas “injusto, ilegal e inconstitucional”.

 “De esta manera se golpeará a los trabajadores estatales doblemente, ya que se ha intentado instalar un relato falso que afirma que a los estatales no se les descuenta del sueldo cuando se enferman, lo cual es mentira, ya que sí se les descuenta el sueldo, tanto por presentismo, compromisos de gestión, cumplimientos de metas y partidas de seguridad correspondientes a cada uno de los organismos”, detalló el dirigente sindical.

Asimismo, aseguró que en la actualidad debido a una falta por certificación médica, en algunos casos, ese descuento supera el 10% del ingreso del trabajador y con el nuevo régimen, a partir del décimo día, se les descontará a los trabajadores el 25% de su salario.

López también cuestionó que en el instructivo de aplicación de esta nueva norma se especifique que progresivamente se incluirán otros organismos públicos.

Por otro lado, aunque reconoció que las políticas del presidente argentino Javier Milei son mucho más “virulentas” que lo que ocurre en Uruguay, de todos modos afirmó que van en la misma línea, que es la de considerar a los trabajadores estatales como “variable para aplicar el ajuste”.

El dirigente sindical remarcó que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, pretende llevar a cabo la misma medida que implementó pocos días después de la aparición de la pandemia de coronavirus, que consistió en establecer un impuesto a los funcionarios estatales que percibían más de 80 mil pesos para poder afrontar la crisis sanitaria. “Después, la economía creció por encima del 2019 y 2020, y nunca se les devolvió un peso a los trabajadores a quienes se les había confiscado parte de sus salarios”.

Dijo, asimismo, que durante todo este período de gobierno se ha ajustado el salario de los trabajadores estatales “por debajo de la inflación”, y eso es parte del ajuste que se viene aplicando, el cual no sólo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que también se traduce en la pérdida de puestos de trabajo en todos los organismos públicos.

“Hoy tenemos menos funcionarios en las empresas públicas, ministerios, servicios descentralizados y en la educación, y no podemos desarrollar las tareas como debería hacerlo el Estado”, cuestionó.

López aseguró que el movimiento social organizado enfrentará las políticas del gobierno en cada movilización, así como también de manera jurídica y legal.

En tal sentido, recordó que contra las certificaciones médicas se presentó un recurso de nulidad, y también se presentará un recurso de inconstitucionalidad. Además, en la próxima conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una delegación oficial del PIT-CNT denunciará al Estado uruguayo porque quiere establecer una norma que “viola los convenios ratificados por nuestro país”.

Remarcó que el movimiento sindical no permitirá que se lleven a cabo las políticas que afectan a los trabajadores y por ello se movilizarán cada vez que sea necesario.

 “Nos vamos a preparar para un conflicto de largo aliento; que este gobierno lo sepa claramente”, puntualizó López.