Atornillado

Ni Joe Biden se animó a tanto, ya que declinó de su candidatura a la reelección de la presidencia de los EEUU, según informan los portales internacionales” por estas horas. Sin embargo, en el Uruguay y más precisamente en la “República de Artigas”, el primer intendente en ser condenado por la justicia (hubo otros sometidos a juicios penales que terminaron absueltos), se mantiene aferrado al sillón municipal a la espera de lo que decida (¿?) la Corte Electoral.

Lo dijo fuerte y claro el Dr. Díaz - ¿esperando qué?, porque la Corte Electoral no debe interpretar nada, sino que lo que debe hacer es cumplir con la condena firme y acordada tras juicio abreviado entre Fiscalía y los propios imputados. Una condena en la que la jueza de Artigas -Carolina Olivera- se encargó de incluir el oficio de su sentencia a la Corte Electoral, como mero trámite.

Es decir que toda esta dilación que viene sucediendo en Artigas hace parte de una idiosincrasia escandalosamente aceptada a lo largo y ancho del interior uruguayo, donde los intendentes se han transformado en verdaderos señores feudales a los que se les permite todo, cual derecho de pernada pacíficamente aceptado por sus siervos.

Es que así han obrado a lo largo de muchas décadas, sin importarles en lo más mínimo cualquier situación éticamente reprobable para el común de los mortales. Así lo demostró el caso Moreira y sus pasantías a cambio de favores sexuales, un caso que estalló a pocos meses de las elecciones y al que el electorado coloniense “absolvió” con su voto al encaramarlo nuevamente en el sillón municipal sin el más mínimo atisbo de pudor republicano.

Un demérito bilateral, pues tanto le cabe al candidato como a sus electores quienes sin importarle connotación moral o ética alguna imponen con la más alta distinción departamental a quien procede de forma éticamente reprobable haciendo uso y abuso de la gestión pública. Todo indica que, también en Artigas, llegado el momento volverán a votarlos... ¿o no?

Y esto ocurre no ya por la simple razón de haber convertido a la política clientelar en una razón de ser con la que es imposible estar en contra a riesgo de no sobrevivir en el feudo departamental. Ese enorme poder que han adquirido los intendentes es lo que ha vuelto cuasi pornográfica a la gestión comunal en muchos de los departamentos del interior.

¿No hay orden de investigar?

El Dr. Díaz se preguntó, también, si a nadie se le ocurre investigar sobre el destino de esa millonaria suma de dineros públicos, ya que bien puede tratarse de un caso de lavado de dinero. Y si no lo fue no debería quedar duda alguna, por lo que, propiciar una investigación al respecto, debiera ser preceptiva.

No hay ninguna duda sobre la inhabilitación que les cabe tanto a Pablo Caram como a Valentina Dos Santos, para fungir al frente de la comuna artiguense mientras duren sus condenas. Así está establecido -como pena accesoria a la prisión- en el Código Penal vigente (art. 82).

¿Cuál fue -realmente- el destino de ese dinero desviado bajo la figura de “horas extras”? Porque aceptar que semejante suma haya sido para el pago de ese rubro, es una razón imposible pues no alcanza el día para cumplir -humanamente- semejante recargo de cualquier jornada laboral. Y menos aun escuchando algunas de las justificaciones esgrimidas (caza de murciélagos, fue una…).

¿Ese dinero fue a parar a los bolsillos de los involucrados o tuvo otro destino? ¿Fue para pagar campañas electorales? ¿O hubo otro destino que no conocemos y esto es solo una pantalla?

Son preguntas que nos hacemos todos y que debiera impulsar a los responsables de la SENACLAF a tomar cartas en el tema de una buena vez. Porque si vamos a los datos fríos no se los ha visto muy ocupados en atender esta problemática ya que no hay muchas sentencias condenatorias por lavado de activos en esta administración, según lo afirmó el expresidente de la JUTEP, Cr. Ricardo Gil. Algo que contradice el discurso oficial de la lucha frontal al narcotráfico ya que no basta con incautar droga o cerrar bocas si no se ataca al producido de esa actividad ilícita con políticas y acciones concretas que condenen realmente el lavado de activos y sus actividades precedentes.

Pero el poncho no aparece

Mientras tanto, en Artigas la Intendencia está acéfala y la renuncia de Pablo Caram se dilata a la espera -inentendible- del pronunciamiento de la Corte Electoral, como si con ello le pudiera cambiar algo de su actual condición de condenado con prisión (sustituida por libertad a prueba con trabajo comunitario).

Algo parecido, pero mucho más grave es el conocer el destino real de los dineros públicos vilipendiados, esos millones de dólares que parecen haber desaparecido como aquel poncho pampa de Argentino Luna.

Cuentan las crónicas que aquel folclorista argentino había concurrido a Balcarce a un recital con miles de personas y allí encontró a Henry Charrier, el autor de Papillón, con quien dialogó por horas. Llevaba consigo un poncho pampa que dejó en una silla, cuando fue a buscarlo no lo encontró y así nació aquella milonga y su popular expresión: “son todos buenos paisanos, pero el poncho no aparece” …

En Artigas también son todos buenos (¿?) paisanos, pero ese poncho (“blanco” y con bolsillos grandes como para contener varios millones de dólares), tampoco aparece.