Desde el 1.º de febrero de 2026, el radar instalado en el acceso oeste a la ciudad de Rocha, sobre Ruta 9, acceso oeste, comenzó oficialmente a fiscalizar. Ya no se trata de anuncios ni de cartelería preventiva: el control está activo en un tramo suburbano donde conviven ciclovía, peatones, ciclistas y un tránsito vehicular constante. La velocidad máxima continúa siendo de 60 kilómetros por hora.

El dispositivo forma parte del plan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para instalar nuevos radares en puntos críticos del país, y Rocha figura entre los departamentos priorizados. Según el organismo, el objetivo es reducir la siniestralidad vial en zonas donde el riesgo dejó de ser una hipótesis para convertirse en rutina.

Durante semanas hubo señalización e información a la población. Ahora, el sistema pasó de advertir a sancionar. Desde el gobierno se insiste en que el control permanente es una herramienta probada para salvar vidas, especialmente en áreas con antecedentes de accidentes y presencia de usuarios vulnerables.

La medida, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿prevención o reacción tardía? Durante años, ese acceso funcionó más como una extensión de la ruta que como la entrada a una ciudad. El radar llega cuando las estadísticas ya hablaron, cuando los siniestros dejaron marcas visibles y silenciosas.

El mensaje es claro: el margen de tolerancia se reduce donde el peligro es cotidiano. No es solo una cuestión de velocidad. Es una señal —quizás tardía— de que allí no empieza una ruta, sino un territorio urbano que exige otra forma de circular.