La ministra de Defensa, Sandra Lazo, tiene una resolución tomada sobre la investigación administrativa iniciada en abril de 2025 sobre el proceder de las autoridades de la cartera durante el anterior período en el marco del contrato con el astillero español Cardama para adquirir dos patrullas oceánicas OPV.

La investigación, encomendada a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), culminó a fines del año pasado y estuvo desde entonces en la asesoría Jurídica de Defensa. En los últimos días, la cartera elevó una última consulta a la ONSC y la jerarca del MPP tiene decidido aguardar a la llegada del presidente Yamandú Orsi desde su misión en China para firmar la resolución final.

Según pudo reconstruir El Observador, las conclusiones sugieren que se inicie un sumario al exdirector de Recursos Financieros, Damián Galo. El exjerarca es funcionario de la cartera, más allá de que actualmente está en pase en comisión con el senador blanco y exministro Javier García.

La investigación administrativa, según lo divulgado por La Diaria, marcó varias desprolijidades durante el proceso de compra y en ella consta que “las comunicaciones oficiales incorporadas a las actuaciones evidencian que la conducción del proceso de garantía se centralizó a nivel político y directivo del MDN, particularmente en el ministro y el director general de Recursos Financieros” de entonces, Damián Galo.

La decisión de adjudicar la construcción de las patrulleras oceánicas a Cardama, dice el informe, “careció de un análisis sobre la viabilidad constructiva, experiencia previa, solvencia y capacidad real” del astillero español para ejecutar un proyecto con estas características. “Se verificó que la decisión política de adjudicar no se acompañó de una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros y contractuales, los cuales debieron considerarse imprescindibles en una contratación directa de excepción”, señala.

Las autoridades también tienen en la mira el rol de quien fuera director general de Secretaría, Fabián Martínez. El exjerarca, que también está en pase en comisión con el senador García, es funcionario del Poder Judicial, pero en el gobierno manejan que puede enviarse un oficio a ese organismo para iniciar un proceso administrativo.

Con una causa penal abierta ante un presunto fraude al Estado uruguayo a raíz de la constitución de una garantía falsa, otra decisión pendiente de definición entre la ministra Lazo y Presidencia es si remitir las actuaciones de la investigación administrativa a la Justicia.

Tal como informó Búsqueda, Defensa dio vista esta semana a Cardama sobre los incumplimientos marcados al proceso de construcción por Bureau Veritas, la calificadora contratada por el Estado uruguayo en procura de tener un análisis independiente del grado de avance de las obras. También le observó un "grave incumplimiento" referido a la segunda garantía adjudicada a RedBridge, bajo la premisa de que el documento entregado no es más que un texto de "Términos y condiciones". El astillero tiene plazo para presentar sus descargos hasta finales de la semana entrante.

El presidente Orsi se reintegrará a la actividad de Torre Ejecutiva el lunes, tras su misión de una semana a China.