Hoy no se vota un presupuesto.
Hoy se vota una idea de departamento.

La Junta Departamental de Rocha tiene sobre la mesa el Presupuesto Quinquenal 2026–2030 del gobierno de Alejo Umpiérrez, un documento que, por volumen y ambición, marca un punto de inflexión en la historia política y financiera del departamento. En un escenario de normalidad macroeconómica, el quinquenio podría mover en torno a los 500 millones de dólares, una cifra inédita para Rocha. El dato, por sí solo, impresiona. Pero lo verdaderamente relevante no es cuánto se gasta, sino cómo y para qué.

El oficialismo plantea una meta concreta: convertir el presupuesto en una herramienta de transformación y no en una simple planilla de sueldos y mantenimiento. De ese total, se proyecta una inversión cercana al 20 %, unos 100 millones de dólares, incluyendo un fideicomiso ya aprobado por 40 millones. Nunca antes Rocha tuvo —ni administró— una oportunidad de esta magnitud.

La apuesta es doble y deliberada. Por un lado, consolidar infraestructura urbana que impacte directamente en la calidad de vida. Por otro, mirar a la costa como motor de empleo, servicios y desarrollo turístico. No es una disyuntiva: es una tensión permanente. Y este presupuesto decide no elegir, sino avanzar en ambos frentes al mismo tiempo.

Pero el corazón político del proyecto no está solo en el cemento. Está en el giro social. El gobierno departamental asume que el mayor capital no es la tierra ni la obra pública, sino la gente. De ahí nacen programas de segunda generación como Rocha te cuida, Rocha mira al futuro y Rocha por la vida, que incluyen desde atención en salud mental hasta detección precoz de cáncer de mama con un mamógrafo móvil y lentes gratuitos para personas con baja visión. La creación de una Dirección de Salud ordena y jerarquiza un sistema que hasta ahora funcionaba fragmentado, integrando policlínicas, programas sociales y salud ocupacional bajo una misma planificación.

Hay, además, un gesto político que rompe con una lógica histórica: por primera vez, un gobierno departamental elimina impuestos. Desaparecen la Tasa de Habilitación Comercial y la Tasa de Higiene Ambiental. Se exoneran tributos a nuevos emprendimientos por hasta diez años. Se aliviana la carga sobre jubilados de bajos ingresos, beneficiarios de MIDES y trabajadores que usan motos de baja cilindrada como herramienta laboral. El mensaje es claro: el Estado deja de ser un obstáculo automático y busca convertirse —al menos en el discurso— en facilitador.

En materia laboral, se tocan temas históricamente sensibles. Se modernizan normas vetustas, se ajustan salarios de forma cuatrimestral para acompañar la inflación y se incorpora un reclamo largamente postergado de los funcionarios municipales: previsibilidad salarial y mantenimiento del poder adquisitivo. Aquí el presupuesto no promete milagros, pero sí reglas más claras.

El presupuesto también avanza en descentralización real, no declamada. Se crean cuatro nuevos municipios: Cebollatí, Punta del Diablo, Barra del Chuy y La Coronilla, duplicando los existentes. Eso obliga a jerarquizar áreas, redistribuir poder y asumir que gobernar un departamento diverso exige ceder centralismo. No es una decisión cómoda. Es una decisión política.

En materia de descentralización, conviene precisar un dato que no es menor y que muchas veces queda diluido en el ruido político. Punta del Diablo y Barra del Chuy se convirtieron en municipios a mediados de 2025, luego de un proceso legislativo que culminó sin épica, pero con pleno respaldo legal. Tras la aprobación en la Cámara alta, el proyecto fue derivado en Diputados a la Comisión de Asuntos Municipales a comienzos de abril y, ante la ausencia de pronunciamiento dentro de los plazos establecidos, la iniciativa quedó aprobada de forma tácita, tal como lo habilita el artículo 24 de la Ley Nº 19.272. No fue un atajo: fue la aplicación estricta de la norma vigente. A partir de allí, la descentralización dejó de ser una consigna para transformarse en una obligación institucional concreta, con nuevas estructuras, responsabilidades y costos asociados.

Y es justamente en ese punto donde aparece la discusión incómoda que el debate público suele esquivar. La creación y el funcionamiento de nuevas terminales y municipios no es neutra en términos económicos. La incorporación de la tasa de utilización de terminales, concebida para financiar su operativa, tendrá un impacto directo en la estructura de costos del sistema de transporte. En términos claros: el boleto tenderá a aumentar. No por capricho ni por mala gestión, sino porque alguien debe absorber el costo de sostener infraestructura, servicios y personal. El problema no es reconocer esa realidad, sino ocultarla. La transparencia fiscal no consiste solo en anunciar obras o nuevas jerarquías institucionales, sino en decirle a la ciudadanía —sin eufemismos— quién termina pagando la cuenta y de qué manera.

Ahora bien, todo esto tiene un reverso que no puede ocultarse. Este presupuesto exige confianza. Confianza en la capacidad de gestión, en los controles, en la ejecución y en que los recursos no se diluyan en la inercia burocrática o en la lógica electoral. La cifra histórica también implica una responsabilidad histórica. Administrar mucho no garantiza gobernar bien.

Por eso la sesión de hoy en la Junta Departamental no es un trámite técnico. Es una definición política mayor. Aprobar este presupuesto es avalar un rumbo. Rechazarlo es obligar a reescribirlo, con costos y consecuencias. No hay neutralidad posible.

Rocha está ante su hora más cara.
No por lo que cuesta, sino por lo que vale.
Y cuando un presupuesto alcanza esta dimensión, ya no pertenece solo al gobierno que lo propone, sino a toda la sociedad que deberá convivir con sus aciertos —y con sus errores— durante los próximos cinco años.