El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendió los cambios en el cálculo de las devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y confirmó que, a partir de setiembre de 2027, un grupo de aportantes dejará de recibir devoluciones o las recibirá en menor monto, como consecuencia de una corrección metodológica que, según la cartera, busca subsanar errores de diseño vigentes desde que se implementó el mecanismo de devolución en 2012.

El ajuste se centra en la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud (SNS), un indicador clave que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida y que se utiliza como referencia para determinar si corresponde o no una devolución de aportes.

Según explicó el MEF, la metodología vigente partía de dos supuestos incorrectos que terminaban subestimando el costo real del sistema y, en consecuencia, generaban devoluciones mayores a las que correspondían.

El primer error: años sin cobertura efectiva

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, explicó que el primer error consistía en asumir que todos los beneficiarios tuvieron cobertura del SNS desde su nacimiento hasta su fallecimiento, cuando en realidad el sistema comenzó a funcionar recién en 2008 y las incorporaciones fueron graduales.

“Las personas solo tienen cobertura desde que el seguro existe. Antes de 2008 no podían tenerla porque el sistema no existía”, señaló, y ejemplificó con su propio caso: se incorporó al SNS a los 39 años, por lo que el sistema nunca cubrió la mayor parte de su etapa más barata en términos de gasto sanitario.

Las cápitas que el Fonasa paga a las mutualistas varían según la edad y el sexo, y son más bajas durante la infancia y la adultez temprana. En ese sentido, Vallcorba explicó que incluir en el cálculo años en los que la persona no tuvo cobertura —que además coinciden con etapas de menor gasto sanitario— reduce el costo promedio considerado por el sistema, según señaló en entrevista con En Perspectiva de Radiomundo.

El segundo error: una expectativa de vida única

El segundo problema metodológico tiene que ver con el uso de una única edad de expectativa de vida para todo el cálculo. Actualmente se asume que todos los hombres viven hasta los 74 o 75 años y todas las mujeres hasta los 81, sin considerar que una parte de la población vive más allá de esos valores. “El tramo más caro del sistema es precisamente el de mayor edad”, explicó Vallcorba.

A modo de ejemplo, indicó que el Fonasa paga alrededor de $ 9.000 mensuales por un hombre mayor de 74 años, mientras que entre los 20 y los 44 años la cápita ronda los $ 1.700. En ese sentido, explicó que al no considerar que parte de la población vive más allá de la esperanza de vida promedio, el cálculo termina subestimando el costo en el tramo de mayor gasto del sistema.

Los cambios introducidos por el MEF

Para corregir ambos problemas, el MEF resolvió introducir dos cambios metodológicos. Por un lado, se incorporarán curvas de supervivencia, que permiten ponderar la probabilidad de que una persona esté viva a cada edad. Por otro, se reconocerá que solo los menores de 18 años tuvieron cobertura desde su nacimiento, mientras que para los mayores de esa edad el cálculo del CPE se hará considerando únicamente los 18 años efectivos de cobertura desde 2008, más los años futuros esperados según la probabilidad de supervivencia.

Como resultado de este ajuste, el costo promedio equivalente por usuario pasará de unos $ 4.828 mensuales a aproximadamente $ 6.693, lo que eleva el umbral de ingresos a partir del cual se generan devoluciones.

Esto implica que, según el nivel de ingresos y la composición del núcleo familiar, algunas personas dejarán de recibir devolución y otras continuarán percibiéndola, pero por un monto menor. El cambio afectará, según estimaciones oficiales, a entre 60.000 y 70.000 personas.

“Se estaba devolviendo más de lo que correspondía”

Vallcorba explicó que el error en el cálculo del costo tenía un efecto directo sobre las devoluciones. “Entonces, lo que sucede es que si estamos calculando mal el costo, y el criterio para devolver es que devolvemos lo que excede ese costo, lo que sucedía hasta ahora es que estábamos devolviendo más de lo que correspondía”, afirmó.

Impacto fiscal acotado y déficit del Fonasa

El jerarca también señaló que, si bien el ajuste permitirá reducir devoluciones por un monto estimado de entre US$ 70 y US$ 80 millones anuales, eso representa menos del 10% del déficit total del Fonasa, que en 2024 rondó los US$ 820 millones. “Ese déficit ya se estaba cubriendo con rentas generales, es decir, con el aporte de toda la ciudadanía”, indicó.

Quiénes acceden hoy a la devolución

Con los valores vigentes, una persona sin hijos ni cónyuge a cargo, que aporta el 4,5% de sus ingresos, genera derecho a devolución solo si percibe ingresos superiores a los $ 138.000 mensuales. En el caso de quienes tienen dos hijos, el umbral se eleva a unos $ 310.000, ya que la devolución depende de la composición del núcleo familiar, que determina cuántas personas reciben cobertura y cuánto se aporta al sistema.

Trabajadores no dependientes

En cuanto al impacto sobre los trabajadores no dependientes, el MEF aclaró que promoverá un cambio legal para desvincular el aporte mínimo obligatorio del valor del CPE, de modo que este colectivo no vea incrementados sus aportes como consecuencia del nuevo cálculo.

Sin cambios en 2026 y defensa del sistema

Finalmente, Vallcorba defendió la continuidad del mecanismo de devolución del Fonasa y sostuvo que el problema no era la devolución en sí, sino el cálculo del costo. “Los aportes al Fonasa no son un impuesto, son una contribución especial a la seguridad social y debe haber una razonable equivalencia entre lo que se aporta y lo que se recibe. Acá lo que estaba mal era cómo se calculaba esa contraprestación”, afirmó.

Las devoluciones que se realizarán en setiembre de 2026 no sufrirán cambios, ya que corresponden a los aportes realizados en 2025. El nuevo esquema comenzará a aplicarse para el cálculo de las devoluciones que se efectivizarán en setiembre de 2027.

Vallcorba subrayó que el objetivo de la medida no es fiscal ni apunta a mejorar los ingresos del Estado. “El objetivo de este cambio no es fiscal. No es mejorar los ingresos. Es simplemente hacer las cosas bien y devolver lo que corresponda. Corregir un error de diseño que está desde 2012, cuando se hace la devolución por primera vez”, afirmó.

Una corrección técnica postergada desde 2019

El economista señaló además que la corrección no es una iniciativa reciente. Según explicó, se trata de una propuesta elaborada por los servicios técnicos del ministerio que fue planteada por primera vez en 2019, cuando se identificó el error en el cálculo del costo y el consecuente exceso en las devoluciones.

En ese momento, las autoridades políticas —el entonces ministro Danilo Astori y el presidente Tabaré Vázquez— resolvieron no avanzar por tratarse de un año electoral y por el “ruido” que la medida podía generar en el debate público, en un contexto que Vallcorba calificó como de “mala calidad del debate político” en torno a este tipo de temas.

El jerarca indicó que el planteo volvió a ser presentado por los equipos técnicos durante el período del gobierno anterior, aunque tampoco prosperó. “Este gobierno entendió que era necesario avanzar, porque hay un error de diseño que debe corregirse”, sostuvo.