A casi tres meses de su ingreso al organismo, el nacionalista Luis Calabria, integrante del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en nombre de la oposición realiza un balance del año, analiza los cuestionamientos recientes tras el caso que involucró al presidente de ASE, Alvaro Danza, y plantea los desafíos institucionales que enfrenta el organismo encargado del contralor ético de los funcionarios públicos. Calabria anunció la incorporación de un software para fortalecer el control de las declaraciones juradas que deberán ser presentadas en formato electrónico. Por otra parte, sostuvo que tras la decisión de la mayoría del organismo a favor de Danza pese a un informe técnico en su contra, la JUTEP tiene el desafío de “regenerar la confianza” pero no debe transformarse en un tribunal moral ni formar parte del debate político.

-¿Cómo termina el año la Jutep y qué desafíos tiene por delante?

-Ha sido un año institucionalmente muy intenso para la Junta. Hubo un recambio de autoridades y, además, coincidió con un año de ley de Presupuesto, lo que naturalmente incrementa la carga de trabajo y las definiciones estratégicas.

En materia presupuestal, el organismo quedó por debajo de lo que se había solicitado inicialmente, por lo que habrá que esperar a la próxima instancia de Rendición de Cuentas para procurar una mejora en los recursos disponibles.

De cara al futuro, se está trabajando en la incorporación de un nuevo software que permita fortalecer el control de las declaraciones juradas, tal como lo manda la ley. Asimismo, a partir de la reciente ley de Presupuesto, la Junta resolvió que desde 2026 las declaraciones juradas de ingresos se presenten en formato electrónico, lo que debería mejorar sensiblemente los procesos de archivo, control y análisis.

Además, se viene trabajando en un proyecto de ley sobre corrupción privada y en otras iniciativas concretas de gestión. Más allá de lo operativo, el desafío es consolidar a la Jutep como un organismo técnicamente sólido y previsible en sus decisiones.

-¿Qué dejó el caso del presidente de ASSE Alvaro Danza que fue exonerado de responsabilidad por la mayoría de la Jutep en el caso de múltiples empleos?

-Evidentemente fue un punto de inflexión en términos institucionales y de imagen pública. No es habitual que una resolución de la Jutep derive en una interpelación parlamentaria, y eso da cuenta de la magnitud de los cuestionamientos que existieron respecto del proceso de decisión.

Así como hay desafíos de gestión hacia adelante, también hay desafíos de carácter simbólico. Cuando un organismo de control es puesto en tela de juicio, no alcanza con explicar decisiones, es necesario elevar los estándares. Hoy la JUTEP tiene por delante el desafío de regenerar la confianza pública.

-¿Cómo se regenera esa confianza?

-Con procesos claros, con decisiones debidamente fundadas y con criterios previsibles que puedan ser comprendidos por la ciudadanía, aun cuando no siempre se compartan. La confianza se construye con coherencia y consistencia en el tiempo.

Es evidente que tenemos que transitar en la tarea de reconstrucción institucional elevando los estándares de actuación.

-¿A qué se refiere?

-Estos organismos tienen una exigencia mayor que otros, y eso se redobla en caso de cuestionamientos. Es necesario demostrar rigor técnico, imparcialidad y previsibilidad en cada decisión. Debe traducirse en mejores procesos, fundamentaciones más sólidas y una consideración seria del insumo técnico. En ética pública, la forma también es fondo, y la autoridad se construye cuando cada decisión puede sostenerse por sí misma frente a la ciudadanía.

- La crítica generalizada es acerca de la partidización de Jutep. ¿Hay que rediseñar el organismo?

-Los organismos de control deben tener autoridad y credibilidad, y esas condiciones no surgen únicamente del diseño institucional. Se construyen, sobre todo, a partir de la forma en que se ejerce la función, de la calidad de las decisiones y de la lealtad institucional que debe regir la conducta de quienes los dirigen.

Cualquier diseño se puede viciar si no existe compromiso ético de los funcionarios encargados de dirigir un organismo. El vicio o la virtud están allí, en la ejecución, no en el diseño.

-Uno de los cuestionamientos que se hizo a la Jutep fue el haberse apartado del informe técnico de la Oficina Jurídica. La Presidente de la Jutep Ana Ferraris y el Ministro de Educación José Carlos Mahía señalaron que no esos informes no son vinculantes. ¿Cuál es su posición?

-Primero unas precisiones que me parece importante recalcar. La Jutep tiene excelentes funcionarios. En el caso de la Asesoría Letrada hay tres excelentes abogadas, que además ingresaron por Concurso al organismo, y tienen autonomía técnica y son realmente una garantía. Y en todo este proceso de cuestionamientos que han existido ha quedado claro que no había cuestionamientos a su rol técnico y profesional.

Ahora bien, yendo a la pregunta, es claro que los informes no son vinculantes y, creo, no han estado allí los cuestionamientos. El Derecho es una ciencia social donde la interpretación cumple un rol sustantivo. Se puede discrepar, se puede interpretar las normas con varios puntos de vista. El tema es considerar los informes, analizarlos y fundamentar, ya sea para coincidir o discrepar.

-En la interpelación al Ministro de Educación y Cultura se hizo mención a un proyecto de Decreto que regula el trámite de las denuncias, algo que fue cuestionado en esa sesión. ¿Cuál es su posición?

-No estoy de acuerdo con ese proyecto de Decreto, considero que debió trabajarse más a la interna de Jutep. Hay cuestiones que hoy funcionan que con ese Decreto se modifican y que no aportan claridad a los procesos investigativos que como dije antes, son los que representan una garantía.

En organismos de control, cualquier cambio procedimental debe extremar la prudencia y buscar el consenso interno, porque allí se juega la credibilidad del sistema.

- Algunos sostienen que la Jutep llegó a convertirse en una especie de tribunal moral. ¿Comparte esa visión?

-No. No es ni debe ser un tribunal moral. No juzga virtudes personales sino obligaciones que tienen un basamento jurídico. Incluso las normas éticas que refieren a “ser y parecer” tienen una ligazón normativa que es lo que da objetividad y escapa a la subjetividad y la arbitrariedad que implicaría un juzgamiento moral.

No es un tribunal moral y, agrego otra cosa, no es ni debe ser: protagonista del debate político.

- Con el diseño actual y en un contexto de polarización política, ¿eso es posible?

-Es necesario.

- Pero la sensación es que la Jutep quedó tan golpeada que corre riesgo su existencia, al punto que en la interpelación hubo mociones que iban desde la modificación hasta la supresión del organismo.

-Lo del principio. Creo que esos riesgos, desde lo institucional, deben verse como desafíos. El desafío es que la Jutep se consolide como un organismo técnicamente sólido, previsible en sus decisiones y respetado por su conducta institucional. Tiene que ser un garante silencioso del sistema.