La Intendencia de Rocha definió un nuevo esquema de ajustes salariales y mejoras económicas que regirá hasta el año 2030, estableciendo previsibilidad, recuperación del poder adquisitivo y un horizonte de estabilidad para cientos de familias municipales en el departamento.

El acuerdo fija como eje central la protección del salario frente a la inflación, a través de un mecanismo de actualización permanente vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC), y la incorporación progresiva de partidas extraordinarias para los grados más bajos del escalafón.

En materia de ajuste salarial, se establece que en enero de 2026 los sueldos se incrementarán en un 100 % del IPC correspondiente a 2025. A partir de ese momento y hasta el año 2030, los ajustes pasarán a realizarse de forma cuatrimestral, en los meses de enero, mayo y setiembre, siempre tomando como referencia la inflación del período inmediato anterior.

El régimen apunta a evitar desfasajes prolongados entre salarios y costo de vida, un reclamo histórico del funcionariado municipal y una señal de orden financiero por parte del gobierno departamental.

A esto se suma un aumento real del ingreso destinado a los grados 2 al 5, que comenzará a aplicarse desde el 1.º de enero de 2027 mediante una partida extraordinaria mensual, de carácter permanente, aunque sin integrar el salario base ni incidir en el cálculo de otros beneficios.

El cronograma de esa mejora será gradual:
– 2027: $ 200 mensuales
– 2028: se adicionan $ 100 más
– 2029: se suman otros $ 100
– 2030: se incorporan $ 200 adicionales

Todos estos montos serán ajustados por IPC al momento de su liquidación y continuarán actualizándose en adelante bajo el mismo régimen inflacionario.

Desde una mirada estructural, la decisión de la Intendencia no solo impacta en el ingreso directo de los trabajadores, sino también en la economía doméstica y local, al fortalecer el consumo y dar certezas en un contexto nacional marcado por la volatilidad de precios.

Más allá de los números, el mensaje político es claro: la IDR apuesta a un esquema de reglas claras, previsibilidad y gradualidad, buscando equilibrar responsabilidad fiscal con reconocimiento al rol que cumple el funcionariado municipal en el funcionamiento cotidiano del departamento.