La Asociación de Porteros de Casas de Apartamentos y la Dirección Nacional de Fuecys expresaron su preocupación por el avance de la tecnología en el sector y la falta de regulación, problemas que se arrastran desde 2017 y que, según sus autoridades, afectan a los trabajadores.

El representante sindical Mario Gómez explicó en el Parlamento que la situación laboral se ha agravado en los últimos años, señalando que en 2023 aproximadamente 1.000 personas habían perdido sus puestos de trabajo y que la pérdida de empleo se extendía a otros sectores, como tiendas, estaciones de servicio y cajeros, afectando a nivel nacional.

Falta de regulación tecnológica y situación de los tótems

El dirigente señaló la falta de regulación tecnológica como uno de los principales problemas y destacó la situación de los tótems: “La tecnología no tiene una regulación. Ejemplo de ello son los tótems. Los tótems que ustedes ven en las puertas de los edificios tienen a una persona que está ahí y en cincuenta lugares más”, explicó ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Gómez agregó que esta situación genera pérdidas significativas para el Estado: “El Estado pierde casi US$ 30 millones anuales a nivel nacional por los aportes que se pierden de los compañeros. Una persona cubre cincuenta lugares, y si lo multiplican por los tres turnos, son ciento cincuenta”.

Vigilancia tecnológica y control privado

El dirigente advirtió además sobre la magnitud de la vigilancia tecnológica, señalando que en Montevideo existen alrededor de 60.000 dispositivos entre tótems, sistemas electrónicos y los llamados ojos de halcón, muchos de los cuales también enfocan hacia la calle. “Todos tenemos un portero eléctrico, y la normativa establece que las cámaras no pueden apuntar a lugares públicos ni a la casa de los vecinos; sin embargo, en la práctica, se permite que estén enfocando la casa de los vecinos y los negocios”, explicó.

Gómez agregó que estas empresas privadas ejercen un control mayor incluso que el Ministerio del Interior, y que en algunos casos las personas que monitorean estos sistemas ni siquiera se encuentran en Uruguay. “Están escuchando conversaciones que uno mantiene con la vecina o con cualquiera de ustedes. Hay cosas que tienen que salir a regular”, subrayó.

Seguridad de los edificios y habilitación

Sobre la seguridad de los edificios, Gómez señaló la falta de habilitación y control: “Más del 80 % de los edificios en Montevideo no tiene la habilitación al día. El Ministerio de Trabajo permite que se coloquen esas máquinas y un montón de cosas más. Nos quitan la fuente de trabajo en lugares que no están habilitados para poder colocar esas máquinas”, dijo.

Trabajo informal y condiciones laborales del personal extranjero

Gómez también advirtió sobre trabajo informal de personal extranjero y señaló que gran parte de quienes operan estos sistemas lo hacen en condiciones irregulares: “Si el Ministerio de Trabajo hiciera inspecciones, sabría que la mayoría de los extranjeros que están detrás de la pantalla están en negro. Trabajan horas extra en negro porque les conviene, vienen del exterior, y los hacen trabajar veinticuatro sobre veinticuatro horas”, denunció.

El dirigente remarcó la gravedad de estas condiciones laborales: “Sin descanso de treinta y seis horas. Es un montón de cosas que se están dejando pasar por alto, y me parece que llegó el momento de apretar un poco la clavija”.

Propuestas del movimiento sindical

Por su parte, Gustavo Fernández, de la Dirección Nacional de Fuecys, amplió la visión sobre el impacto de la tecnología, señalando que la sustitución de trabajo humano por sistemas automatizados debería estar regulada y contar, al menos, con impuestos y mecanismos de control.

El dirigente también advirtió sobre la situación laboral de los trabajadores de tótems que operan desde otros países, preguntándose quién regula su trabajo y si cuentan con convenios colectivos.

Fernández destacó que estas preocupaciones ya fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo y al presidente Yamandú Orsi, y señaló que el movimiento sindical espera conocer cómo se abordará el tema en el Parlamento, para evitar que los puestos de trabajo y la calidad laboral se vean más afectados.

Finalmente, Gómez propuso una posible solución para compensar la pérdida de empleo y la falta de regulación: que las empresas que registran contratos en los edificios se inscriban también en el BPS, similar al formulario F11 que se utiliza para registrar obras, lo que permitiría agregar algún impuesto y generar mayor control sobre el sector.