En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Comisión Interdepartamental (CIPEDI) del Congreso de Intendentes emite una declaración que, más allá de la efeméride, expone el desafío estructural de construir la equidad desde los gobiernos locales. Un análisis profundo revela que la verdadera inclusión exige la asignación de "recursos adecuados" y la superación de las barreras "actitudinales", el obstáculo más formidable.

Montevideo, Uruguay – El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, trasciende la mera conmemoración para convertirse en un termómetro político y social en Uruguay. En este contexto, la Comisión Interdepartamental de Personas con Discapacidad (CIPEDI), dependiente del Congreso de Intendentes, ha emitido una declaración que, bajo el manto del compromiso institucional, subraya las asignaturas pendientes de los gobiernos departamentales en materia de inclusión.

Este cronista, en un ejercicio de periodismo de análisis institucional, ha examinado el texto de la CIPEDI, encontrando que la retórica del "compromiso" se confronta con la exigencia de la acción concreta. La Comisión "reafirma su compromiso con la construcción de territorios más accesibles, inclusivos y equitativos", pero la verdadera lectura está en la lista de tareas: garantizar el ejercicio pleno de los derechos, la autonomía y la participación activa.

El Laberinto de las Barreras: De lo Físico a lo Actitudinal

La declaración de la CIPEDI es exhaustiva al identificar los frentes de batalla. Se subraya el trabajo coordinado para "fortalecer la accesibilidad universal" y la "eliminación de barreras". Sin embargo, la distinción que realiza la propia Comisión es crucial para entender la complejidad del desafío:

• Barreras Físicas y Comunicacionales: Son las más visibles y, teóricamente, las más sencillas de abordar con inversión y normativa (rampas, señalización, formatos accesibles).
• Barreras Actitudinales: Son, quizás, el verdadero núcleo duro de la exclusión. El documento hace un llamado implícito a desmantelar prejuicios y la inercia social, reconociendo que la inclusión se estanca no solo por falta de rampas, sino por falta de empatía.

El análisis de esta redacción periodística indica que, mientras se promueven iniciativas para ampliar oportunidades de educación, empleo y movilidad, la propia Comisión admite que la solución requiere "voluntad política" y "recursos adecuados". La mención explícita a la necesidad de "recursos adecuados" en un contexto de limitaciones presupuestarias a nivel municipal sugiere que el compromiso es firme en el papel, pero enfrenta el desafío constante de la financiación en la arena departamental.

La Sociedad Civil como Motor de Transformación

Un punto que esta investigación periodística subraya es el reconocimiento al papel de la sociedad civil. La CIPEDI "reconoce el aporte fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, de las familias y de las propias personas con discapacidad". Esta línea no es meramente protocolar; refleja la realidad de Uruguay, donde históricamente, han sido las familias y las asociaciones —las bases no gubernamentales— quienes han impulsado las "transformaciones esenciales" que luego el Estado adopta.

La celebración, enmarcada en el "mes de los Derechos Humanos", es presentada por la CIPEDI no como un destino, sino como "un camino permanente". Esta lucidez en la formulación del problema demuestra que la Comisión es consciente de que el trabajo no culmina con una declaración, sino que exige una revisión constante de las políticas y un compromiso colectivo, que incluye a todos los actores públicos y privados.

La tarea del periodismo en este contexto es precisamente iluminar estas brechas. El compromiso de la CIPEDI es un buen inicio, pero la medición real de su éxito se dará en el día a día, cuando la igualdad de derechos sea una realidad tangible en las calles, los edificios públicos y, fundamentalmente, en las actitudes de los ciudadanos en cada rincón del país.