El Ministerio del Interior anunció que a partir de la primera semana de enero de 2026 se incrementarán los controles a motocicletas en todo el país, con el apoyo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. El operativo será llevado adelante por las Jefaturas Departamentales y la Policía Caminera, con especial énfasis en rutas nacionales, y abarcará la fiscalización de documentación, uso de casco, chaleco reflectivo, seguro obligatorio y condiciones de circulación. El Subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, advirtió que las motos están involucradas en siniestros graves y también en delitos: en 2024, casi el 40% de las rapiñas y una cuarta parte de los homicidios se cometieron utilizando este medio.

Desde UNASEV, Marcelo Metediera señaló que las cifras de siniestralidad siguen siendo preocupantes y subrayó que el control en la calle será sostenido en el tiempo.

A partir de la primera semana de enero de 2026, el Ministerio del Interior pondrá en marcha en todo el país un operativo de incremento exponencial de controles sobre motocicletas, una medida que apunta a dos frentes sensibles y persistentes en Uruguay: la siniestralidad vial y la seguridad pública. La estrategia se desplegará con el respaldo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y tendrá alcance nacional.

El anuncio fue realizado tras una reunión entre el Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo, y el presidente de la UNASEV, Marcelo Metediera, instancia en la que se analizaron los datos más recientes sobre tránsito, delitos y el uso irregular de motocicletas. Finalizado el encuentro, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa para detallar los alcances de una política que, aseguran, llegó para quedarse.

Según explicó Clavijo, el operativo será ejecutado por las Jefaturas Departamentales de Policía y la Dirección Nacional de Policía Caminera, con un refuerzo especial en rutas nacionales. “Va a haber una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos en todo el país”, afirmó, marcando un punto de inflexión en la estrategia de fiscalización.

Los controles abarcarán toda la normativa vigente: libreta de propiedad del vehículo, licencia de conducir, uso obligatorio de casco y chaleco reflectivo, seguro y condiciones técnicas de circulación. Desde el Ministerio del Interior recordaron que el llamado a la regularización de documentación y vehículos viene siendo reiterado desde hace meses, y que el endurecimiento de los controles había sido advertido.

El trasfondo de la medida es contundente. Clavijo subrayó que el uso incorrecto de las motocicletas representa un riesgo doble. Por un lado, en términos de seguridad vial, al estar involucradas de forma recurrente en siniestros graves y fatales. Por otro, en el plano de la seguridad ciudadana, debido a su utilización como medio para cometer delitos. En 2024, casi el 40% de las rapiñas se perpetraron en moto, y en aproximadamente el 25% de los homicidios con evidencia disponible se constató el uso de este vehículo, una tendencia que, según las autoridades, continúa en ascenso.

Un componente clave del operativo será la deschatarrización de motos que no sean retiradas o cuyas multas no sean abonadas. Este proceso es posible gracias a convenios firmados en distintos puntos del país con cooperativas sociales, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación. “Necesitamos destruir las motos cuando no son retiradas o no se paga la multa. Eso nos permite avanzar en este proceso”, explicó Clavijo, adelantando que nuevos acuerdos se concretarán en los primeros días del año.

El mensaje es claro: los controles no serán episódicos. “Se mantendrán en el tiempo hasta que los indicadores reflejen una disminución real de la siniestralidad vial y de los delitos asociados”, aseguró el Subdirector de la Policía Nacional.

Desde la UNASEV, Marcelo Metediera aportó un dato que refuerza la urgencia de la medida: los registros preliminares de 2025 muestran 30 fallecidos más por siniestros de tránsito que en el mismo período del año anterior. “Son cifras que obligan a tomar decisiones estratégicas”, señaló.

Metediera insistió en la necesidad de una fiscalización efectiva, con respaldo administrativo y jurídico. “Se necesita presencia en la calle y que la gente sienta que hay un control real”, afirmó, aclarando que los operativos serán focalizados, dirigidos a quienes incumplen la normativa y ponen en riesgo a terceros.

En ese marco, valoró el refuerzo de la Dirección Nacional de Policía Caminera, que incorporará 100 nuevos funcionarios, un aumento cercano al 25% de su plantilla, e instó a las Intendencias a acompañar el proceso con mayor inversión en control y fiscalización.

El cierre apunta al largo plazo. Para Metediera, ninguna política de control será suficiente sin una transformación cultural. “La educación vial es clave. Si logramos instalar estos temas desde la educación, la sociedad va a estar preparada desde otro lugar”, concluyó.

El operativo que comenzará en enero no es solo un aumento de controles: es una definición política sobre cómo el Estado enfrenta el desorden, la violencia vial y el uso delictivo del espacio público. Y, sobre todo, una señal de que la tolerancia se terminó.