“Los denunciantes son familias e inversores a quienes los denunciados han saqueado todos o buena parte de sus ahorros, truncando en muchos casos el sueño de una vivienda propia”, comienza diciendo la denuncia penal que se presentó en la fiscalía de Ciudad de la Costa de parte de unos 50 damnificados de Balsa & Asociados, que firmaron 49 boletos de reserva entre setiembre de 2022 y mayo de 2024, para lotes en lo que iba a ser el barrio privado La Carlotta.

La mayoría de ellos son familias con hijos chicos que eran conocidos de Balsa o conocidos de conocidos y que pusieron todos sus ahorros para cumplir su sueño de la casa propia y en otros casos se trata de profesionales que decidieron comprar los terrenos como inversión, explicó a El Observador el abogado Alejandro Pintos, de Ferrere Abogados.

En total esas 50 familias llegaron a confiarle US$ 5,2 millones a Balsa a cambio de asegurarse ser futuros compradores. Pero estiman que Balsa y sus socios recibieron al menos US$ 18 millones ya que llegaron a comercializarse entre 120 y 140 terrenos para concretar el proyecto que iba a construirse en camino de Los Horneros a metros de la Interbalnearia que no avanzó nunca porque ni siquiera llegó a conseguir los permisos de la intendencia. Allí detrás de los carteles que anunciaban el proyecto sólo hay tierra removida.

En este caso, a diferencia de La Juana, se adquiria el lote y Balsa se encargaria de la caminería y la iluminación del barrio mientras que cada uno se tenía que construirse la casa con el arquitecto o constructor que quisiera.

En la denuncia señalaron que los plazos de sus boletos de reserva cayeron y no han logrado recuperar su dinero porque fue desviado “en el mejor de los casos hacia otros proyectos”. En el marco del concurso de Juan Martín Balsa Cadenas, y otras sociedades de su propiedad como Danilum “se advirtió que los denunciados los han estafado, desviando fraudulentamente los dineros entregados”, aseguran.

Es por ello que los denunciantes pidieron que se investigue los delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia societaria fraudulenta y lavado de activos, teniendo en cuenta que se desconoce el destino de la mayor parte de los fondos de Danilum.

Además solicitaron que se tomen medidas cautelares, que se disponga el embargo genérico de los denunciados y la inmovilización de todas sus cuentas bancarias y que se solicite el levantamiento del secreto bancario de los denunciados y las sociedades implicadas a efectos de conocer el destino de los fondos, y de las personas que pudieren resultar afectadas en la investigación penal.

Los denunciantes afirmaron que “Juan Martín Balsa fue la piedra angular de la estratagema que aquí se denuncia, ya que en tanto cara visible del proyecto, se valía de su nombre y reputación para atraer inversiones y promocionar el proyecto, en múltiples eventos sociales y notas de prensa en diarios de Uruguay y Argentina”.

Básicamente manejan dos teorías: que se llevó el dinero al exterior o que lo usó (ilegítimamente) para pagar deudas de otros negocios y “reducir su exposición personal cuando todo su grupo de Balsa y Asociados se fue a la ruina”.

La denuncia menciona además a los allegados a Balsa, Juan Manuel González, un contador que se desempeñó como agente financiero, Juan Manuel Mendioroz que era el jefe de obra y luego gerente general de Balsa & Asociados, y a Gerardo Rabajda, socio minoritario de Danilum, socio a su vez de Chamery SA, otra empresa que afirmaron “se ha beneficiado junto a las demás de Grupo Balsa, de los desvíos de fondos de Danilum, lo que permite evidenciar su vínculo y participación”.

Por último, apuntan a los socios de Balsa, directivos de Grupo Vientos. Entre ellos a César Novara, director de ha aprobado las salidas de fondos a sociedades de Juan Martin Balsa. Afirman que “ha autorizado con su firma la suscripción de los supuestos créditos con Desarrollo Verde SAS que rondan los U$S 8 millones, sin causa aparente y sin debida garantía”.

“Grupo Vientos y sus integrantes (Adrián Aspromonte, Andrea Aspromonte, Guido Franconeri, Agustín Franconeri) nombraron y supervisaron la operación de la sociedad a través de su director designado, Novara, y pueden haber conocido y autorizado las maniobras en fraude a mis representados y/o beneficiarse de ellas”, señalan en la denuncia que fue presentada días antes de que se iniciara la feria judicial y aún no fue asignada a un fiscal.

Los titulares de Grupo Vientos son señalados por los denunciantes por “captar inversiones desde Argentina, en sus círculos sociales, valiéndose del prestigio local de Grupo Vientos y ofreciendo la inversión como sumamente rentable y deseable”.

Como había informado El Observador los exsocios argentinos de Balsa en Danilum SA que son el Grupo Vientos lo denunciaron penalmente por apropiarse de unos US$ 10 millones a través de retiros “con descaro” y maniobras “sofisticadas”, alegando haber sido engañados. Sin embargo, se desconoce si esa denuncia llegó a tramitarse. El abogado de Ferrere dijo que su intención era sumar su denuncia a la presentada pero no logró saber dónde estaba radicada.

Pintos señaló que la teoría de que inicialamente los socios les pueden haber permitido retirar el dinero hacia otros proyectos puede ser creíble porque hasta no tener los permisos no podían empezar a mover la tierra pero “algún grado de conocimiento tenían”. Por eso piden que se investigue todo y a todos.

Los denunciantes también iniciaron juicio civil para reclamar los daños ocasionados qe se encuentra en etapa de prueba.

El abogado contó que vienen negociando en nombre de los damnificados con el grupo argentino desde hace meses. Relató que inicialmente Vientos iba a comprar el proyecto pero eso no prosperó. Luego surgieron otras negociaciones. "Aparecieron grupos interesados en adquirir todo el proyecto Carlotta. Se anunciaba que se trataba de alguien con experiencia en el rubro, y nos decían que iban muy avanzadas las negociaciones, y casi que ya casi que había fecha de firma cuando nos dijeron se cayó... La última versión fue que Vientos estaba intentando cerrar con Balsa y asumir la responsabilidad total del proyecto y sentarse a negociar", relató.

"Hemos sido pacientes pero no tuvimos ninguna noticia", agregó el abogado y dijo que la principal preocupación hoy es que "hay dos ejecuciones hipotecarias bastante avanzadas" del banco Itaú y de uno de los vendedores del terreno. "Si se le pusieran el pie al acelerador, capaz que en febrero o marzo podrían estar. Y son terrenos que están en el corazón que si obviamente se sacan a remate se desarma todo el gran terreno", explicó. Agregó que ante esa situación Danilum tendria que pedir el concurso. Si lo piden ellos pueden frenar las ejecuciones por 120 días y negociar.