Uruguay presentó una nueva política de Estado para reducir y eliminar el embarazo adolescente, con foco urgente en niñas menores de 15 años, donde se han identificado casos vinculados a abuso, violencia sexual y posible explotación. Aunque la tasa nacional bajó de 60 a 20,9 por cada 1.000 adolescentes, el 8% de los nacimientos aún corresponde a madres de 15 a 19 años y se registraron 37 nacimientos en menores de 14 años en 2024. El gobierno decretó que todo el sistema de salud —público y privado— deberá notificar embarazos en menores de 14 años. También se anunció la creación de una Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para 2026.

La estrategia apunta a una acción intersectorial, preventiva y territorial frente a un fenómeno ligado a pobreza, exclusión y violencia.

Uruguay dio un paso decisivo en la agenda de derechos sexuales y reproductivos con el lanzamiento de una estrategia nacional de reducción del embarazo adolescente, una política que el país declara ahora de Estado y no solo de gobierno, según afirmó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, durante el anuncio oficial realizado este jueves.

La ministra alertó que la expresión más crítica del fenómeno se concentra en niñas menores de 15 años, franja donde se detectan casos relacionados con violencia sexual, abuso e incluso eventuales redes de explotación, señalando que el desafío excede el ámbito sanitario y requiere una respuesta penal, educativa, comunitaria y territorial.

Si bien Uruguay logró una reducción sostenida de la fecundidad adolescente —de 60 nacimientos por cada 1.000 adolescentes en 2013 a 20,9 en 2024—, el problema sigue teniendo una magnitud social considerable: el 8% de los nacimientos del país corresponde a gestaciones entre los 15 y 19 años. En 2024 se registraron 2.390 madres adolescentes y 37 nacimientos correspondieron a menores de 14 años o menos, cifras consideradas inaceptables en estándares internacionales de derechos de la niñez.

Como parte del nuevo enfoque, la cartera anunció un decreto que obligará a todos los prestadores de salud, públicos y privados, a notificar embarazos en menores de 14 años, una medida que hasta ahora solo aplicaba al sistema público de ASSE.

La incidencia sigue siendo desigual dentro del país y se concentra en zonas con mayores índices de pobreza, informalidad, desempleo y fronteras culturales, destacándose los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Salto y Soriano, donde las cifras superan la media nacional.

En la presentación, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, adelantó la creación para 2026 de una Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, destinada a consolidar políticas, seguimiento, investigación y apoyo territorial permanente. Entre 2021 y 2024, el sistema público notificó 190 casos de embarazo en niñas menores de 14 años, un registro sistematizado y reconocido por la Academia Nacional de Medicina.

Lustemberg insistió en que la prevención del embarazo no intencional no puede recaer solo sobre niñas y adolescentes, subrayando que la responsabilidad es compartida y debe involucrar a varones, familias, sistemas educativos, servicios de salud, comunidades y organismos de protección integral.

El objetivo final, afirmó, no es reducir cifras, sino terminar con un fenómeno que vulnera derechos, condiciona destinos y expone desigualdades intergeneracionales.