A poco menos de 20 días para que comience el receso parlamentario veraniego, en el Frente Amplio y en el Poder Ejecutivo pueden respirar tranquilos. Ocho meses atrás, cuando Yamandú Orsi se aprontaba para colgarse la banda presidencial, existía cierta incertidumbre sobre cómo el ahora oficialismo iba a lograr sortear la falta de mayorías parlamentarias. Y con el proyecto de Presupuesto encaminado –y votado en general por amplias mayorías en ambas cámaras– el primer año parlamentario se cierra con satisfacción para el partido de gobierno.

En las últimas horas los legisladores oficialistas terminaron de afinar las reasignaciones –presentadas este martes– y los acuerdos con Vamos Uruguay, el sector del Partido Colorado liderado por Pedro Bordaberry, que prácticamente dan por cerrados los cambios al proyecto de Presupuesto que se terminará de votar esta semana en el Senado. De todos modos, en el oficialismo aún conservan cierta esperanza de llegar a un acuerdo que permita modificar el proceso de levantamiento bancario, uno de los pocos temas que el gobierno no pudo aprobar en Diputados.

El martes, cuando se votó en general, el proyecto recibió el respaldo del Frente Amplio, del Partido Nacional y de Vamos Uruguay mientras que Unir para crecer, el sector liderado por Andrés Ojeda, mantuvo su rechazo al proyecto.

El senador colorado Pedro Bordaberry celebró el martes que pese a que no habían alcanzado un acuerdo por los cambios vinculados al secreto bancario, sí habían logrado consenso en otros temas.

Uno de ellos es la denominada “cláusula de disciplina electoral” que establece una serie de cambios a la regla fiscal que restringen la posibilidad de endeudamiento en año electoral. El aditivo acordado entre el Frente Amplio y Vamos Uruguay establece que en los años electorales la cláusula de salvaguarda –que permite aumentar el endeudamiento– solo puede ser de un 20% más (hoy es del 30%) y además solo podrá ser invocada hasta treinta días corridos antes de la elección nacional.

Si se invoca esa cláusula, agrega el texto al que accedió El Observador, el Ministerio de Economía deberá comparecer ante la Asamblea General en un plazo no mayor a 15 días corridos para informar “sobre las razones para activarla”, además de dar cuenta al Consejo Fiscal Autónomo.

El artículo también agrega que en caso de incumplimiento de la meta anual de déficit fiscal previamente fijada, el Ministerio de Economía deberá enviar al Parlamento junto con la Rendición de Cuentas a presentarse en el último año de gobierno un informe detallando las causas que explican los incumplimientos además de “los mecanismos de convergencia previstos”.

Otro de los acuerdos alcanzados entre el Frente Amplio y Vamos Uruguay está vinculado al impuesto a los plaguicidas de alta peligrosidad impulsado por el Ministerio de Ambiente. La nueva redacción es más específica sobre qué sustancias deberán pagar Imesi y agrega un tope de 25 unidades indexadas ($ 160) por litro o kilo o del 50% del precio de venta referido, según corresponda.

“Estarán exoneradas del impuesto las sustancias activas a que se hace referencia, cuando se afecten a la fabricación en el país de productos destinados a su comercialización y conforme a las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. En este caso, estará gravada la primera enajenación, a cualquier título, de los productos fabricados, excepto cuando la sustancia activa haya sido adquirida en plaza a otro contribuyente del IMESI alcanzado por este numeral”, agrega el artículo.

Vamos Uruguay también logró un acuerdo en un tema que en Diputados la oposición había impulsado sin suerte y que, incluso, obligó a una rectificación de una votación porque inicialmente el presidente de la cámara, el diputado oficialista Sebastián Valdomir, había votado a favor pero luego cambió su voto y no lograron la mayoría necesaria.

¿De que se trata? De la posibilidad de que los legisladores puedan hacer pedidos de informes a Presidencia. Esto era reclamado por la oposición debido a que en este Presupuesto se mantiene una tendencia de otros gobiernos de crear organismos o agencias en la órbita de la Torre Ejecutiva –en este caso es la Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento entre otras– que, hasta ahora, quedan por fuera del control parlamentario.

Presidencia, dice el aditivo acordado, deberá responder en un plazo máximo de 60 días corridos y en caso de no hacerlo la Cámara reiterará el pedido y dará un plazo de 15 días más. Si bien Bordaberry pretendía incluir algunas sanciones si no se cumplía con algunas condiciones, eso quedó por el camino.

El otro punto de acuerdo está vinculado al Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) y establece que ese organismo podrá contratar de forma “directa bienes, servicios y todo otro insumo que resulte necesario para el cumplimiento de los acuerdos” que se den en el marco del Programa de desarrollo de capacidades y competencias para adolescentes que cumplen sanciones dispuestas por la justicia”. Se trata de un programa creado en el propio presupuesto que busca dar formación y trabajo a los adolescentes recluidos en el Inisa.

Si bien Bordaberry prácticamente le bajó la persiana a la negociación por los cambios al secreto bancario (dijo el martes que “quedará para otro momento”), en el Frente Amplio todavía tienen esperanzas de llegar a un acuerdo.

Desde el oficialismo aseguran que habían alcanzado un consenso con el senador colorado (con un proceso reglamentado que establecía plazos y garantías para el implicado) pero que el senador colorado intentó sumar a los blancos, no lo logró y eso hizo que se cayera el acuerdo.

“El senador Bordaberry ha hecho un esfuerzo enorme para encontrar un camino de solución; al menos por ahora no hay una que satisfaga el interés del gobierno y las garantías que obligatoriamente tenemos que dar”, dijo en la última sesión de la comisión el senador blanco Sergio Botana.

En el oficialismo entienden que la pelota está en la cancha de Bordaberry y esperan novedades para estos días.

El Frente Amplio también anunció en las últimas horas una serie de reasignaciones de recursos con foco en seguridad, educación y discapacidad. En total son cerca de $ 320 millones que en su mayoría provienen de Presidencia y del Ministerio de Economía.

¿Para dónde van esos recursos? $ 30 millones irán a la Fiscalía con dos objetivos: fortalecer la Unidad de Víctimas y abrir una nueva fiscalía departamental en Toledo. En su comparecencia ante la comisión de Presupuesto, la fiscal de Corte Mónica Ferrero había pedido 10 nuevos fiscales en el interior y marcó como críticos particularmente tres puntos: Rosario (Colonia), Chuy (Rocha) y Toledo (en Canelones).

“Lo voy a graficar con la fiscalía de Toledo, que está teniendo un incremento bastante importante por temas de violencia y otros casos recientes. No podemos seguir con un solo fiscal todo el año en una misma fiscalía; así es imposible. Necesitamos contar con ellos al menos en los puntos álgidos. Reitero lo que dije hoy: si no nos pueden dar diez, empecemos de a poco, dennos tres. Los lugares más álgidos son Rosario, el Chuy –que arde, sobre todo por el tema del crimen organizado que está del otro lado– y Toledo, que es una localidad que va in crescendo”, dijo según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

La educación, en tanto, se lleva unos $ 250 millones. El organismo más beneficiado es la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con $ 180 millones. El objetivo es abrir nuevos cursos en el interior en UTU (se estiman unos 2.000 nuevos estudiantes), ampliar en casi 800 las becas en Formación Docente y extender el tiempo pedagógico en los liceos.

Además, el proyecto de Presupuesto le da la autorización a la ANEP a utilizar el Fondo de Infraestructura (unos $ 170 millones) en contrataciones de docentes.

El proyecto también prevé unos 20 millones para la Universidad Tecnológica (UTEC) –que incluye terminar la sede de Rivera, algo reclamado por los colorados– y otros $ 50 millones para la Universidad de la República (aumento salarial para no docentes y mantenimiento de infraestructura).

Asimismo, también le permite a la Udelar utilizar parte de los inmuebles que tiene a lo largo y ancho del país para fortalecer un fideicomiso. Por último, hay $ 10 millones para el Instituto de Discapacidad y otro monto similar para los institutos culturales del Ministerio de Educación.