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Las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) durante el gobierno anterior contestaron este viernes los resultados de una auditoría de su gestión realizada por la actual administración –que señala el aumento del gasto a proveedores– y cuestionaron “el manejo de cifras y la comparación de datos”. En una reunión con legisladores de la coalición, el expresidente Leonardo Cipriani y el exvicepresidente Marcelo Sosa presentaron un documento en el que contestan una a una las conclusiones de la auditoría.

El encuentro se dio, además, en la previa a la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, prevista para el próximo lunes por la incompatibilidad que la oposición denunció respecto a los trabajos privados y públicos del actual presidente de ASSE, Álvaro Danza.

Si bien esa instancia, que sigue en pie pese a que Danza renunció a sus trabajos en el sector privado, está convocada para hablar de la situación del actual presidente y la forma en la que el Ministerio de Salud Pública manejó la situación, desde la oposición esperan que el oficialismo contraataque cuestionando la gestión anterior y se preparan para contestar.

El documento presentado por Cipriani y Sosa, al que accedió El Observador, tiene una introducción con consideraciones generales y luego responde en detalle las distintas acusaciones. “La auditoria padece de errores significativos, tanto desde el punto de vista conceptual, como del manejo de cifras y comparación de datos”, dice en el primer párrafo.

Para los antiguos jerarcas el trabajo “padece de errores conceptuales” porque confunde la herramienta de Convenios de Complementación de Servicios con procedimientos licitatorios, se equivoca al interpretar el TOCAF y no tiene en cuenta “la situación asistencial vivida en el quinquenio pasado”. “No es serio un análisis de las cifras y números sin tener en cuenta la pandemia y sus consecuencias en el sistema sanitario”, dice el informe no solo en referencia a los años 2020, 2021 y 2022 sino también a 2023 y 2024 cuando, según asegura, el sistema se tuvo que “poner al día” por una cantidad de atrasos que había dejado la pandemia.

“Los años 2023 y 2024, mayoritariamente el 2023, fueron años de un exponencial crecimiento de consultas, estudios y procedimientos médicos, ya que durante los años de pandemia no se realizaron procedimientos coordinados, solo se atendieron urgencias. A estos dos últimos años se sumaron otras contingencias como la irrupción del virus sincitial respiratorio, que generó gastos e inversiones adicionales”, señala el informe de Cipriani y Sosa.

Los exjerarcas reconocen el “aumento de gasto a proveedores” durante el período pasado pero aseguran que se justifica en el aumento de consultas y procedimientos coordinados por el prestador público de salud.

Las conclusiones

Los resultados de la auditoría interna, difundidos inicialmente por el semanario Búsqueda, señalan particularmente los gastos realizados a partir del año 2022, luego del cierre de Casa de Galicia, y cuestionan que para concretar los Convenios de Complementación de Servicios con el Casmu y con el Círculo Católico no se realizó un llamado a precios a otros proveedores del mercado. Además, dice la auditoría, los plazos de estos convenios fueron más largos que los permitidos por el Tocaf.

¿Qué responden los anteriores jerarcas? Lo primero que explican es que el convenio con el Círculo Católico del año 2022 surge de la unión de los convenios que se tenía con Casa de Galicía y con la propia mutualista. “Cabe aclarar que estos convenios y compras vienen de periodos anteriores, más precisamente de la época de los gobiernos del Frente Amplio”, dice el informe.

Respecto al Casmu señala que fue por la “necesidad de camas tanto de cuidados moderados como de CTI en Montevideo” y que el convenio tuvo “excelentes resultados”.

Sobre el no llamado a precios, Cipriani y Sosa contestan que desde la creación de ASSE nunca se realizó un llamado a precios para este tipo de convenios ya que la ley habilita hacerlo director con los prestadores.

“La contratación de Casmu y Círculo Católico fue por convenios de complementación asistencial suscritos por el directorio de ASSE con informe previo favorable del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Tribunal de Cuentas de la República”, agrega el documento.

Sobre el plazo, en tanto, aseguran que se trata de un convenio de complementación y no de un proceso licitatorio y, por lo tanto, no le aplica el artículo 33 del Tocaf en su literal D), numeral 25. “No es aplicable el límite de 6 meses de extensión, es decir, el artículo al que hace referencia la auditoria no es aplicable a los convenios de complementación”, aseguran.

Otro de los cuestionamientos de la auditoría está vinculado a que el convenio con el Círculo Católico “surge del sector privado” algo que los exjerarcas desmienten. El documento sostiene que fue por una “necesidad asistencial” y que ello consta en el acta 688 del directorio de ASSE (de agosto de 2022).

Para defender esa postura citan las palabras de la directora de los usuarios en esa sesión de directorio: “Es importante contar con camas contratadas, para resolver situaciones de usuarios ante circunstancias en las que ASSE no pueda disponer de una, brindando garantía a los usuarios que la requieran, lo que por otra parte es considerado desde la Junasa, ya que es una previsión que resulta necesaria (…) constatando además que las necesidades fueron valoradas desde el punto de vista técnico y asistencial”. También citan el respaldo del director por los trabajadores y del director vocal.

“La necesidad de contratar más camas de cuidados moderados surge de la demora histórica en conseguir cama en ASSE para el paciente que está dado de alta de CTI, lo que incrementaba la cantidad de días ocupados de camas de CTI y por lo tanto su costo. Adicionalmente, fue necesario para evitar la espera de los pacientes en Emergencia o en las ambulancias, hasta que se consiguiera una cama libre. Cabe recordar que ASSE aumentó en el periodo la cantidad de sus usuarios en 112.111, un 8%”, agrega el documento. También destaca que el precio en el sector privado era menor al del sector público.

Respecto al aumento de pacientes, una de los puntos que cuestiona la auditoría es que el gasto total a proveedores entre 2019 y 2023 aumentó un 28% y se aumentaron las camas de ASSE en un 24% mientras que el aumento del padrón fue de 8%.

Sobre ese punto los exjerarcas cuestionan que se utilice el año 2023 como punto de comparación mientras que para el rubro de estudios se utiliza el 2024. “Si la comparación se hubiera hecho con el 2024, la conclusión sería que el aumento fue de un 16%”, dice el documento.

Además, señala que se expone el aumento de camas sin mencionar el aumento de la ocupación. Al 2024, dice el documento, la ocupación de camas fue de 73%, mismo porcentaje que en 2019, y “muy superior” al sector privado que fue de 41,9%

Otra de las conclusiones de la auditoría dice que entre los años 2021 y 2024, el gasto ejecutado a valores constantes para todo ASSE tuvo una variación del 45%, lo que equivale a un incremento total de $ 2.113.228.986.

El informe de Cirpiani y Sosa cuestiona que en este punto se utiliza como punto de partida el 2021 sin tener en cuenta que durante la pandemia como medida sanitaria se disminuyeron los estudios y que luego suben. “En 2020 y 2021 disminuye significativamente el gasto en estudios y sube una vez culminada la pandemia, dado que ASSE debió ponerse al día con la demanda de los mismos y luego en 2024 el gasto vuelve a bajar”, cuestionan.

Por eso, dicen los exjerarcas, la comparación debe hacerse con el promedio anual del quinquenio y respecto a 2019. En ese caso, el aumento del gasto en estudios es del 11% pero, según datos expuestos en el informe, las consultas registraron un aumento del 39%.

“Es de esperar que a mayor cantidad de consultas (39% más), se genere mayor necesidad de estudios médicos (11% más), a lo cual se agrega la tendencia mundial en medicina, post pandemia, de solicitar más paraclínica, es decir, mayor cantidad de estudios”, dice el documento.

La sexta conclusión, citada por el informe, señala que entre 2019 y 2023 se vio un incremento del 34% en el gasto a proveedores en CTI de adultos mientras que hubo un incremento de 45% de camas propias. Cipriani y Sosa vuelven a cuestionar la selección de los años: “Si hubieran comparado con 2024 el aumento (del gasto) sería de 16%”.

“Nuevamente, la importancia radica no en la mayor cantidad de camas propias sino en la ocupación de esas camas. Según datos del SINADI, la ocupación de las camas propias de CTI Adultos de ASSE en 2024 fue del 70% en promedio, porcentaje superior al del sector privado que fue del 47%”, apunta.

Respecto a la concentración del gasto en dos proveedores (Casmu y Círculo Católico), los exjerarcas sostienen que fue producto de la pandemia. En 2020 el 12% del gasto a proveedores se concentraba en Casa de Galicia, Casmu y Círculo Católico mientras que para 2024 esa concentración pasó a 29%.

El informe de Cipriani, señalado por venir del Círculo Católico y volver a trabajar allí luego de pasar por ASSE, destaca que ese 29% se divide en un 16% al Casmu y un 13% al Círculo.

“La concentración del gasto en estos proveedores es un efecto de la pandemia, dado que, durante la misma, los otros prestadores privados, según lo informado por SAME 105, no pudieron proporcionar camas a ASSE, siendo Casmu y Círculo Católico los que mayoritariamente respondieron a la demanda”, dice el informe y agrega que luego de la pandemia “quedó demostrada” la capacidad de esos prestadores para recibir los pacientes de ASSE y por eso se firmaron los convenios que fueron respaldados por todos los miembros del directorio.

La última conclusión de la auditoría se refiere al aumento de la contratación de camas en cuidados moderados, señala una “tarifa plana mensual” con el Círculo Católico y observa “cobros extras por estudios” pero agrega que no se pudo realizar un “análisis de los mismos dado que la facturación del proveedor no contiene detalle por estudio”.

En este caso, el informe repite la necesidad asistencial para ese aumento de gasto, señala que la tarifa plana “obedece a la necesidad de contratar actos quirúrgicos y estudios para pacientes que llegaban a ese prestador al no haber camas disponibles en ASSE.

“La conclusión habla de costos extra en el Casmu que no se pudieron analizar dado que la facturación del proveedor no tiene detalle, pero no dice a cuánto ascienden esos costos, únicamente se refiere al importe del Círculo Católico”, finaliza el informe.