El Poder Ejecutivo uruguayo firmará en los próximos días un decreto que habilitará a los deudores de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) con créditos en Unidades Reajustables (UR) a regularizar su situación y acceder a nuevos beneficios. Así lo confirmó el presidente del organismo, Claudio Fernández, quien destacó que se ofrecerá asesoramiento personalizado a cada familia “para que las decisiones se tomen con información clara y ajustada a cada caso”.

La medida complementa lo dispuesto por la ley n.º 20.237, aprobada en 2023, que instauró un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UR. La normativa contempla diversas alternativas de refinanciación o cancelación, cuyos beneficios varían según el grado de cumplimiento y el tipo de crédito.

Fernández explicó que el decreto permitirá a los deudores acreditar ante la ANV que se encuentran al día con el pago de sus tributos, condición indispensable para acceder a los beneficios previstos por la ley. Una vez firmado el documento, la información detallada estará disponible en el sitio web de la agencia.

“Se trata de acompañar a cada familia con información completa y específica sobre su situación”, subrayó el jerarca, al tiempo que valoró el trabajo “inédito y minucioso” del equipo técnico de la ANV para analizar la totalidad de los créditos y definir las vías de adhesión o desistimiento a la normativa.

El presidente de la ANV recordó además que uno de los principales desafíos del organismo ha sido evitar la prescripción de los derechos del Estado sobre deudas originadas en el Banco Hipotecario del Uruguay o en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que habían quedado en riesgo tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En esa línea, Fernández precisó que en mayo pasado comenzó el envío de telegramas colacionados a los deudores, una medida que consideró “clave para resguardar los derechos del Estado y garantizar la continuidad de los procesos de cobro”.

Con este decreto, el Gobierno busca consolidar una política de acompañamiento y transparencia hacia los deudores hipotecarios, en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad financiera de los créditos en UR y el acceso efectivo a la vivienda.