La Justicia de Rocha dictó una condena contra un funcionario policial que había sido formalizado tiempo atrás en el marco de una investigación desarrollada en la ciudad de Castillos. El fallo cierra un proceso que expuso un episodio de corrupción interna en la fuerza policial departamental. Según la sentencia de la Justicia Letrada de 2º Turno de Rocha, I.C.G., de 31 años, fue declarado penalmente responsable de un delito continuado de uso indebido de información privilegiada, en calidad de autor. La pena impuesta fue de cinco meses y veintidós días de prisión, la cual se da por cumplida tras computarse el período de arresto domiciliario bajo dispositivo electrónico al que había sido sometido durante la etapa cautelar.

La investigación se había originado en el marco de un procedimiento por la presunta comercialización de estupefacientes en Castillos. En el transcurso de aquellas actuaciones, surgieron indicios sobre la posible participación de un funcionario policial en actividades irregulares. A partir de allí, y bajo coordinación con la Fiscalía, se dispuso el relevamiento de dispositivos electrónicos y la toma de testimonios, elementos que finalmente llevaron a la formalización del acusado.

En aquel momento, el juez interviniente ordenó su arresto domiciliario total durante 120 días, a la espera de la resolución definitiva del caso. La sentencia ahora conocida confirma la responsabilidad penal del funcionario, cerrando un capítulo que la propia Fiscalía calificó como de “particular gravedad”, dada la condición de servidor público del condenado y el riesgo que implicaba la filtración de información en investigaciones sensibles.

La condena, aunque breve en términos de cumplimiento efectivo, se inscribe en un marco en el que la Justicia busca reafirmar los límites éticos y legales de la función policial, especialmente en contextos donde la corrupción institucional puede poner en riesgo la eficacia de las operaciones contra el narcotráfico.