La diputada suplente del Partido Colorado María Eugenia Roselló destacó la inclusión de su proyecto en el Presupuesto Quinquenal. La iniciativa, convertida en la Ley Nº 20.375, prevé una inversión escalonada que llegará a 181 millones de pesos y apunta a reducir la desigualdad en el acceso a productos de gestión menstrual.

El acceso a productos de higiene menstrual dejará de ser un obstáculo económico para miles de mujeres uruguayas en situación de vulnerabilidad. A partir de 2026, unas 80.000 beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social podrán acceder a una canasta higiénica menstrual, que se distribuirá en forma de crédito electrónico.

El proyecto, presentado en 2020 por la diputada suplente colorada María Eugenia Roselló, fue aprobado en setiembre de 2024 y promulgado como Ley Nº 20.375. La legisladora destacó el respaldo recibido durante el proceso: “Es un tema que yo venía hablando con el ministro Gonzalo Civila, que siempre tuvo la cercanía y la empatía de escucharme. Para mí siempre fue un tema muy importante. Estamos muy contentos que a partir de 2026 podamos contar con la aplicación de esta ley”.

La inversión prevista se implementará de forma gradual: 96 millones de pesos en el primer año, 98 millones en el segundo, hasta alcanzar los 181 millones anuales. Según la estimación oficial, cada beneficiaria recibirá un monto cercano a 1.300 pesos por año, calculado en función del consumo promedio mensual y los precios de los comercios barriales.

Roselló subrayó el impacto social de la medida: “Esto le va a cambiar la vida a muchas mujeres, niñas y adolescentes que hoy deben elegir entre comprar comida o productos de gestión menstrual, porque realmente son muy caros en Uruguay. No olvidemos que además tienen un IVA, como si fueran artículos de perfumería, lo que también los encarece”.

La diputada aclaró que la canasta incluirá exclusivamente toallas higiénicas menstruales y no contempla, por el momento, tampones ni copas menstruales. Asimismo, remarcó que el beneficio será en dinero y no en productos físicos: “Pensamos que era lo mejor entregarles el dinero porque el MIDES ya cuenta con una aplicación que permite fiscalizar las compras. De esa manera, además, no impactamos negativamente en el comercio de barrio, que es donde las familias realizan estas adquisiciones”.

Con esta medida, Uruguay se coloca en la región entre los países que han incorporado la gestión menstrual como una política pública de equidad de género, en un escenario donde las brechas económicas aún condicionan derechos básicos.